Un juez federal de Estados Unidos ha asestado al presidente Donald Trump y a su aliado multimillonario Elon Musk el primer revés en su desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), al afirmar que ordenará la suspensión temporal de los planes para despedir a miles de empleados de la Agencia.
El juez de distrito Carl Nichols, que fue nominado por Trump, se puso del lado de dos asociaciones de empleados federales al acordar una pausa en los planes para poner a 2.200 empleados en suspensión de empleo remunerada horas antes de que estuviera previsto. Nichols subrayó que su orden no era una decisión sobre la petición de los empleados de evitar el rápido desmantelamiento de la agencia por parte de la Administración.
“Cerradla”, dijo Trump en las redes sociales sobre USAID antes del fallo del juez. USAID es el principal brazo del Gobierno estadounidense para el desarrollo en el extranjero. Se creó mediante una orden ejecutiva del entonces presidente John F. Kennedy y actualmente emplea a unas 10.000 personas, dos tercios de las cuales trabajan en el extranjero.
La Asociación Estadounidense del Servicio Exterior y la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno argumentaron que Trump carece de autoridad para cerrar la agencia de ayuda sin la aprobación del Congreso. Los legisladores demócratas han esgrimido el mismo argumento.
La Administración de Trump se movió rápidamente el viernes para borrar el nombre de la agencia ocultando el cartel de la sede en Washington. Para ello, utilizaron cinta adhesiva y retiraron banderas de USAID. Alguien colocó un ramo de flores frente a la puerta.
Elon Musk, que dirige el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental enfocado en recortar el presupuesto del país, han hecho de USAID su mayor objetivo hasta ahora en un desafío sin precedentes para el Gobierno federal.
Los designados por la Administración y los equipos de Musk han acabado con casi toda la financiación de la agencia, deteniendo los programas de ayuda y desarrollo en todo el mundo, colocando a los empleados y contratistas en excedencia y permisos y bloqueándolos del correo electrónico y otros sistemas de la agencia.
Desmantelamiento a gran escala
Según los legisladores demócratas, también se han llevado los servidores informáticos de USAID. “Se trata de un desmantelamiento a gran escala de prácticamente todo el personal de una agencia entera”, dijo al juez Karla Gilbride, abogada de las asociaciones de empleados.
El abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate, argumentó que la Administración tiene toda la autoridad legal que necesita para poner a los empleados de la agencia en excedencia.
“El Gobierno hace esto todos los días”, dijo Shumate. “Eso es lo que está ocurriendo aquí. Son solo números”. El fallo del viernes es el último revés en los tribunales para la administración Trump, cuyas políticas de ofrecer incentivos financieros para que los trabajadores federales renuncien y poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para cualquier persona nacida en los Estados Unidos.
Un grupo de media docena de funcionarios de USAID que hablaron con los periodistas disputaron fuertemente las afirmaciones del secretario de Estado Marco Rubio de que los programas más esenciales para salvar vidas en el extranjero estaban recibiendo exenciones para continuar la financiación.
Los funcionarios afirmaron que no se había concedido ninguna. Entre los programas que, según dijeron, no habían recibido exenciones, figuran 450 millones de dólares (435 millones de euros) en alimentos cultivados por agricultores estadounidenses suficientes para alimentar a 36 millones de personas, que no se estaban pagando ni entregando.
Y el suministro de agua para 1,6 millones de personas desplazadas por la guerra en la región sudanesa de Darfur, que estaba siendo cortado sin dinero para combustible para hacer funcionar bombas de agua en el desierto.
La orden del juez tenía que ver con la decisión de la Administración Trump a principios de esta semana de retirar a casi todos los trabajadores de USAID de sus puestos de trabajo en todo el mundo.
Trump y los republicanos del Congreso han hablado de trasladar un número muy reducido de programas de ayuda y desarrollo bajo el Departamento de Estado. Dentro del propio Departamento, los empleados temen reducciones sustanciales de personal tras la fecha límite de la oferta de la administración Trump de incentivos financieros para que los trabajadores federales renuncien, según funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Un juez bloqueó temporalmente esa oferta y fijó una audiencia para el lunes. A principios de esta semana, la Administración dio a casi todos los empleados de USAID destinados en el extranjero 30 días, a partir del viernes, para regresar a EE.UU., y el Gobierno pagaría sus gastos de viaje y mudanza.
Los diplomáticos de las embajadas solicitaron exenciones para conceder más tiempo a algunos de ellos, incluidas las familias obligadas a sacar a sus hijos de la escuela a mitad de curso.
En un comunicado publicado en el sitio web de USAID a última hora del jueves, la agencia aclaró que ninguno de los miembros del personal en el extranjero en situación de excedencia se vería obligado a abandonar el país en el que trabaja.
Sin embargo, los trabajadores que decidieran permanecer más de 30 días en el país podrían tener que correr con sus propios gastos, a menos que recibieran una exención específica por dificultades económicas.
