Cruz Azul en Tula: una cuenta, un testigo y la trama del huachicol… de cemento
La pugna por la Cooperativa Cruz Azul alcanza un nuevo nivel con lo que la FGJCDMX llama “huachicoleo de cemento”, un esquema de presunto robo y venta paralela ilegal del producto que involucra a directivos enfrentados.
PACHUCA, Hgo.– Una denuncia por presunto fraude, debido a transferencias desde una cuenta en el banco HSBC “mediante engaños”, llevó a conocer un probable entramado de robo de producto en la planta de Tula, que los agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) denominaron “huachicoleo de cemento”.
Una carpeta de investigación de la Fiscalía capitalina relacionada con el conflicto de Cruz Azul, a la que Proceso tuvo acceso, evidencia una trama de venta no regulada, uso de compañías alternas y procedimientos simulados por la que se investiga a miembros de uno de los dos grupos que disputan el control directivo de la Cooperativa La Cruz Azul SCL.
Se trata de la facción liderada por Federico Sarabia Pozo, detenido por este caso el 31 de agosto último en un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR). Asumido antes como presidente legítimo o administrador facultado para el manejo de La Cruz Azul, Sarabia era afín a Guillermo Billy Álvarez Cuevas, exdirector general de la Cooperativa y expresidente del club de futbol de primera división, detenido el 16 de enero de 2025 en la Ciudad de México, tras permanecer prófugo desde 2020.
A su vez, el grupo de Sarabia acusa a Víctor Velázquez Rangel, el líder de la otra corriente en disputa, de sabotaje para impedir la producción cementera, toma ilegal del inmueble en el antiguo poblado de Jasso, de daño patrimonial, posible corrupción en el manejo financiero y de ser favorecido por un supuesto vínculo con el partido en el poder, Morena, así como por relaciones políticas con la FGR presidida por Ernestina Godoy Ramos.
El grupo de Sarabia tenía la posesión de la planta en Tula hasta la jornada violenta que inició la madrugada del 12 de febrero último, tras la intervención en territorio hidalguense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para recuperar el inmueble por orden de un juez de aquella entidad.
Ambos grupos se acusan del saldo de los enfrentamientos armados en intentos previos por tomar la planta en Tula: el más grave, el del 27 de abril de 2022, cuando convoyes de autobuses de la Ciudad de México y el Estado de México llegaron para apoderarse de las instalaciones; hubo tiroteos, incendio de vehículos y ocho muertos.
La confrontación entre ambas facciones mantiene a un poblado en crisis social, agudizada por la falta de empleo, la caída de venta de comercios y el temor de que ocurran más ataques. Luego de que la planta fue entregada al grupo de Velázquez, hombres armados no identificados ingresaron y la tienen, hasta ahora, bajo custodia. Después, también ingresó personal de seguridad.
Los entramados
El 11 de mayo de 2022 la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros de la FGJCDMX inició la carpeta de investigación CI-FIEDF/T/UI-1 S/D/00760/05-2022 tras una denuncia presentada por el presunto desfalco de 129 millones 960 mil pesos, mediante movimiento de una cuenta de HSBC por parte de Esteban Alejandro Gómez Castillo, quien se acreditó como representante legal de Azul Concretos y Premezclados, SA de CV. Dicha empresa está constituida con capital de los cooperativistas.
El dictamen en materia de contabilidad CI-FIEDF/T/UI-1 S/D/00760/05-2022 refiere que entre esos 129.6 millones de pesos hubo mil 327 transferencias con el concepto “pago de nómina a socios”, para 155 beneficiarios que ascendieron a 67.6 millones de pesos. Federico Sarabia Pozo (número de socio 2112) recibió 660 mil pesos vía 12 operaciones.
Dicho dictamen fue elaborado por la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Financieros, con información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
