La ley contra el lavado de dinero quedó lista para su promulgación en la Cámara de Diputados, con el aval de la mayoría oficialista, el voto en contra del PRI y la abstención del PAN y MC al reconocer avances, pero también peligro por el acceso sin límites a información sensible.
En voz de los diputados de Morena y PT se dio respuesta a las dudas de la oposición, con el argumento que con las nuevas medidas los ciudadanos de bien no tienen nada de qué temer.
“Combatiremos a los criminales de cuello blanco con inteligencia, prevención y con acción. Esta reforma es un golpe a la corrupción que se alimentan de recursos ilícitos. Solamente los políticos corruptos, los criminales”, alegó el diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT).
Con 297 votos en pro de Morena, PVEM y PT, 37 priistas en contra y 87 abstenciones de los panistas y la bancada naranja, este ordenamiento fue enviado a la titular del Ejecutivo Federal para concluir el proceso legislativo.
Al retomarse este lunes en San Lázaro, las sesiones del periodo extraordinarios, la asamblea redujo los tiempos de discusión para darle su aval a los dictámenes que tuvieron al Senado como Cámara de origen.
El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) calificó de positivas las obligaciones para identificar al beneficiario controlador, a fin de detectar al beneficiario final y propietario real de todas las transacciones, actualizando así recomendaciones y convenios internacionales.
“¿Pero en qué no podemos estar de acuerdo? En la utilización nuevamente de los datos personales que va a tener el gobierno sin control judicial, accediendo de forma indiscriminada y desproporcionada en la vida privada de las personas, incluso rompiendo el secreto bancario que podrán acceder a las cuentas bancarias sin control judicial”, reclamó el panista.
CIERRA VACIOS LEGALES
El diputado Mejía sostuvo que “la reforma cierra vacíos legales que permitían a los delincuentes mover recursos ilícitamente y protegerse con empresas fachada, con brokers y demás utilería que aprovechan para delinquir”.
Subsecretario de Seguridad Ciudadana en el sexenio anterior, el petista explicó que, con esta reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera, autoridades fiscales y de seguridad contarán con instrumentos para detectar, investigar y frenar operaciones ilícitas.
“Los lavadores de dinero deben preocuparse por esta ley, no los ciudadanos, no los mexicanos; con esta ley, México estará más blindado contra los delincuentes de cuello blanco que son tan sucios como los peores narcotraficantes”.
Mariana Benítez Tiburcio (Morena), quien fue subprocuradora en el sexenio de Jesús Murillo Karam, explicó que la reforma amplía la cobertura legal para incluir, expresamente, la prevención al financiamiento del terrorismo.
“Prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo no es tarea exclusiva del Estado, es una responsabilidad compartida de sector privado, de gobierno y también haría un llamado a la oposición, esa oposición mezquina y ruin que ante este tipo de retos que tenemos en el país sigue persiguiendo los intereses partidistas”, reclamó la ex priista al defender la importancia de acceder a información en manos de particulares.
RECONOCE OPOSICIÓN CAMBIOS
Entre los avances reconocidos por el PAN está el de garantizar, con este nuevo ordenamiento, el alineamiento con los criterios fijados por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) del que México es parte desde 2010.
“También reconocemos la incorporación de nuevas actividades catalogadas como vulnerables; creemos que es bueno llevar a cabo supervisión sobre transacciones en criptomonedas y en desarrollos inmobiliarios e inversiones en algunos fideicomisos”, enumeró el diputado Héctor Saúl Téllez.
“Todos coincidimos en la importancia de fortalecer el marco institucional para hacer frente a la delincuencia organizada, más ahora en el contexto de las acusaciones por lavado de dinero, realizadas por los Estados Unidos de América en contra de CIBanco Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa”, señaló Iraís Reyes (MC).
jcp
