En un esfuerzo conjunto por bloquear las vías de financiamiento de la delincuencia organizada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM), emitieron la Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios: Casos Relacionados a Extorsión.
El documento surge como una respuesta para fortalecer la detección y mitigación de riesgos asociados a la vinculación directa entre el delito de extorsión y las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), comúnmente conocidas como lavado de dinero.
De acuerdo con las autoridades financieras, este delito ha encontrado un canal de distribución alarmante dentro de las plataformas tecnológicas.
La UIF alertó que, tras un análisis estratégico de inteligencia, se detectó que las aplicaciones móviles concentraron alrededor del 70% de las operaciones observadas en los esquemas de extorsión analizados.
Criminales usan penales para operar redes de extorsión
Los hallazgos de la autoridad ponen en el centro de la mesa una problemática permanente: la operación de estos ilícitos desde el interior de los centros penitenciarios del país. Los flujos financieros criminales se han sofisticado mediante el uso de transferencias electrónicas con conceptos recurrentes y una movilización acelerada de los recursos que entran al sistema financiero para simular legalidad.
La extorsión constituye uno de los delitos predicados de ORPI, toda vez que los recursos obtenidos mediante esta conducta suelen ser objeto de operaciones destinadas a ocultar o disimular su origen, para posteriormente ser colocados, dispersados y movilizados a través del sistema financiero e incorporados a la economía formal”, puntualiza.
Para blindar al ecosistema bancario, la Guía incorpora señales de alerta tempranas, indicadores detallados para el análisis transaccional, recomendaciones puntuales de monitoreo y medidas mitigantes frente a las amenazas identificadas.
Con esto, las instituciones financieras podrán enfocar de manera más eficiente sus recursos de supervisión.
Las entidades financieras contarán con un plazo estricto de 60 días naturales para presentar la Guía ante sus respectivos Comités.
Luego dispondrán de un plazo adicional de 60 días para implementarlas.
