Durante el proceso judicial, el Ministerio Público sostuvo que existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad del imputado en los hechos.
La representación social adelantó que, en caso de obtener una sentencia condenatoria, solicitará la pena máxima prevista por la ley. Para este delito, la sanción mínima es de 18 años de prisión y puede alcanzar hasta 35 años, conforme al marco legal vigente.
