Que haya consecuencias para los partidos por el descontento ciudadano, sin poner en riesgo el pluralismo ni abrir la puerta al dinero ilegal, es uno de los planteamientos más innovadores que el Instituto Nacional Electoral (INE) incluye en su paquete de propuestas de reforma.
Lejos de recomendar la eliminación del financiamiento público, el organismo propone mantenerlo como eje del sistema, pero modificar su fórmula para que la abstención y el voto nulo tengan efectos presupuestales reales.
El diagnóstico parte de una defensa explícita del modelo de financiamiento público.
El INE subraya que su reducción no resolvería un problema fiscal relevante: “el financiamiento anual del INE representa apenas entre el 0.2% y el 0.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación (es decir, entre 20 y 50 centavos de cada 100 pesos), y el de los partidos políticos el 0.08% (8 centavos de cada 100 pesos)”.
Además, advierte que estos recursos son “indispensables para la supervivencia de los partidos más pequeños y para organizar elecciones íntegras y accesibles”.
Sin embargo, reconoce el malestar social frente al desempeño de los institutos políticos y plantea una salida distinta al recorte lineal: “Si el problema es la eficiencia del gasto o el descontento con el desempeño de los partidos, entonces se podrían aprovechar las ventajas de la tecnología, fortalecer el sistema de fiscalización o vincular la fórmula de financiamiento de partidos al grado de descontento ciudadano (por ejemplo, dando efectos presupuestales a la abstención o al voto nulo), en lugar de poner en riesgo la existencia de partidos minoritarios o la calidad de las elecciones”.
La propuesta implica que una parte del dinero público que hoy se reparte automáticamente según el padrón y la votación válida se ajuste en función de cuántos ciudadanos deciden no votar o anular su sufragio, de modo que el rechazo social tenga consecuencias directas en las prerrogativas de los partidos.
El Instituto insiste, no obstante, en que el financiamiento público debe seguir siendo la base del sistema: “El financiamiento público ordinario es indispensable para mantener las actividades permanentes de los partidos políticos y puedan cumplir con el mandato constitucional de promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público”.
Por ello, propone revisar la fórmula “garantizando su suficiencia para mantener el pluralismo, pero bajo criterios de racionalidad presupuestaria, transparencia y fiscalización efectiva”.
Como parte de esta racionalización, el INE plantea eliminar prerrogativas obsoletas, como la franquicia telegráfica prevista en la ley, al considerar que “han perdido vigencia en el contexto actual, dado el desuso de dichos medios” y que suprimirlas permitiría “un ahorro presupuestal en el sistema de prerrogativas, al tiempo que se ajusta a las prácticas contemporáneas de comunicación política”.
En paralelo, reafirma que “el financiamiento público sea la forma de financiamiento predominante para partidos políticos nacionales”, acompañado de una fiscalización más eficaz y de reglas que permitan aportaciones electrónicas plenamente trazables, para evitar que el debilitamiento de los recursos públicos abra la puerta a la captura privada o criminal de la política.
La lógica que atraviesa todas estas propuestas es clara: no asfixiar al sistema de partidos, pero sí hacerlo sentir el peso del descontento ciudadano.
No eliminar el dinero público, sino convertirlo en un incentivo y una sanción democrática, donde la abstención y el voto nulo dejen de ser sólo un mensaje simbólico y se reflejen directamente en el bolsillo de las fuerzas políticas.
