Desde la misma constitución del Instituto Federal Electoral (ahora INE) a finales del siglo pasado como órgano autónomo, independiente de gobierno y ciudadano me comenzaron a surgir las dudas sobre la definición de esta última característica.
A partir de entonces la nación ha venido creando órganos similares cuyo objetivo ha sido vigilar el buen funcionamiento de la administración pública, ser juez imparcial y la obtención de información insesgada para beneficio de todos, entre otros. El requisito para desempeñarse como consejero o en los cargos relevantes de esos institutos es tener un perfil ciudadano.
Cuando uno participa en el servicio público, ¿en qué momento deja de ser ciudadano y se convierte en político? Si se vive en la misma ciudad, en la misma colonia, en la misma casa. Cuando se habla de candidaturas ciudadanas sucede algo similar. Todos los políticos son, por definición constitucional, ciudadanos; y los ciudadanos que se animan a participar en política se convierten en políticos. La línea divisoria, si es que existe, es muy delgada.
Del anuncio de la desaparición de seis órganos autónomos y ciudadanos me preocupa más lo primero que lo segundo. Al final de cuentas todas las instituciones, públicas o privadas, se convierten en políticas. Estoy de acuerdo en que ninguno de ellos es perfecto, pero creo que eliminarlos y derivar sus funciones a dependencias de gobierno, confiando más en la probidad de los funcionarios que en la fuerza de las instituciones, podría debilitar nuestra democracia y el estado de derecho.
Es cierto que algunos órganos son muy obesos y son una carga pesada al erario, e incluso cuentan con procedimientos muy ineficientes. A principios de siglo, como encargado de la unidad de transparencia de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, padecí el mal diseño de la metodología establecida por el INAI y tenía que darle trámite a cientos de peticiones de información de estudiantes que esperaban que el gobierno les hiciera la tarea, por mencionar un ejemplo.
Otro caso es el del Coneval, institución destinada a medir la eficacia de las políticas públicas para combatir la pobreza. Aunque es perfectible en cuanto a la metodología y recolección de información, es pareja para todos los estados y municipios. Sin la imparcialidad de sus datos será difícil comparar y medir los niveles de pobreza, y lo que no se mide no se puede mejorar.
Me quedo tranquilo al saber que el INEGI será quien asuma esta función. Todo dependerá de los candados que se establezcan en cuanto a su operación. Ojalá nuestros legisladores hagan lo propio y garanticen resultados veraces y funcionales. Al final de cuentas los servidores públicos son ciudadanos y sus familias disfrutarán o padecerán las consecuencias de sus decisiones.
Enrique Martínez y Morales
Político, empresario y editorialista coahuilense
