Las irregularidades en el uso de los recursos públicos por parte de las universidades impactan de manera directa en la educación que reciben 1.7 millones de estudiantes de nivel superior.
Sin embargo, las fallas no deben ser pretexto para reducir su presupuesto, aseguró Natalia Campos, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Creo que éste es un tema que vale la pena tener en el radar, la política educativa es una tarea pendiente y va a ser un desafío en este sexenio, y un tema muy importante es que el presupuesto se asigne correctamente y se dé un uso eficiente a los recursos y esto implica transparentar en la medida de lo posible todo lo que gastan las universidades autónomas y también cómo gastan otras instituciones de educación superior”, planteó.
De acuerdo con un reporte del Imco del año pasado, con base en los datos más recientes, prácticamente ocho de cada diez universidades públicas estatales presentan irregularidades en el uso de los recursos públicos.
En la Cuenta Pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró deficiencias en 27 de 35 universidades públicas estatales, que suman mil 700 millones de pesos.
Identificamos deficiencias en el pago al personal, por ejemplo de pagos a trabajadores, que no están en la plantilla autorizada, eso pasa con relativa frecuencia, sumado a pagos a trabajadores que incluso están fallecidos” destacó Campos.
La investigadora señaló que la asignación de presupuesto habla de las prioridades de los gobiernos y que no puede haber políticas públicas sin dinero suficiente.
Entonces, creo que la asignación de presupuesto es un buen escenario para volver a hablar de este tema y exigir a las universidades la no repetición de estas observaciones y en algunos casos en los que no se han atendido, pues atenderlas, porque eso pasa mucho, se hacen las observaciones de la auditoría y pueden pasar años sin que se atiendan. Entonces, este también es un reto muy importante y que vale la pena traer al debate a propósito del presupuesto”, consideró.
Campos advirtió que las irregularidades en la gestión de recursos públicos también impactan de manera directa en el rendimiento de alrededor de 85 mil docentes.
Detalló que entre las irregularidades más comunes se encuentran fallas en la reintegración de recursos a la Federación; deficiencias en los sistemas de control interno; discrepancias y falta de información en la información contable; fallas en los sistemas de nómina y deficiencias en el reporte a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Un manejo que no es transparente ni es eficiente, pues no sólo va en contra de las reglas y la normatividad actual en materia de finanzas, sino también puede afectar la educación dado que los recursos no necesariamente se usan de forma óptima para garantizar la calidad educativa”, insistió
En este contexto, mencionó que para evitar estas situaciones es muy importante el fortalecimiento de los sistemas contables y de nómina, así como la identificación de malas prácticas.
Aclaró que encontrar irregularidades no sería un argumento para disminuir el presupuesto de las instituciones, sino para fortalecer el tema de la transparencia.
