Nacional

INE invalida reforma que permitía a Alejandro Moreno extender su dirigencia al frente del PRI hasta 2024

En una cerrada votación de seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) invalidó la reforma a los estatutos del PRI que permitía a Alejandro Moreno Cárdenas seguir en la dirigencia nacional del partido hasta 2024.

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Cuartoscuro© Proporcionado por Animal Político

Los consejeros desecharon el argumento de que los cambios estatutarios se realizaron ante la aprobación de la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con esta resolución, Moreno Cárdenas deberá concluir su mandato en agosto de 2023.

A favor del proyecto de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos se pronunciaron el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello; Ciro Murayama; Jaime Rivera; Martín Faz; Claudia Zavala y Norma Irene de la Cruz.

Mientras que en contra lo hicieron Adriana Favela; José Roberto Ruíz Saldaña; Dania Ravel; Carla Humphrey y Uuc-kib Espadas, quien cambió el sentido de su voto en la sesión, pues antes aprobó dicho documento en la sesión de la Comisión del pasado 22 de febrero.

PRI divide a consejeros del INE

En una maratónica sesión de más de 11 horas, la discusión sobre los estatutos del PRI fue una de las más intensas y generó divisiones entre los consejeros, pues algunos consideraron que “el plan B” no es una situación extraordinaria que impida sesionar a la Asamblea Nacional, mientras que otros refirieron que se debía respetar la autonomía de los partidos para autorregularse.

La consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión que elaboró el proyecto, desechó la justificación de que los cambios que se aproximan en el sistema electoral y de partidos políticos derivados de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador sean excusa para excluir a la Asamblea Nacional en la toma de decisiones internas, pues el “plan B” no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y, por lo tanto no ha entrado en vigor.

La consejera consideró que se violentó el artículo 16 de los estatutos del PRI al convocar al Consejo Político Nacional, un órgano deliberativo subordinado a la Asamblea Nacional y que solo puede ser convocado en situaciones excepcionales.

En tanto, Córdova Vianello opinó que el PRI se adelantó porque “lo aprobaron cuando no había ley” y previó que el partido político presentará impugnaciones a la decisión tomada por el Consejo General.

En su participación, la consejera Carla Humphrey no compartió el sentido del proyecto al considerar que la reforma sí se apegó a los estatutos internos debido a que el “plan B” es una situación inusual; y dijo que la decisión fue tomada en consenso debido a que obtuvo el voto a favor de las dos terceras partes del Consejo Político Nacional y también de los consejos estatales.

El PRI justifica reforma

Minutos antes de que el Consejo General abordase el tema, el PRI pidió registrar al diputado Rubén Moreira como representante del Poder Legislativo ante el INE, lo que le permitió hacer la defensa de los estatutos.

En sus intervenciones, el también coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro solicitó a los consejeros autorizar la ampliación del plazo ante la inminente publicación del “plan B”.

Moreira defendió que la decisión fue tomada por más de seis mil militantes del partido político y no por “un grupo de personas” al que se les informó con una anticipación de 24 horas el sentido de dicha convocatoria.

Agotaremos instancias legales: PRI

Ante la resolución del INE, la dirigencia nacional del PRI aseguró que respetan al Consejo General pero se deberán agotar todas las instancias legales para que se respeten las modificaciones de sus estatutos.

El partido rechazó que las modificaciones estatutarias consistieran en la extensión del mandato de la dirigencia nacional, sino que éstas intentaban adecuar los estatutos al “plan B”.

Según el PRI, la facultad de su Consejo Político Nacional para determinar una prórroga a la dirigencia nacional fue aprobada desde el 2020 por unanimidad en el Consejo General del INE y confirmada por el Tribunal Electoral, por lo que sigue vigente.

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