El 80% del agua de mexicanos la roban empresas y políticos, calculan investigadores

La apropiación insaciable del agua en México es un problema sistémico impulsado por políticos y grandes corporaciones—como Coca-Cola, Lala, mineras y del sector turismo—gracias a una legislación débil que permite que un 1.1 por ciento de los usuarios privados acapare más del 22 por ciento del agua concesionada y evada masivamente el pago de derechos, especialmente en el uso industrial y de servicios. Esta situación se agrava con políticos –de todos los partidos– que se benefician de concesiones, principalmente para uso agrícola exento de pago.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– Empresas de riego, grandes compañías como Coca-Cola, Lala, Kimberly-Clark, la minera Peñasquito de la canadiense Goldcorp, la siderúrgica ArcelorMittal, aeropuertos como el de Cancún, hoteles, entidades como CFE Generación y un conjunto de políticos son los grandes acaparadores del agua que persisten hasta la fecha gracias a la Ley salinista en la materia.

Estos grandes acaparadores ascienden a 3 mil 304 grandes concesionarios que extraen un millón de metros cúbicos o más de agua al año, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) analizados hasta 2020. En conjunto, este 1.1 por ciento de usuarios privados ha acaparado un volumen, equivalente al 22.3 por ciento de toda el agua concesionada para uso consuntivo en el país, exponen los académicos Wilfrido A. Gómez Arias y Andrea Moctezuma en su investigación “Los Millonarios del Agua”.

Además, la investigadora Elena Burns plantea en entrevista otro asunto cuando hablamos de los grandes usuarios, lo que es vital que tomemos en cuenta: 80 por ciento del volumen concesionado para uso industrial y de servicios no está siendo declarado ni se está pagando derechos. “Entonces hay un 4 mil 300 millones de metros cúbicos en 2023 en el Registro Público de Derechos al agua para estos dos usos. Lo que deben de pagar los usuarios industriales y de servicios cada año son 56 mil millones de pesos, pero pagaron 12 mil millones de pesos. Para mí esto es el meollo del asunto”, dice la especialista.

En lo que respecta al vínculo político, el Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, un exmiembro de El Barzón y quien es identificado por su cercanía con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dijo en el programa “Los Periodistas” que a lo largo del país hay “verdaderos depredadores” del agua que pertenecen a la clase política.

SinEmbargo ha consignado cómo políticos de todos los partidos que han gobernado sus entidades se han visto beneficiados de títulos de concesión para explotar los recursos hídricos del país. Es el caso, por ejemplo, de Guillermo Padrés Elías (Sonora), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (Guanajuato), Miguel Márquez Márquez (Guanajuato), Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León), Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes), Francisco Ramírez Acuña (Jalisco), Ángel Aguirre Rivero (Guerrero), Rutilio Escandón Cadena (Chiapas), y también el expresidente Vicente Fox Quesada, que también fue Gobernador de Guanajuato.

La mayoría de estas concesiones de las que han hecho uso los políticos es de uso agrícola, que emplea el 48.7 por ciento del agua concesionada a estos “millonarios del agua” un uso que está exento de pago por la explotación del recurso.

En ese sentido, Burns refiere que pueden agregarse 5 propuestas a la actual reforma en materia de agua que se discute en el Congreso para mejorar la gestión de este recurso y la equidad hídrica, comenzando por la necesidad de lograr los volúmenes a ser reasignados a través de la extinción de los volúmenes concesionados para los cuales el titular no ha pagado derechos, lo que ayudaría a obtener el agua requerida para proyectos estratégicos y el derecho humano al agua, a la vez que protegería a los pequeños usuarios rurales y pondría fin a la impunidad fiscal. Una segunda propuesta es registrar los derechos al agua de pueblos indígenas, sistemas comunitarios y núcleos agrarios, aun sin disponibilidad, y dedicar volúmenes reasignados a cumplir con estos derechos, permitiendo así que la Ley Nacional de Aguas (LAN) cumpla con los derechos anunciados en la Ley General de Aguas (LGA).

En tercer lugar propone tipificar la contaminación del agua como delito hídrico contra la salud, lo que fortalecería el nuevo capítulo de “Delitos hídricos” y demostraría la voluntad de tomar medidas serias contra la contaminación. La cuarta propuesta es prohibir la privatización del agua de manera explícita y finalmente habló de exigir la reconstrucción de los Consejos de Cuenca, para garantizar la inclusión de pueblos indígenas, sistemas comunitarios, núcleos agrarios, investigadores, defensores y comunidades afectadas por la contaminación, asegurando que los más afectados en sus derechos al agua tengan voz y ayudando a corregir la discriminación y corrupción por parte de funcionarios de la Conagua. “En este momento son ocupados por los grandes concesionarios FEMSA, Coca-Cola, las granjas porcícolas, general de aceite de palma, etcétera”, denuncia.

Las concesiones de políticos

Un caso particular del beneficio que ha tenido la clase política con los títulos de concesión de agua es el de la familia de los Monreal, el clan político de Zacatecas que posee diversas concesiones de agua para uso agrícola en un acuífero sobreexplotado de la entidad, de acuerdo con la Conagua.

Los datos en este caso muestran que el padre Felipe Monreal Huerta (finado en 2002), así como el Gobernador de Zacatecas David Monreal, el Senador y exalcalde Saúl Monreal, Cándido y Elías Monreal Ávila –todos hermanos del Diputado de Morena Ricardo Monreal Ávila– han obtenido concesiones para “uso agrícola” y de “diferentes usos” entre 1999 y 2020.

El martes pasado, el Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar denunció que entre los “depredadores” y “grandes acaparadores de agua” que se oponen a la iniciativa de la Ley General del Agua y la reforma a la Ley Nacional de Aguas impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, hay incluso personas que se han integrado recientemente a Morena.

El Diputado señaló a grupos específicos como la familia LeBarón en Chihuahua y Sonora a quienes calificó de “verdaderos depredadores”. “Si ustedes van a Chihuahua, todos saben quiénes son los depredadores de agua. Eso sí molesta porque hay otros agricultores que están queriendo que se les aclaren las dudas, a ellos nos estamos acercando. El gobierno creo que debería de publicar la lista de todos los que están robándose el agua y que tienen pozos ilegales. Ya basta eso”.

“Hay algunos que se metieron ahora recientemente a Morena. Es una vergüenza. Siempre se han robado el agua. Siempre han traficado con el agua en Chihuahua. No sé quién los metió en Morena, pero es una vergüenza”, sentenció el legislador.

SinEmbargo ha documentado cómo en Chihuahua hay una hidromafia compuesta por exfuncionarios estatales de la Conagua, la cual ha permitido –con juicios, títulos de concesión falsos y tráfico de constancias– que un presunto prestanombres del exgobernador priista César Duarte sobreexplote el acuífero Llano de Gigantes para producir nuez. Esta red también ha dejado a productores menonitas y a la productora agroindustrial de manzanas La Norteñita sobreexplotar el acuífero Laguna Santa María, documenta la contraloría ciudadana estatal.

En Sonora, por ejemplo, la familia del exgobernador Guillermo Padrés Elías tiene, según el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), seis títulos de concesión a nombre de Guillermo Padrés Dagnino, hijo del exgobernador panista, y de Miguel Padrés Molina, sobrino del exmandatario.

También en el norte del país, el exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón posee un ejido en Paredón, Coahuila. Para uso agrícola, cuenta con 184 mil m3/año de aguas subterráneas que recibió de Conagua en noviembre de 2006, cuando ya había sido Diputado local del PRI y años después sería Alcalde de García; y en octubre de 2020 obtuvo otra concesión, cuando era Gobernador, de acuerdo con el Repda.

En Aguascalientes, los mismos datos del Registro Público de Derechos de Agua dan cuenta de cómo el panista Luis Armando Reynoso Femat, vinculado a proceso por defraudación fiscal así como por peculado y uso indebido del ejercicio público, cuenta junto con sus hermanos Graciela, Felipe, Laura, Olga Irene, Lourdes y Óscar con tres títulos de concesión de uso agrícola otorgados entre 1996 y 1998 que le permiten más de 200 mil m3 al año por cada uno de los títulos.

En Jalisco, el exgobernador y actual Senador del PAN Francisco Ramírez Acuña cuenta con una concesión de uso agrícola que obtuvo en 1999, dos años antes de asumir la gubernatura estatal y cuando se desempeñaba como Alcalde de Guadalajara. Este título le permite 25 mil m3 al año de aguas subterráneas de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico.

En tanto, en Guanajuato tres exgobernadores panistas y sus familias cuentan con diferentes títulos de concesión. Es el caso de la familia del expresidente Vicente Fox Quesada que goza de 18 concesiones en San Francisco del Rincón, Guanajuato, que le permiten abastecer de agua a sus distintas empresas, además, bajo un precio especial al tener un subsidio gubernamental que debe estar destinado sólo a pequeños productores. También figuran Miguel Márquez Márquez y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Los millonarios del agua

El informe “Los millonarios del agua” revela que entre los 3 mil grandes usuarios privados que acaparan las concesiones otorgadas por la Conagua están Kimberly Clark y Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego, así como FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras GoldCorp, y Buenavista de Grupo México, propiedad del otro millonario Germán Larrea Mota-Velasco, de acuerdo con el estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, 2020)

El acaparamiento se facilita porque la ley no establece un límite al volumen de agua que se puede concesionar a un actor privado dentro del margen de disponibilidad. Además, un usuario puede poseer múltiples concesiones a nombre de parientes, socios o prestanombres, como ocurre en el caso de la familia Tricio de Lala y Coca Cola, señala el reporte.
En lo que respecta a José Manuel Tricio Cerro y familia, accionistas de Grupo Industrial Lala aunque el volumen a su nombre es de 3.8 hm³/año, si se suman las concesiones de otros accionistas de Grupo Lala, el volumen asciende a 38 hm³/año. Lala ha sido acusada de sobreexplotar el agua en la Comarca Lagunera, lo que ha llevado a la población local a extraer agua con alto contenido de arsénico para uso doméstico.

En lo que respecta a Grupo Coca Cola, que incluye Bebidas Mundiales y Bepensa, el volumen concesionado sumado a sus otros usuarios (como Embotelladora del Nayar, Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, etc.) es de 39.4 hm³/año, ha sido denunciado por sobreexplotar mantos acuíferos en Chiapas y Tlaxcala.

Además, el reporte destaca los daños al ambiente de estos “millonarios del agua”

ArcelorMittal, la siderúrgica más grande del mundo, explota en México 100.5 hm³/año de agua (dividida en tres usuarios: Arcelormittal Las Truchas, Arcelormittal México y Arcelormittal Servicios Minero Metalúrgico de Occidente), destinada a la elaboración de acero. Sus extracciones han generado constantes reclamos ejidales por contaminación y despojo.

• Kimberly-Clark, de Claudio X. González Guajardo, dedicada a la fabricación de productos de limpieza, higiene y cuidado, tiene concesionado un volumen de 27.3 hm³/año de agua y ha sido denunciada por contaminar ríos y manantiales en Veracruz, Querétaro y Michoacán

La Minera Peñasquito, de la canadiense Goldcorp, a su vez ha sido acusada de contaminar cuerpos de agua en Zacatecas. Mientras que Buenavista del Cobre, de Grupo México, es acusada de contaminar, y tiene concesionados 53 hm³/año (61% industrial y 39% diferentes usos), lo que al parecer les permite evitar pagar la tarifa más alta de uso industrial.

El reporte señala que estos “millonarios del agua” tienen una fuerte presencia en la explotación de agua subterránea, utilizando el 47.2% (5,024 hm³/año) del total de este tipo de agua otorgada a los grandes usuarios, y se ubican en 99 de los 115 acuíferos sobreexplotados del país.

“Toman, transan, agandallan”

El informe “Beneficios en fuga” de Oxfam México expone que, a pesar de que el agua es propiedad de la nación y un derecho humano, el sistema legal e institucional en México ha permitido que se convierta en una mercancía que se acumula en pocas manos. Este patrón de “toman, transan, agandallan” se ejemplifica claramente en las concesiones de agua.

Este reporte identifica a los 10 concesionarios que más agua extraen para uso agrícola. La más importante, por ejemplo, es la Unidad de Riego de Candelaria A.C. (Campeche), que es el principal extractor de agua para uso agrícola en todo el país. La cantidad que extrae es equivalente a ocho veces lo que usan todas las personas en la entidad de Campeche para fines domésticos.

Oxfam también ilustra la magnitud de este acaparamiento al indicar que una persona tendría que vivir 12 millones de años para gastar el agua que las empresas agrícolas extraen en Campeche en un año, usando como referencia el límite diario contemplado en la ley.

A su vez menciona que ocho de los 10 mayores extractores de agua a nivel nacional para uso en servicios están relacionados con el turismo o la construcción. Siete de estas concesiones se encuentran en Quintana Roo.
Los diez concesionarios que más extraen agua para uso de servicios son:

1. Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V.. Oxfam calcula que si una persona tomara un baño con el agua que utiliza esta entidad en un año, la ducha sería de 4 mil años ininterrumpidos.
2. Quiroocan S.A. de C.V.. Esta empresa es propiedad de Simón Pedro Barceló, quien figuró como la persona número 21 más rica de España en 2024. Para consumir el agua que Quiroocan utiliza en un año, una persona tendría que vivir 340 mil años.
3. Promociones y Desarrollos Ribera Mujeres, S.A. de C.V..
4. Balneario Ojo del Carbón; Tlapanala, Puebla, S. de R.L..
5. Hotelera Playa Paraíso, S.A. de C.V..
6. Urbi Construcciones del Pacífico, S.A. de C.V..
7. Promotora Ecotur S.A. de C.V..
8. Inmobiliaria Xcunya S.A. de C.V..
9. Desarrollo Marina Vallarta, S.A. de C.V..
10. Gobierno del Estado de Morelos.

A pesar de que las extracciones para servicios son exorbitantes, el agua extraída por la Unidad de Riego de Candelaria (uso agrícola) es ocho veces mayor que la utilizada anualmente por el Aeropuerto de Cancún.

El mismo reporte menciona que CFE Generación IV E.P.S. es la principal extractora para uso industrial, encargada de múltiples plantas generadoras de energía donde el agua utilizada no puede reutilizarse. La cantidad de agua que esta entidad extrae anualmente alcanzaría para dar servicio a la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México durante 15 años y medio.

Otros concesionarios que extraen agua para uso industrial incluyen a Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, S.A. de C.V., varias entidades de la Comisión Federal de Electricidad (como Campo Geotérmico Cerro Prieto, B.C. y Central Termoeléctrica “José López Portillo”, Coah.), ISPAT Mexicana, S.A. de C.V., Agroindustrias del Balsas, S.A. de C.V., CPI Internacional, S.A. de C.V., Geotérmica para el Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., y Arcelormittal México, S.A. de C.V..

Oxfam resalta que la banca ha incursionado en el acaparamiento, lo cual apunta hacia la financiarización de un derecho humano. Menciona que tanto bancos como Corporaciones Internacionales han adquirido un total de 183 concesiones de agua para uso agrícola hasta septiembre de 2024.

El reporte denuncia que esta práctica contraviene la Constitución (Artículo 27, fracción V), la cual establece que los bancos no pueden tener tierra o agua que no sea indispensable para sus fines económicos.

Lo cierto es que las corporaciones internacionales han sido acusadas a nivel mundial de comprar terrenos que contienen cuerpos de agua y lucrar con los derechos de uso o servicios de agua, especulando así con su escasez en el contexto de la crisis climática.

Oxfam concluye que la débil regulación actual en la Ley de Aguas Nacionales permite el acaparamiento legal del agua, mientras que millones de personas sufren inseguridad hídrica. Además, este problema afecta particularmente a las mujeres, quienes, al asumir la mayor carga de cuidados, deben encargarse de caminar para conseguir agua o atender a familiares enfermos debido a la contaminación o escasez. La incapacidad del Estado para medir y fiscalizar correctamente la extracción y el uso de las concesiones contribuye al problema.