Se acaba la legislatura del Plan B; olvidan agua, ciberseguridad…

A partir de hoy, a la Cámara de Diputados le quedan 15 días para tratar de sacar adelante el llamado plan C del Presidente de la República, contenido en las 20 reformas que envió el 5 de febrero.

Son propuestas que buscan modificar los tres poderes de la Unión al reducir el Congreso, cambiar la forma de integrar el Poder Judicial y eliminar los organismos autónomos que son contrapeso del Ejecutivo federal.

Pero 70 días después de la presentación de esas iniciativas ninguna cuenta con un dictamen listo para ser aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y, posteriormente, en la gran asamblea de San Lázaro.

Tampoco parece haber futuro para los temas que los diputados se habían propuesto resolver: una Ley de Ciberseguridad; la regulación secundaria del derecho al acceso al agua, pendiente desde hace una década y la urgente penalización a nivel federal de la extorsión y el cobro de piso.

Atrás quedaron las intenciones de los representantes que, asumiéndose de izquierda, prometieron legislar sobre el aborto y el matrimonio igualitario.

 

Esta legislatura, además, pasará a la historia como la que pudo reducir a 40 la jornada semanal de 48 horas, la aspiración ciudadana que más expectativas generó en los últimos meses en torno al Congreso.

Menores son las posibilidades de la oposición de concretar las iniciativas que buscaban castigar la intromisión del narco en la vida electoral y asignar más recursos a los fondos para la seguridad municipal.

Porque si bien la coalición legislativa de Morena, PT y PVEM parece resignarse a postergar el plan C para la siguiente legislatura que surja del 2 de junio, el gobierno cambió de prioridades para este cierre sexenal parlamentario.

Ahora, la diputación del partido gobernante y el presidente Andrés Manuel López Obrador concentrarán sus baterías en modificar cinco leyes secundarias para crear el denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar, una propuesta presentada apenas el miércoles anterior.

Consecuentemente, regresará a San Lázaro la discusión en torno a si esa reforma debe someterse a una amplia consulta —mediante el parlamento abierto— y si contraviene derechos establecidos en la Constitución, dos críticas constantes de la oposición hacia el proceder y las propuestas de Morena en la Cámara de Diputados durante esta legislatura iniciada el 1 de septiembre 2021 y que habrá de concluir sus sesiones ordinarias el próximo día 30.

Después, el pleno de San Lázaro sólo podría sesionar si existe un dictamen de reforma que amerite la realización de un periodo extraordinario, mismo que deberá ser aprobado por las dos terceras partes de diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente, sede del Congreso de la Unión cuando las Cámaras están en receso.

De cualquier manera, en esta recta final, la 65 se confirmará como la legislatura que le puso freno a la mayoría calificada que hubo en la primera parte del sexenio.

Porque a diferencia de la pasada 64 legislatura, ahora los votos del PAN, PRI, PRD o MC fueron indispensables para las modificaciones constitucionales que requieren de la llamada mayoría calificada.

La coalición afín al gobierno cuenta con 276 diputados. Esto significa que le faltan 58 votos del resto de las bancadas para conseguir las dos terceras partes del respaldo.

Aunque la coalición de Morena con Partido del Trabajo y PVEM redujo sus márgenes para sacar adelante reformas a la Constitución, el Presidente de la República no desistió en seguir siendo el principal proponente de esos cambios parlamentarios.

Y ante el rechazo reiterado de la oposición a las iniciativas del ejecutivo federal, el gobierno optó siempre por “un plan B”, consistente en insistir en algunos propósitos de las reformas constitucionales mediante leyes secundarias, cuya aprobación sólo requieren de una mayoría simple, es decir, del 50 por ciento más 1 de los diputados.

Sin embargo, al ser contrarias a la Constitución, esas reformas legales fueron motivo de controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pese a tales tropiezos, en el último año de su sexenio, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados el denominado plan C, en el que 18 de las 20 propuestas son reformas a la Constitución.

Esas 18 iniciativas buscan cambiar 51 artículos —las otras dos son ordinarias—, sin que hasta ahora exista un consenso en firme en torno a alguna de ellas.

De manera que cuando sólo le restan siete sesiones a este periodo, la presión de la agenda presidencial se enfoca en el Fondo de Pensiones para el Bienestar, diluyendo las iniciativas del plan C, pero también los pendientes legislativos de los diputados y sus propias propuestas.

De persistir esta dinámica, las últimas horas del pleno del Palacio de San Lázaro confirmarán la etiqueta de “oficialía partes” que la oposición le atribuyó a la Cámara de Diputados en el actual sexenio.

Y, a juzgar por las expectativas compartidas por los diputados Hamlet Almaguer García (Morena), José Elías Lixa Abimerhi (PAN), Francisco Huacus Esquivel (PRD) y Braulio López Ochoa Mijares (Movimiento Ciudadano), también quedarán pendientes las tres reformas que, en el inicio de su sexenio, el presidente López Obrador se propuso concretar y que son parte del plan C: una reforma política para sustituir al INE y achicar al Congreso; la derogación total de la reforma energética de 2014, y el cambio de mando actualmente civil de la Guardia Nacional por uno militar.

Adicionalmente, quedará para un futuro la intención presidencial de renovar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo en la Constitución que sus ministros serían electos mediante el voto popular.

El diputado García Almaguer, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, explica que “el proceso de la Cuarta Transformación es un proceso histórico que no se detiene en 2024; al contrario, la ciudadanía, según todos los sondeos, quiere darle continuidad, quiere profundizar este proceso”.

En referencia a las propuestas del llamado plan C, el legislador de Jalisco sostiene que, además, “existe una determinación en el programa para el próximo sexenio y por eso están los 100 pasos para la transformación de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que retoma muchas de las propuestas del Presidente de la República que se encuentran en estas iniciativas de reformas constitucionales y legales”.

En su opinión, los foros realizados desde febrero hasta ayer tanto en la Cámara como en diversas entidades del país permitieron impulsar un debate que pronto tendrá resultados concretos.

“No fue infructuosa la discusión. Primero, hace tres años, existían dudas sobre si resultaba necesario o no modificar el sistema de impartición de justicia y el sistema democrático que es muy costoso; hoy existe prácticamente unanimidad entre los actores políticos y la ciudadanía sobre la necesidad de modificar a estas instituciones a partir de reformas profundas.

“Entonces, la discusión pública sirvió precisamente para hacer conciencia y para que la ciudadanía tomara una postura en torno a ellas”.

Al analizar lo sucedido en esta Cámara durante la primera parte del sexenio, el parlamentario recuerda que entonces hubo varias decisiones políticas que permitieron construir la mayoría calificada.

En esa 64 legislatura se hicieron las reformas que llevaron a la Constitución los programas sociales; se creó la Guardia Nacional, se extinguieron los fondos y fideicomisos, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y el Seguro Popular.

“El Partido Verde —que a las elecciones del 2018 acompañó al PRI— decidió conformar una alianza legislativa con Morena, a partir de que se tuvieron los resultados y tomaron posesión del cargo, y eso significó contar con más votos a favor de las reformas, igual acompañaron el PT y el PES y se dio un desprendimiento del PRD de más de una decena de legisladores que se fueron al PT, al Verde y a Morena y que apoyaron las reformas y con ellos ya se lograba esta mayoría constitucional, una mayoría calificada”, recuerda García Almaguer.

“A pesar de ello, tuvimos a los diputados del PAN votando en contra de la constitucionalización de los programas sociales, también una decisión histórica que, hoy, les está costando frente a la ciudadanía”, enfatiza el morenista.

“En el futuro, hay buenas perspectivas a partir de los resultados que todas las encuestas vaticinan: vamos a tener una bancada fuerte en la Cámara de Diputados y en el Senado, y va a haber continuidad en los trabajos, por la agenda de la doctora Sheinbaum y porque una base de legisladores se va a poder reelegir y participar en el siguiente Congreso y eso va a darle continuidad a los trabajos parlamentarios”, confía el parlamentario.

Destaca que, respecto a las agendas legislativas de los diputados, avanzaron propuestas en materia de salud y de justicia, como el Código Nacional de Procedimientos, lo cuales, remarca el morenista, avanzaron a partir de la voluntad del grupo mayoritario.

“Avanzó la agenda de género también con modificaciones favorables a lo largo de este trienio”, evalúa.

Con respecto a las últimas sesiones de abril, García Almaguer mantiene la expectativa:

“Y en estas discusiones que vienen, pues me parece que hay algunas reformas que no van a encontrar oposición; no tendrían por qué, como es el reconocimiento a la personalidad de los pueblos originarios, por ejemplo; las reformas en materia de salario mínimo y de pensiones.

“No tendrían por qué encontrar oposición alguna, salvo que vuelvan a equivocarse como hace cinco años los diputados y senadores del PAN y voten en contra de estas modificaciones, y será entonces el pueblo de México quien tome esa decisión en el futuro sobre cómo valorar esa votación”, concluye.

El vicecoordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa Abimerhi, sostiene que “desafortunadamente el Poder Legislativo, en distintos momentos de este sexenio, terminó por convertirse en un espacio de resonancia de líneas discursivas dictadas desde Palacio Nacional”.

Eso significa que no fue la Cámara de Diputados, remarca, el sitio de análisis, debate y resolución que está llamado a ser.

Al evaluar lo sucedido con el denominado plan C, el parlamentario opositor sostiene:

“Todo indica que no nos equivocamos. Se trataba de un intento por fijar agenda y no por construir reformas. Lo lamentable es que se pierde una oportunidad, y no me refiero a las propuestas del Ejecutivo, sino a las de la oposición que pusimos sobre la mesa para transitar juntos, como la creación del seguro de desempleo, garantizar medicamentos a toda la población, recursos para atender las enfermedades más graves, fondos para enfrentar emergencias de la población, entre otras propuestas, para solucionar muchos problemas causados por las deficiencias y la insensibilidad generadas por el actual gobierno”.

Considera que gracias a la coalición electoral y legislativa construida en 2021 con PRI y PRD “hoy mantenemos órganos constitucionalmente autónomos que el gobierno quería desaparecer: un árbitro electoral fuerte que el gobierno morenista quería desmantelar”.

El diputado Lixa señala que gracias a ese frente en San Lázaro “no se permitió una reforma eléctrica abusiva; defendimos un Poder Judicial independiente”.

Plantea que, en todos esos casos, se trata de instituciones que “Morena quería destruir y logramos defender”.

El panista, sin embargo, pondera: “Es cierto que el régimen destruyó mucho, pero el México institucional sigue de pie y mucho se explica por el contrapeso legislativo que logró la contención a la destrucción”.

Destaca que al hacer un balance de las 65 legislatura deben también destacarse los casos de éxito de iniciativas formuladas por diputados y que fueron aprobadas en consenso.

“También es cierto que hay un gran número de reformas que provienen de la oposición, pero, siendo franco, en las de mayor calado el gobierno acaparó la agenda por medio de su bancada sumisa, ellos fueron los únicos rebasados, rebasados en su representación, rebasados en sus ideas y rebasados en su dignidad. Nosotros seguiremos insistiendo en muchos de los temas que el país requiere, muchos otros que tenemos que arreglar por la destrucción de este gobierno, pero estamos de pie y firmes en la lucha de defender a México”.

Respecto a las iniciativas que envió el Ejecutivo Federal en febrero, el coordinador de la bancada del PRD, Francisco Javier Huacus Esquivel, afirma optimista:

“Nos queda claro que no se logró consolidar la estrategia político electoral que el Presidente deseaba emplear para golpetear a la oposición y, respecto a esta parte, han desistido (en Morena) ya de una posible discusión”.

Aunque recuerda que será a partir de este lunes que la mayoría legislativa tomará una decisión respecto al denominado plan C presentado en febrero por el presidente.

“Son ellos quienes tomarán la determinación como grupo mayoritario en la Cámara de Diputados si se suben a discusión (los dictámenes)”, precisa.

Pero aclara el perredista que, por lo pronto, “no hay el consenso entre todas las fuerzas políticas; me parece que se ha logrado el objetivo de la oposición de frenar estas ocurrencias del presidente de la República ante una embestida en contra, en este caso de quienes somos esta alianza opositora”.

Destaca que “fue el Ejecutivo federal, a través de sus empleados, los legisladores del oficialismo, quienes llevaron a cabo la presentación de sus reformas”.

Huacus Esquivel sostiene que, de parte de esa mayoría, no hubo disposición para transitar en los temas que se requieren.

Describe el jefe de la diputación del PRD otra característica parlamentaria del actual sexenio y que explica el atorón de propuestas diseñadas en San Lázaro.

“Había iniciativas que, primero, los presidentes de comisión debían consultar al Ejecutivo federal o a la Secretaría de Hacienda para poder ejercerlas en determinado momento, y efectivamente, con esto logra consolidarse el Presidente de la República como el único legislador de la mayoría”, concluye.

Bruno López Ochoa Mijares, coordinador de MC, sostiene que no hubo voluntad política para construir la mayoría calificada que requerían las iniciativas constitucionales del Presidente.

Recuerda que muchas de esas propuestas eran coincidentes con la agenda de su grupo parlamentario, por lo que él planteó que se votaran antes de que en marzo iniciara la campaña electoral: vivienda, salario mínimo, pensiones, trenes, bienestar animal.

Pero “el esquema tenía una clara intención electoral: que se discutiera durante las campañas”, cuestiona.

Querían, critica el jefe de la diputación naranja, que esas reformas fueran la agenda de Morena y “por eso conformaron lo que nosotros llamamos los diálogos de la simulación, a los que se suman PRI, PAN y PRD”.

Ahora, describe López Ochoa Mijares, quienes impulsaron esa simulación se encuentran indecisos respecto a qué dictámenes empujar por consenso. “Y queda un periodo muy breve para transitar con reformas constitucionales”.

Al revisar el rol de la oposición en esta legislatura, destaca que en el primer trienio de esta administración la oposición consiguió que la Guardia Nacional se mantuviera con mando civil. Pero señala como un punto en el que “queda a deber” los votos que en el segundo trienio le dio el PRI a Morena para ampliar el plazo de la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

Destaca que otro éxito de contrapeso es adjudicable a la sociedad civil fue el haber parado el intento de limitar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por parte de todas las bancadas, excepto de MC, una oposición que resultó determinante. “Justo como alzamos la voz, al enseñar las cosas, se pudo frenar algo que era dañino para este país”, celebra.

Lamenta que no se haya logrado frenar el hecho de que las sesiones siguieran siendo semipresenciales, aun cuando MC logró sumar 100 votos con el resto de los grupos parlamentarios.

En cuanto a la capacidad de los diputados de construir sus propias reformas, el jefe de la diputación naranja pondera:

“Fue un sexenio complicado, muy difícil para llevar una agenda distinta a lo que la que dictaba el Ejecutivo federal; los legisladores de Morena abonaron muchísimo en que fuera sólo la agenda del Presidente la que tuviera peso y contundencia”.

Y enumera los temas que se quedan pendientes y que a MC importaban: regulación de las drogas; Ley Silla; un piso mínimo para mujeres en el deporte; el esquema de lactancia extendida; y la reforma de las 40 horas de jornada laboral semanal.

Celebra el hecho de que sí pudieron concretarse las vacaciones dignas, la Ley de Movilidad y la Ley ECOSIG (la prohibición de las terapias de reconversión), iniciativas que MC empujó desde el Senado.