Cazzu abrió públicamente hace algunos meses un tema que había mantenido en reserva: los términos legales que rigen la paternidad de su hija Inti, a quien comparte con Christian Nodal.
Las declaraciones de Cazzu, realizadas en septiembre de 2025, en un pódcast reabrieron el debate sobre permisos de viaje para menores y los obstáculos legales que enfrentan madres y padres que crían sin apoyo del otro progenitor.
La artista señaló que Christian Nodal no había firmado la autorización necesaria para que su hija viajara con ella, situación que, dijo, limitó su actividad laboral fuera del país durante más de un año.
La difusión del caso impulsó una petición ciudadana que propone modificar la legislación para facilitar la movilidad de menores cuando existe abandono parental. La iniciativa comenzó a conocerse como ‘Ley Cazzu‘.
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¿En qué consiste la propuesta de la ‘Ley Cazzu’?
La petición fue publicada en Change.org bajo el título ‘Ley CAZZU – Libertad con nuestros hijos’, donde se exponen las dificultades que enfrentan familias monoparentales para tramitar permisos de viaje.
El documento señala que, en muchos países latinoamericanos, la ausencia de un progenitor no basta para autorizar un viaje. Los trámites pueden extenderse por meses, aun cuando la crianza recae en una sola persona.
Quienes apoyan la iniciativa afirman que estos procesos afectan directamente a los menores, pues los someten a procedimientos extensos que no consideran su situación familiar ni sus necesidades de movilidad.
La propuesta plantea que, comprobado el abandono, se otorgue un permiso permanente al padre o madre a cargo, evitando trámites repetidos y procesos judiciales prolongados para cada viaje.
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El contexto legal de los permisos de viaje en Latinoamérica
En Argentina y en otros países, las leyes exigen la firma de ambos padres para autorizar viajes de menores, incluso si uno de ellos no participa en la crianza diaria o mantiene escaso contacto con sus hijos.
Organizaciones civiles advierten que este mecanismo, aunque busca proteger a los menores, puede convertirse en una herramienta de control cuando hay conflicto entre los adultos, afectando la estabilidad de los niños.
Los trámites suelen ser largos y costosos, y en sistemas judiciales saturados, las resoluciones pueden tardar en emitirse, generando impactos en actividades escolares, médicas o laborales relacionadas con la movilidad.
Los impulsores de la ‘Ley Cazzu‘ señalan que un procedimiento diferenciado permitiría decisiones más ágiles sin eliminar controles legales, priorizando el bienestar de los menores en contextos de ausencia parental.
La declaración que generó el movimiento
Durante el pódcast ‘Se regalan dudas’, Cazzu explicó que, pese a su trabajo internacional, aún no obtiene el permiso de viaje necesario para trasladarse con su hija a sus compromisos profesionales.
“Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso yo no lo tengo”, declaró la artista.
La cantante relató una mediación legal donde se propuso otorgar una autorización por cinco años, pero la respuesta del equipo legal del cantante generó incertidumbre sobre la estabilidad del documento.
“No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar”, recordó Cazzu, citando lo que afirmó fue dicho por el abogado del cantante mexicano.
Las declaraciones fueron retomadas por medios y reactivaron el debate sobre la necesidad de actualizar la legislación para evitar que los permisos se utilicen como presión en conflictos parentales.
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¿A quién beneficiaría una reforma de este tipo?
Según el texto de la petición, la iniciativa busca proteger a los menores y garantizar que sus actividades y oportunidades no se vean condicionadas por la falta de colaboración del progenitor ausente.
Se argumenta que, en casos con abandono comprobado, el adulto a cargo asume todas las responsabilidades económicas y emocionales, por lo que la burocracia no debe añadir obstáculos adicionales.
La iniciativa también pretende dar seguridad jurídica a madres y padres que enfrentan procesos legales prolongados que pueden afectar su estabilidad laboral y la continuidad de sus obligaciones profesionales.
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Para los menores, el propósito es evitar interrupciones en su desarrollo educativo, médico o emocional vinculadas con la movilidad, especialmente en familias que requieren trasladarse por motivos laborales.
Por ahora, la petición continúa reuniendo firmas y se prevé que sea presentada ante autoridades legislativas en Argentina. El debate sobre su posible aplicación en otros países de la región sigue abierto.
