La represión, impunidad y abusos en los derechos de las personas detenidas son cada vez más frecuentes en Nicaragua, de acuerdo con Amnistía Internacional.
En su Informe 2022/23 Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo, la organización denunció hostigamiento y procesos penales contra periodistas, activistas y disidentes.
“El gobierno continuó endureciendo las restricciones ilegítimas del derecho a la libertad de expresión, asociación pacífica y reunión, lo que dificultó la actividad de los movimientos políticos y sociales”, afirmó en el reporte publicado la semana pasada.
Además, la administración que encabeza el presidente Daniel Ortega canceló la validez jurídica de más de mil organizaciones y partidos políticos opositores el año pasado y 12 universidades fueron cerradas.
“Las personas que ejercían el activismo político y las que eran consideradas detractoras de las políticas gubernamentales sufrieron diversas formas de hostigamiento”, agregó el documento de la organización con sede en Londres.
La situación en el país centroamericano se agravó luego de las protestas de 2018 contra el gobierno de Ortega, que derivó en cientos de detenidos en calidad de presos políticos. Algunos fueron condenados con hasta 13 años de prisión, en procesos irregulares.
Las condiciones de su reclusión vulneran el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
Incluso, las organizaciones civiles, familiares y abogados externaron las condiciones de las detenciones, como la falta de comunicación durante periodos prolongados, negación de atención médica, así como la prohibición de las visitas de familiares.
“Las mujeres sufrieron violaciones de derechos humanos en razón de su sexo, tales como insultos de carácter sexual, reclusión prolongada en régimen de aislamiento y restricciones adicionales a las visitas de sus hijos pequeños”, detalló el organismo.
El gobierno sandinista abrió un frente contra diversas entidades críticas, incluida la Iglesia católica.
Destaca el caso del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión tras negarse a ser deportado a Estados Unidos.
El mes pasado, Ortega ordenó retirar la nacionalidad a un grupo de ciudadanos opositores, entre quienes figuraban los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
“Además, periodistas y medios de comunicación siguieron encontrando obstáculos a su trabajo, mientras que los ataques y el hostigamiento que sufrían quedaban impunes”, denunció AI.
Al menos dos periodistas fueron condenados a penas de prisión tras “juicios injustos”.
En 2022, se clausuraron al menos 15 emisoras de radio y canales televisión.
Ante esto, los llamados para cambiar esta situación se mantienen.
“Expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaron al gobierno a que se abstuviera de utilizar la legislación de forma arbitraria y de emplear prácticas abusivas para restringir la participación de la ciudadanía y su libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”, concluyó AI.
