Gertz Manero nunca solicitó el desafuero de “Alito”. Ahora el líder del PRI lo llora

Alejandro Moreno Cárdenas salió en defensa esta tarde del desempeño de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República, dependencia que lo investigaba por enriquecimiento ilícito, fraude fiscal y desvío de fondos, pero que nunca presentó una solicitud de desafuero (retiro de inmunidad) ante la Cámara de Diputados para que pudiera enfrentar un proceso judicial.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– Alejandro Gertz Manero ”ha sido un servidor público serio, que ha conducido su labor con estricto apego a la legalidad, sin tintes políticos, con imparcialidad, sin protagonismos y defendiendo la autonomía institucional”, defendió Alejandro Moreno Cárdenas ante los reportes que adelantan la renuncia del Fiscal General de la República.

“Lamento mucho el movimiento golpista que los narcopolíticos de Morena emprendieron en su contra. Es una muestra más del rostro autoritario de este régimen, que quiere imponer una narcodictadura terrorista y comunista en México”, escribió el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aún cuando no se ha confirmado la salida de Gertz Manero de la FGR.

La administración de Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) se ha distinguido por su pasividad frente a importantes casos de corrupción heredados de la última gestión presidencial del PRI, incluyendo la Estafa Maestra, Odebrecht, el desfalco en Pemex y las investigaciones, iniciada y aparentemente suspendida, contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el actual líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien hoy lo defiende.

La investigación de la Fiscalía General contra “Alito” Moreno Cárdenas fue distinta a la que llevaba a cabo la Fiscalía de Campeche. La FGR profundizó las pesquisas a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja. Esta carpeta de investigación (FED/FEMCC-CAMP/0000275/2002) se enfocó en los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias, como publicó SinEmbargo el 12 de septiembre de 2022.

Los señalamientos se enfocaron en el periodo comprendido entre 2015 y 2020, que abarca prácticamente el tiempo en que “Alito” se desempeñó como Gobernador de Campeche, aunque en 2020 ya presidía el PRI.

Para llevar a cabo sus pesquisas, la FGR giró oficios a dependencias del Gobierno federal solicitando información sobre procedimientos administrativos relacionados con Moreno Cárdenas. Estos oficios fueron marcados con carácter “RESERVADO y URGENTE”.

A pesar de la existencia de esta investigación federal y la persecución de múltiples delitos, Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados —instancia encargada de evaluar el desafuero— reveló a “Los Periodistas” el 28 de agosto pasado que la FGR nunca presentó formalmente una solicitud de retiro de la inmunidad constitucional contra Alejandro Moreno.

Esta declaración es clave porque, aunque la FGR había profundizado en los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos y fraude fiscal, la solicitud formal para que pudiera ser juzgado nunca llegó al Congreso.

Flores Cervantes ahondó en el misterio del caso ante la Cámara Baja, señalando que en los expedientes no existe “ninguna solicitud de parte de la Fiscalía”. Indicó que, si bien él había leído notas periodísticas que hablaban sobre una solicitud de la Fiscalía General, dicha petición nunca llegó a la Cámara de Diputados, quedando solo como “información periodística”.

De hecho, al inicio de la LXVI Legislatura, la Sección Instructora revisó sus archivos y solo encontró un documento referente al caso “Alito”, el cual indicaba que el asunto no se radicaba debido a supuestas suspensiones obtenidas mediante amparos.

En contraste, la única solicitud formal de desafuero que sí fue presentada ante la Cámara de Diputados provino de la Fiscalía de Campeche, la cual solicitó retirarle la inmunidad constitucional a Moreno Cárdenas por primera vez el 17 de agosto de 2022, por delitos como enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero, durante su gestión como Gobernador.

Esta solicitud inicial se quedó “en la congeladora”. Por lo tanto, el hecho de que el expediente del priista aparentemente “desapareció” de los archivos de la Sección Instructora y que la FGR nunca promovió el desafuero, a pesar de investigar múltiples delitos graves, ilustra cómo la acción penal federal se detuvo antes de buscar la separación del cargo necesaria para que Moreno Cárdenas pudiera ser juzgado.

Lo cierto es que el desempeño de la Fiscalía General de la República bajo la dirección de Alejandro Gertz Manero, ha sido clave para garantizar la impunidad de prominentes figuras priistas al mostrar inacción en la persecución de delitos graves.

De manera similar a la de “Alito”, en el caso del expresidente Enrique Peña Nieto, quien enfrentaba al menos tres carpetas de investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito desde 2022, Gertz Manero confirmó que estas no fueron judicializadas. El Fiscal General argumentó que las denuncias no fueron ratificadas y que no se le entregaron las pruebas, a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera había hecho públicos datos de prueba que señalaban un esquema de enriquecimiento ilícito.

La FGR también contribuyó a la impunidad mediante fallas procesales que culminaron en la absolución de acusados de alto perfil. En el caso de Rosario Robles Berlanga, quien estuvo tres años en prisión por la denominada “Estafa Maestra”, la FGR no pudo comprobar su responsabilidad. En febrero de 2023, la exsecretaria fue exonerada del delito de ejercicio indebido del servicio público, librándose de las acusaciones relacionadas con el desvío de cinco mil millones de pesos, y su caso fue oficialmente cerrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en octubre de 2024.

Otra “derrota” significativa para la FGR ocurrió en el proceso contra el abogado Juan Collado Mocelo, quien fue absuelto de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en enero de 2024. Además, un Juez federal finalizó el proceso en su contra por defraudación fiscal en abril de 2024, al considerar que el delito ya había prescrito.

Finalmente, el desempeño de Gertz Manero ha sido cuestionado por su ineficiencia y por atribuir la falta de resultados a terceros, lo que ha permitido que los procesos se estanquen y los implicados obtengan beneficios. El caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, implicado en el escándalo Odebrecht, es un ejemplo en el que la FGR ha sufrido múltiples reveses.

A pesar de ser el único que pisó la cárcel, Lozoya cumple arresto domiciliario desde febrero de 2024. Gertz Manero ha señalado que el proceso está detenido por supuestas “chicanadas” y fallas en el Poder Judicial, descargando la responsabilidad por el anquilosamiento de la causa penal.

Esta serie de desenlaces en los casos de Moreno Cárdenas, Peña Nieto, Robles, Lozoya y Collado ilustran cómo la actuación de la FGR ha sido ineficaz, confirmando la percepción de que los fiscales están en un “fango” de impunidad, ineficiencia y complicidad.