Este jueves Colombia registró una de las jornadas más violentas de la última década. Dos ataques armados en distintas regiones del país dejaron un saldo trágico de 13 personas muertas y decenas de heridos, según confirmaron autoridades locales y fuentes de seguridad.

En la ciudad de Cali, la tercera más poblada del país con 2.2 millones de habitantes, un camión cargado con explosivos estalló cerca de una base aérea de la Fuerza Aérea, dejando cinco muertos y 36 heridos.

La explosión ocurrió alrededor de las 15:00 horas y generó pánico entre los ciudadanos. Imágenes difundidas en redes sociales muestran vehículos en llamas, viviendas destruidas y personas huyendo despavoridas.

Héctor Fabio Bolaños, rector de un colegio cercano, relató a la AFP:

Alcanzamos a recibir el ruido estruendoso de la explosión (…) Luego no se pudo pasar, no se pudo ver nada, nada, porque hay muchos heridos, hay muchas casas que se han dañado al frente de la base. Los niños que tienen jornada de la tarde tocó entregárselos a sus padres porque vinieron a recogerlos, por el susto.”

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que el ataque estaba dirigido contra una escuela militar de aviación, lo que ha generado preocupación por la seguridad de las instituciones educativas y la población civil en la región. Alexis Atizábal, propietario de un almacén cercano, añadió que la explosión “quebró vidrios” y provocó daños materiales en su local.

Ataque con drones y fusiles en Antioquia

Más temprano, en el noroeste del país, una disidencia de la antigua guerrilla de las FARC atacó a un escuadrón de la policía durante un operativo de erradicación de cultivos de hoja de coca en el departamento de Antioquia.

Armados con fusiles y drones cargados con explosivos, los atacantes derribaron un helicóptero y se enfrentaron con los uniformados, dejando ocho muertos. Las autoridades aún investigan si todas las víctimas pertenecían a las fuerzas de seguridad.

El uso de drones explosivos se ha vuelto cada vez más frecuente en Colombia, convirtiéndose en una herramienta letal en manos de grupos armados ilegales.

Según un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las víctimas de artefactos explosivos, especialmente aquellos lanzados por drones, se duplicaron en los primeros meses de 2025.

El ataque se produce en un contexto de aumento de la violencia en Colombia, a poco más de un año de las elecciones presidenciales. El pasado 11 de agosto, el candidato favorito de la derecha, Miguel Uribe, falleció tras un atentado con disparos a la cabeza, evidenciando la tensión política y social en el país.

La violencia en Colombia

Colombia es el mayor productor mundial de cocaína, y los grupos armados y narcotraficantes se disputan el control del lucrativo negocio de la hoja de coca.

Según datos oficiales, en 2023 se registró un récord de 253 mil hectáreas de cultivos de coca, y el gobierno del presidente Gustavo Petro impulsa programas de erradicación voluntaria ofreciendo incentivos económicos a los campesinos.

El acuerdo de paz de 2016 desarmó a la mayoría de las FARC, pero no todos los territorios ocupados por los rebeldes fueron controlados por el Estado. Expertos señalan que esta ausencia de presencia estatal ha permitido que disidencias y grupos narcotraficantes se fortalezcan.

El presidente Petro hizo un llamado a declarar como “organizaciones terroristas” a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo, el mayor cartel de cocaína del país, destacando la necesidad de acciones contundentes para frenar la violencia:

Al Estado colombiano y al mundo, pedimos declarar como organizaciones terroristas a estos grupos que atentan contra la seguridad de los ciudadanos.”

Desde su llegada al poder en 2022, Petro ha buscado negociar con todos los grupos armados, pero la mayoría de los procesos de paz están estancados.

Las únicas conversaciones con avances son las realizadas con el Clan del Golfo en Catar y algunas escisiones de la guerrilla ELN y las disidencias de las FARC bajo alias Calarcá.

Las autoridades colombianas han reforzado la vigilancia y los operativos antinarcóticos, mientras que la comunidad internacional sigue de cerca la situación. La combinación de explosivos, drones y fusiles evidencia la sofisticación creciente de los ataques y la necesidad de una estrategia integral de seguridad.

Analistas advierten que la violencia podría escalar en el marco político-electoral y que la protección de la población civil, escuelas y hospitales debe ser prioritaria.

La coordinación entre el Ejército, la policía y las autoridades locales es clave para prevenir nuevos atentados y proteger a los ciudadanos en zonas de riesgo.