En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la licitación pública es la regla general para contratar servicios de alto monto. Sin embargo, el contrato adjudicado de manera directa a Territorium Life S.A.P.I. de C.V. para la aplicación de exámenes en línea alcanzó un monto máximo de 101 millones 757 mil 810 pesos, más de 21 veces el importe a partir del cual la propia normatividad establece que el procedimiento ordinario es la licitación pública, salvo que exista una causa de excepción debidamente justificada.
De acuerdo con la Circular SADM/1/2026 y el tabulador emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la Dirección General de Proveeduría debe convocar a una licitación pública cuando una contratación de servicios supera los 4 millones 770 mil pesos, sin IVA. La propia normativa prevé, no obstante, que ese procedimiento puede exceptuarse cuando se actualicen las hipótesis previstas en la Normatividad de Adquisiciones y exista un dictamen favorable del Comité.
En el caso de Territorium, la Universidad recurrió precisamente a esa figura. El contrato establece que la adjudicación se realizó mediante una solicitud de excepción a la licitación pública, dictaminada procedente por el Comité de Adquisiciones en su Tercera Sesión Ordinaria del 6 de marzo de 2026, con fundamento en diversos apartados de la Normatividad de Adquisiciones y en la propia Circular SADM/1/2026.
La carga de justificar la excepción
La misma circular firmada por el secretario administrativo de la UNAM, Tomás Rubio, establece que cuando una dependencia solicita una excepción a la licitación pública, corresponde a la entidad promovente justificar documentalmente la procedencia de esa decisión. Además, señala que será responsabilidad de la dependencia acreditar que la contratación se sustenta en criterios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia, imparcialidad y honradez, y exige que la hipótesis legal invocada se motive “contundentemente”.
No solo exige justificar la excepción; también establece que las razones para prescindir de una licitación pública deben quedar claras y suficientemente acreditadas de manera documental por el titular de la dependencia solicitante.
En este caso, fue la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) la que elaboró el expediente técnico con el que solicitó la excepción. En esa documentación sostuvo que la plataforma de Territorium incorporaba inteligencia artificial y aprendizaje automático capaces de detectar patrones anómalos, prevenir fraudes, reforzar la supervisión humana y garantizar la transparencia durante la aplicación de los exámenes.
Con base en esa justificación, el Comité de Adquisiciones autorizó la excepción y la Universidad celebró un contrato con un monto máximo de 101.7 millones de pesos para la aplicación de exámenes en línea de bachillerato, licenciatura y SUAyED durante 2026.
El contexto tras las anomalías
Meses después, la plataforma quedó en el centro de la crisis del proceso de admisión a licenciatura 2026-2027, luego de que la UNAM detectó irregularidades en el concurso y ordenó la aplicación de un examen presencial de control para miles de aspirantes.
Tras las anomalías detectadas, el expediente de contratación adquiere un nuevo contexto, al contener los argumentos técnicos con los que la DGAE, encabezada por Ivonne Ramírez Wence, solicitó prescindir del procedimiento ordinario de licitación pública.
