Un juez federal en New Hampshire ha bloqueado temporalmente la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La decisión, emitida por el juez Joseph Laplante, responde a una demanda colectiva presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. La demanda representa a niños nacidos en el país cuyos padres no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales.
La orden ejecutiva, firmada por Trump el 20 de enero de 2025, pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados y de aquellos con estatus migratorio temporal, como estudiantes o turistas. Esta medida contradecía la interpretación tradicional de la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, con pocas excepciones.
El juez Laplante calificó la privación de la ciudadanía por nacimiento como un “daño irreparable” y afirmó que la ciudadanía es “el mayor privilegio que existe en el mundo”. Aunque su fallo incluye una suspensión de siete días para permitir apelaciones, la decisión impide que la orden ejecutiva entre en vigor el 27 de julio, como estaba previsto.
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La ACLU y otras organizaciones argumentaron que la orden ejecutiva de Trump es inconstitucional y que crearía una subclase permanente de personas nacidas en Estados Unidos sin derechos plenos. Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, declaró:
“Hoy, el tribunal certificó a un grupo de niños a nivel nacional afectados por la orden ejecutiva del presidente y prohibió su entrada en vigor el 27 de julio. Esto protegerá a todos los niños del país de esta orden ejecutiva ilegal, inconstitucional y cruel”.
La administración Trump defendió la orden ejecutiva como una medida para proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense. En una declaración previa a la audiencia, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que la administración estaba comprometida a implementar legalmente la orden para restaurar la Enmienda 14 a su intención original.
Este fallo se produce tras una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que limita la capacidad de los jueces federales para emitir órdenes judiciales a nivel nacional, permitiendo tales medidas solo en casos de demandas colectivas. La demanda en New Hampshire se presentó el mismo día que la Corte Suprema emitió su fallo, buscando proteger a todos los niños afectados por la orden ejecutiva en todo el país.
La orden ejecutiva ha sido objeto de múltiples desafíos legales en todo Estados Unidos. Además del caso en New Hampshire, se han presentado demandas en estados como Maryland y Washington, donde los jueces también han bloqueado la implementación de la orden. Estas acciones legales reflejan una amplia oposición a la medida y subrayan la importancia de la ciudadanía por nacimiento como un principio fundamental del sistema legal estadounidense.
