Registro de celulares, arma contra ‘el call center criminal’

El registro obligatorio de líneas celulares que impulsa el gobierno federal apunta directamente a dos delitos que hoy operan por teléfono y trauman de manera considerable a las víctimas: la extorsión y el secuestro virtual.

La apuesta, de acuerdo con funcionarios federales consultados por MILENIO, es romper el anonimato que permite a bandas criminales realizar miles de llamadas desde penales, hoteles o casas de seguridad, sin dejar rastro inmediato del titular de la línea.

Hoy, el diagnóstico del gobierno federal es que la telefonía móvil se convirtió en la principal plataforma de intimidación a distancia. Autoridades federales han documentado que 12 centros penitenciarios concentran más de la mitad de las líneas telefónicas reportadas por extorsión, lo que evidencia que buena parte de estas operaciones se lleva a cabo desde cárceles.

En ese mismo frente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha identificado, hasta diciembre del 2025, unas 2 mil 500 líneas celulares usadas para intentar extorsionar, de las cuales solo una tercera parte ha podido ser bloqueada, lo que revela la facilidad con la que los delincuentes sustituyen chips y continúan operando.

El objetivo central del padrón de líneas es que cada número esté vinculado a una identidad verificable. Con ello, las autoridades buscan ubicar más rápido a responsables de llamadas delictivas; bloquear líneas con mayor eficacia y elevar el costo operativo de las redes de extorsión.

Fuentes de investigación consultadas al respecto comentaron que muchas bandas trabajan con SIMs desechables o registradas con datos falsos. Esa flexibilidad explica por qué la extorsión telefónica sigue creciendo y por qué se ha convertido en uno de los delitos con mayor cifra negra en el país.

El registro también busca contener el llamado secuestro virtual, modalidad en la que no hay privación física de la libertad, sino control psicológico vía teléfono.

Modus operandi con llamadas de extorsión

Autoridades describen que los delincuentes llaman a la víctima, frecuentemente cuando se encuentra sola en casa u hospedada en un hotel, y la convencen de que un familiar está secuestrado o de que el inmueble está vigilado. El objetivo es mantenerla incomunicada mientras se exige un depósito inmediato.

Este fenómeno ha obligado, incluso, a incluir a recepcionistas de hoteles en campañas preventivas, ante el uso de estos establecimientos como puntos donde las víctimas quedan aisladas y son más vulnerables al engaño.

Las fuentes estiman que hasta el 80 por ciento de las llamadas de extorsión, incluso para el secuestro virtual, provienen de cárceles, lo que explica la insistencia del gobierno en atacar la cadena completa: ingreso de celulares a penales, bloqueo de señales y ahora identificación obligatoria de líneas.

“Desde que implementamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el pasado 6 de julio, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se han recibido más de 102 mil 800 llamadas en el número único de denuncia 089 y han sido detenidas más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados de la República”, dijo Omar García Harfuch, titular de la SSPC, el 11 de diciembre pasado.
Los intentos anteriores del Estado por crear padrones de usuarios terminaron eventualmente en fracasos o invalidados por la Corte. El primer gran experimento fue el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), implementado en 2009.

El padrón buscaba vincular cada línea con un titular identificado, pero en la práctica se llenó con datos incompletos o falsos, no logró frenar la extorsión y terminó derogado en 2011 tras fuertes críticas por su ineficacia y riesgos en el manejo de información personal.

Años después, el gobierno federal impulsó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que pretendía ir más lejos al incluir datos biométricos. En 2022 la Suprema Corte lo declaró inconstitucional al considerar que vulneraba derechos de privacidad y no superaba el test de proporcionalidad.

Muchas de las llamadas de extorsión las cometan personas privadas de su libertad.
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​La mayoría de las llamadas de extorsión salen de la cárcel
La actual estrategia de seguridad se ha movido al frente penitenciario, desde donde las autoridades han documentado que una parte sustancial de las llamadas de extorsión se originan.

A la par del despliegue de inhibidores y planes de bloqueo de señal en decenas de centros penitenciarios, el gobierno federal planea cerrar la pinza mediante el control de SIMs.

La experiencia internacional muestra que el registro de chips sólo funciona cuando se combina con verificación estricta y supervisión del punto de venta.

¿Qué se necesita en otros países para adquirir un número telefónico?
En varios países europeos, la compra de SIM prepago exige identificación oficial; en Sudáfrica se pide además comprobante de domicilio, y en naciones como Pakistán se incorporó verificación biométrica junto con operativos contra la activación ilegal de tarjetas.

En Estados Unidos no existe una obligación federal o estatal general para registrar a los usuarios de SIM prepago, es decir, no hay un padrón con nombre y número como requisito legal para activar prepago.

En vez de eso, la estrategia antiextorsión o fraude telefónico se ha concentrado en reducir llamadas falsificadas (spoofing) y robocalls, obligando a proveedores de voz a implementar autenticación de Caller ID.

Esto implica que, en caso de plagios o extorsión, el sistema busca que el receptor (y la red) pueda distinguir llamadas legítimas de llamadas con identidad “maquillada”, y bloquear tráfico sospechoso. Otro factor es que no existen llamadas desde penales vía celular.

Canadá, en términos generales, también ha sido citado como país que no impone registro obligatorio universal de SIM prepago, aunque se importe la prohibición completa de teléfonos con chips a las prisiones.

Chile aprobó la creación de un Registro de Usuarios de Prepago con el objetivo explícito de desincentivar estafas telefónicas al asociar el chip a una identidad registrada.
https://www.milenio.com/policia/mexico-atacara-extorsion-y-secuestro-virtual-con-registro-celular