CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La salida de David García Ramírez, el Pistache, después de casi ocho años preso, vuelve a poner bajo la lupa a una de las organizaciones criminales más persistentes de la Ciudad de México.
El verdadero peligro no necesariamente es el regreso de un antiguo jefe, sino la disputa por un negocio que nunca desapareció: droga, extorsión, cobro de piso y control territorial.
En el caso de Roberto Moyado Esparza, el Betito, una eventual liberación no es hoy un hecho inminente, pero su expediente revela las dificultades que durante años enfrentó la autoridad para convertir investigaciones criminales en condenas sólidas.
La imagen que durante años construyeron las autoridades alrededor de David García Ramírez fue la de uno de los hombres que habían llegado a la cúpula de La Unión Tepito.
Su captura, en octubre de 2018, fue presentada como un golpe contra la estructura que disputaba el control delictivo de distintas zonas de la capital, casi ocho años después, el escenario cambió radicalmente. García Ramírez salió del Cefereso 13, en Oaxaca, el 19 de julio de 2026, después de cumplir la pena que permanecía vigente.
La noticia se conoció públicamente hasta agosto. Las versiones oficiales disponibles señalan que no existía otra sentencia que permitiera mantenerlo encarcelado, a pesar que la entonces Fiscalía local, encabezada por Ernestina Godoy, lo señalaron como el “enemigo público” número y aseguraron que con él en prisión la delincuencia disminuiría en las calles e incluso adelantaron una “sentencia ejemplar”.
En julio pasado, luego de grandes fallos y desatenciones de la Fiscalía capitalina, David García Ramírez, uno de los líderes fundadores de la Unión Tepito, quedó en libertad luego de cumplir una condena federal de ocho años en el penal de Oaxaca por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A la Fiscalía de Bertha Alcalde le competía mantenerlo en prisión y evitar que regresara a las calles, pero en dos audiencias los ministerios públicos no se presentaron y en la única que se concretó y donde buscaban imputar homicidios, extorsiones y secuestro, el trabajo de los agentes de investigación fue deficiente, por lo que el juez no tuvo más opción que dejarlo en libertad.
La misma situación sucede con Roberto Moyado Esparza, el Betito, líder fundador de la Unión Tepito y a quien las autoridades lo identificaron como el enemigo público número uno.
Luego de su detención en 2018, las autoridades aseguraron que él era el responsable de toda la violencia en la Ciudad de México y que su sentencia sería ejemplar; nada más alejado de la realidad.
De todos los crímenes que supuestamente habría cometido el Betito, sólo le pudieron imputar uno solo y fue sentenciado a 30 años de prisión, sin embargo apenas a mediados del mes pasado, en una revisión de sentencia, el testigo clave que tenía la Fiscalía para mantenerlo en prisión no se presentó.
Además, el ministerio público que llevaba el caso ya no está en la Fiscalía capitalina, fue dado de baja el año pasado por actos de corrupción; nadie más de los acusadores a cargo de Alcalde se presentó y por esos errores, el Betito también podría quedar en libertad a más tardar en noviembre próximo.
Una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la que Proceso tuvo acceso, revela la preocupación de las autoridades locales ante la inminente llegada del Pistache y el Betito a las calles de la Ciudad de México.
Según el análisis, el arribo de los capos representa un riesgo para los grupos pequeños que se adueñaron de las calles mientras ellos estaban en prisión. El documento señala que el choque no será únicamente contra carteles rivales o contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El verdadero riesgo es una purga interna sangrienta. Los liderazgos actuales que tomaron el control de las plazas, de los cobros a los comerciantes de la Cuauhtémoc y de los giros negros en Insurgentes difícilmente entregarán las llaves del negocio de manera pacífica.
De igual manera se emitió suerte de “alerta” contra funcionarios de la Fiscalía capitalina y otros cercanos a la jefa de gobierno Clara Brugada. Se busca evitar un atentado similar al de José Muñoz y Ximena Guzmán.
En estos casos el dato jurídico es fundamental: cumplir una condena no equivale a ser absuelto de todos los señalamientos que alguna vez hicieron las autoridades, pero tampoco puede confundirse un señalamiento policial o ministerial con una condena.
A decir de especialistas consultados por Proceso, es aquí donde la Fiscalía capitalina queda “mal parada”, así como todo el sistema de procuración de justicia al no poder imputar y sostener tras las rejas a quien ellos mismos identificaron como el responsables de la violencia en el centro del país.
“Cómo es posible que un personaje identificado durante años como parte de la dirigencia de la Unión Tepito terminara su condena sin que las autoridades pudieran sostener judicialmente otros delitos que le atribuían, pues por una falla y un problema estructural que se acarrea en nuestro país desde hace años: investigaciones que no siempre llegan a juicio con evidencia suficiente, acusaciones que dependen demasiado de testimonios vulnerables, dificultades para acreditar la estructura financiera y jerárquica de las organizaciones criminales y una histórica separación entre la inteligencia policial y la construcción de expedientes capaces de resistir el escrutinio de los jueces. Por eso a personajes importantes como el Chapo o el Mayo se los llevan a juzgar a otros lados, aquí, en unos cuantos meses estarían en libertad”, explicó Gisel de la Garza, abogada penalista por la UNAM.
La guerra que se viene
El regreso de un antiguo mando a las calles no significa automáticamente que La Unión Tepito vaya a recuperar el poder que tuvo durante sus años de mayor expansión, actualmente esta organización criminal ya no es la misma que existía cuando García Ramírez fue detenido.
En el mundo del crimen organizado urbano, la caída de un jefe rara vez significa la desaparición del negocio, el mercado permanece, así como los territorios, los consumidores y clientes, las redes de extorsión y, sobre todo, los grupos que aprendieron a sobrevivir sin el jefe original ya crecieron.
Por eso el escenario más preocupante para la Ciudad de México no necesariamente sería una simple “vuelta” del Pistache, sino una disputa entre distintas células por quién tiene derecho a utilizar el nombre, los contactos y los territorios asociados con La Unión Tepito. La experiencia de los últimos años muestra precisamente eso: el debilitamiento de una organización criminal grande puede producir fragmentación, no necesariamente desaparición, y la fragmentación puede ser particularmente violenta.
Cuando una organización centralizada pierde a su jefe, los mandos intermedios pueden intentar independizarse, algunos buscan conservar las rutas de distribución de droga; otros, los corredores de extorsión; otros, los contactos con comerciantes o grupos dedicados al robo.
En ese proceso aparecen nuevas alianzas y nuevos enemigos, con este panorama la consecuencia puede ser una ciudad en la que el nombre de una organización criminal sobreviva aunque su estructura original haya cambiado.
La amenaza está en el territorio
La Unión Tepito ha estado vinculada históricamente con actividades como narcomenudeo, extorsión y homicidio, pero para entender su capacidad de supervivencia hay que mirar menos al personaje y más al modelo de negocio.
“La extorsión es especialmente importante, una organización puede perder a un líder y seguir cobrando cuotas, porque quienes cobran no necesariamente necesitan recibir instrucciones todos los días de un jefe nacional, así el negocio puede quedar descentralizado. Un comerciante amenazado no siempre sabe, ni necesita saber, quién está realmente detrás de la amenaza.
“Basta con que el extorsionador pueda demostrar que tiene capacidad para ejercer violencia y ese fenómeno hace que la recuperación territorial sea potencialmente más complicada que una guerra abierta entre dos grandes cárteles y esa disputa con el grupo del jefe que regresó se manifiesta con más amenazas a comerciantes, con golpes y asesinatos selectivos, desapariciones, ataques contra pequeños grupos rivales, desplazamiento de vendedores, control de calles y presión sobre comerciantes.
“Incluso, no se descartan protestas para exhibir la problemática, pero éstas pueden ser de los mismos grupos que se sienten expulsados del negocio ilícito”, expuso Salvador Ramírez Ortega, criminólogo y especialista en delincuencia organizada por el Colegio de la Frontera Norte (Colef).
¿Qué podría pasar si el Betito regresara?
En diciembre de 2022, Roberto Moyado Esparza, el Betito, recibió una sentencia de 43 años y nueve meses de prisión por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, por hechos ocurridos en marzo de 2015 en la colonia Morelos. La sentencia fue posteriormente confirmada por un tribunal de alzada.
Además, una fuente oficial de seguridad consignó otra condena federal por delitos relacionados con drogas, arma de fuego y cartuchos, luego, un tribunal colegiado redujo esa pena de nueve años a ocho años y seis meses debido a inconsistencias en declaraciones de agentes federales.
Sin embargo, el dato clave que podría revocar esta sentencia está en el mal actuar de la fiscalía en turno al no dar seguimiento ni sustentar jurídicamente las imputaciones hacia el imputado.
El Betito no fue solamente un operador. Fue identificado por las autoridades como uno de los principales dirigentes de La Unión Tepito, una eventual salida podría alterar equilibrios construidos durante años, pero su regreso tampoco significaría automáticamente que retomaría el mando.
Durante el tiempo que ha permanecido preso surgieron nuevos operadores, células y alianzas. De hecho, un documento de síntesis de la Suprema Corte que recoge información periodística señaló en 2025 que, aun con Moyado en prisión, estructuras familiares vinculadas con él continuaban relacionadas con actividades de extorsión y venta de droga.
En el tiempo que el fundador de la Unión estuvo preso, la organización criminal demostró que puede sobrevivir a sus dirigentes, pues actualmente su nombre puede valer más que el jefe.
“En las organizaciones criminales urbanas, una marca criminal puede convertirse en una especie de franquicia, el nombre genera miedo, el miedo produce obediencia y la obediencia genera dinero.
“Por eso no necesariamente existe una sola Unión Tepito. Puede haber distintas células que utilicen el nombre para reclamar un territorio o para intimidar a comerciantes, esto explica por qué la eventual salida de un antiguo dirigente podría generar dos efectos contradictorios; el primero sería la posibilidad de una reunificación parcial de células y el segundo, quizá más peligroso, sería una guerra por impedir esa reunificación, puesto que los grupos que actualmente obtienen beneficios del mercado criminal no necesariamente tendrían incentivos para devolverle poder a un antiguo jefe.
“Así que el regreso del Pistache o del Betito podría convertirse en una prueba para medir cuánto poder real conserva y quiénes están dispuestos a reconocerlo”, expuso Ramírez Ortega.
La propia historia de La Unión Tepito demuestra que capturar dirigentes no basta. Cayó Pancho Cayagua, el Betito, el Pistache y otros operadores de mayor o menor rango, sin embargo el fenómeno criminal sobrevivió mediante relevos, fragmentaciones y nuevas células.
La captura de un jefe produce una fotografía. La desarticulación de una organización requiere una película completa, una ciudad que puede quedar atrapada entre dos guerras si el Pistache intenta reconstruir influencia, podría encontrarse con una estructura criminal muy diferente de aquella que dejó en 2018, y por el otro lado, si el Betito regresa por sus fueros, encontraría igualmente un ecosistema criminal distinto.
En ambos casos, el mayor riesgo para la Ciudad de México no sería necesariamente que los antiguos jefes regresaran a dirigir exactamente la misma organización, el riesgo sería que su regreso alterara el equilibrio existente entre células que hoy controlan distintos mercados y territorios; cuando esos equilibrios se rompen, la violencia puede aparecer.
Las autoridades capitalinas tendrán que determinar si García Ramírez pretende reconstruir una red, si existen células que busquen acercarse a él y si su nombre está siendo utilizado por terceros.
