UIF ahora podrá bloquear cuentas sin orden judicial; decisión dividida en la SCJN
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá facultades para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, ante indicios de lavado de dinero o terrorismo.
Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó dicha facultad, con seis votos a favor y tres en contra.
El pleno de la Suprema Corte resolvió que el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito garantiza el derecho de audiencia y no otorga facultades discrecionales a la Secretaría de Hacienda, sino que protege la posibilidad de ofrecer pruebas y la obligación de contar con una resolución fundada y motivada.
Se consideró que la medida no declara culpables ni sustituye las actuaciones del Ministerio Público, mientras que permite a las autoridades actuar a tiempo ante la posible comisión de un delito.
Además, el Estado mexicano cumple con sus compromisos internacionales relacionados con el combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo.
Con este fallo, la Corte abandonó la jurisprudencia establecida en 2018, que sólo permitía bloqueos bajo solicitud extranjera.
Loretta Ortiz, ministra ponente, señaló que la medida es administrativa y preventiva, no un castigo penal.
En contraste, la ministra Yasmín Esquivel advirtió que no se debe sacrificar la seguridad jurídica por la utilidad del combate financiero, pues la norma actual fue redactada de forma deficiente.
Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa indicó que la medida se asocia con la investigación penal, por lo que no puede sostenerse que tenga una naturaleza administrativa.
Corte valida superpoder a la UIF; podrá congelar cuentas sin orden judicial
En decisión dividida, ministros advierten que se puede sacrificar el principio de seguridad jurídica.
Por una mayoría de seis votos contra tres, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para integrar la lista de personas bloqueadas y realizar el congelamiento de cuentas sin orden judicial, por motivos nacionales, cuando existan indicios de delitos como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
En la discusión se resolvió que el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito no otorga a este organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una facultad discrecional, y sí garantiza el derecho de audiencia, la posibilidad de ofrecer pruebas y la obligación de contar con una resolución fundada y motivada.
En su proyecto, la ministra ponente, Loretta Ortiz Ahlf, planteó que el congelamiento o bloqueo de cuentas bajo indicios de vínculos con delitos no es un castigo penal, sino una medida administrativa y preventiva. Además, se consideró que la medida no declara culpables ni sustituye las actuaciones del Ministerio Público, permitiendo a las autoridades actuar a tiempo ante la posible comisión de un delito.
Con esto, el Estado mexicano cumple con sus compromisos internacionales relacionados con el combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo. Legisladores de oposición habían impugnado la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito (reformado el 11 de marzo de 2022), al considerar que vulnera el principio de presunción de inocencia, el debido proceso y la seguridad jurídica, pretendiendo invadir facultades del Ministerio Público.
En la sesión, la Corte abandonó la jurisprudencia establecida por la anterior integración del máximo tribunal en 2018, en la que se disponía que los bloqueos sólo eran constitucionales cuando existía una solicitud expresa de una autoridad extranjera.
Control
En contra del proyecto votaron la ministra Yasmín Esquivel Mossa y los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García, quienes advirtieron la necesidad de establecer controles para que la UIF no actúe bajo simples sospechas.
“No debemos autorizarla para que tenga una facultad tan abierta sobre las personas cuentahabientes del país, porque aun cuando sea una medida útil para el combate al uso indebido del sistema financiero, tampoco por virtud de una norma redactada en forma deficiente podemos sacrificar el principio de seguridad jurídica bajo la idea de que el fin justifica los medios”, planteó la ministra Yasmín Esquivel.
“Resulta evidente que la medida se relaciona de manera directa con la materia penal; en mi opinión, al considerarse la procedencia del bloqueo frente a la presencia de indicios de un delito, la medida se asocia con la investigación penal, de modo que no puede sostenerse que tenga una naturaleza meramente administrativa ni que se ubique dentro de las competencias constitucionales propias de la Secretaría de Hacienda”, indicó Figueroa.
En otro proyecto, elaborado por la ministra Lenia Batres, se negó un amparo a la empresa Fresh Packing Corporation, con sede en California, Estados Unidos, presunta propiedad de Vicente Zambada Zazueta —sobrino de Ismael El Mayo Zambada—, por estar en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF al recibir depósitos no justificados por 2.1 millones de pesos y 21 millones de dólares en efectivo.
Cae líder de mafia cubana
Remigio Valdez Lao, alias Milo, señalado como presunto coordinador operativo y financiero del grupo delictivo mafia cubano-americana, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en Benito Juárez, Quintana Roo. Valdez Lao cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de personas y delincuencia organizada.
El Gabinete de Seguridad informó que Milo también era identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en la entidad. Tras su detención, fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México para continuar con su proceso de extradición.
En el operativo de captura también participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal.
Junto con Valdez Lao fue detenida Joseline García Viscaíno, integrante del mismo grupo delictivo, a quien se le aseguraron 38 dosis de marihuana y una camioneta.
El Gabinete de Seguridad detalló que, a partir de trabajos de inteligencia e investigación para el seguimiento de organizaciones criminales por parte de la Marina, los efectivos ubicaron al sospechoso requerido por las autoridades estadunidenses.
Con la información obtenida, se realizaron recorridos de seguridad en el fraccionamiento Residencial Arbolada, del municipio de Benito Juárez (Cancún), donde los agentes detuvieron a Valdez Lao y García Biscaino mientras circulaban en una camioneta color gris.
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