En los últimos meses, Sinaloa ha vivido una escalada de violencia que impacta profundamente a sus comunidades. Esta situación ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad en el campo pesquero Las Arenitas, en el municipio de Eldorado, donde los habitantes enfrentan ataques con explosivos lanzados desde drones. Este método ha desatado el miedo y causado daños materiales, evidenciando cómo el conflicto entre las facciones del Cártel del Pacífico , Los Chapitos y Los Mayos, ha tocado a la población civil de manera alarmante.
El testimonio de los habitantes: miedo y desesperación
Los habitantes de Las Arenitas han denunciado que los enfrentamientos armados son constantes en la zona. A esta realidad se suma ahora el uso de explosivos lanzados desde drones, lo cual ha intensificado el miedo y dejado huellas tangibles en las viviendas cercanas a los manglares, con ventanas rotas y estructuras debilitadas. El 7 de noviembre, en un solo día, se registraron dos tiroteos en la comunidad, uno por la mañana y otro más intenso por la tarde, con seis explosiones que resonaron en toda la localidad.
«Es muy difícil vivir así», declaró una residente al medio Ríodoce, mostrando su desesperación ante la falta de opciones para huir de la violencia.
Durante una visita a Eldorado, el gobernador Rubén Rocha Moya fue abordado por una habitante de la zona que le expresó su profunda preocupación por los tiroteos y las explosiones. El gobernador prometió que el problema se estaba atendiendo, pero los habitantes continúan a la espera de medidas concretas que devuelvan la tranquilidad a sus hogares.
La violencia se expande más allá de Sinaloa
Este no es un fenómeno aislado en Sinaloa. La región de Tamazula, en Durango, también ha sufrido ataques con explosivos lanzados desde avionetas, según reportes recientes. En la localidad de Tierra Blanca, el 2 de noviembre, los habitantes documentaron explosivos arrojados desde el aire, elevando el miedo en la población y generando una presión creciente sobre las autoridades.
Las localidades de Vascogil y Santiago Papasquiaro, en la sierra de Durango, también han sido escenarios de ataques similares. Según los testimonios, una aeronave lanzó explosivos en la zona, forzando a las familias a evacuar por miedo a nuevos ataques. El “triángulo dorado”, una región montañosa que abarca partes de Durango, Sinaloa y Chihuahua, sigue siendo un punto crítico para el narcotráfico, y la actividad violenta en la zona no muestra señales de disminuir.
¿Cuál es la respuesta de las autoridades?
Ante estos eventos, los habitantes de estas comunidades claman por una intervención efectiva de las autoridades. La violencia en Sinaloa y Durango pone de manifiesto la falta de seguridad en regiones rurales y pesqueras, que, pese a ser vulnerables, parecen estar lejos del alcance de la protección del estado. El gobernador Rubén Rocha Moya ha declarado que se tomarán medidas, pero los ciudadanos esperan acciones visibles y concretas que pongan fin a estos ataques.
El uso de drones y avionetas para lanzar explosivos es una táctica cada vez más común en los conflictos entre Los Chapitos y Los Mayos. Esta estrategia, que afecta directamente a la población civil, ha hecho que muchos habitantes consideren abandonar sus hogares. Sin embargo, muchos no cuentan con los recursos para trasladarse, quedando atrapados en medio de una guerra que no es la suya.
Una comunidad atrapada en medio del conflicto
La situación en Eldorado y otras comunidades en el “triángulo dorado” es alarmante. Las tácticas de intimidación y violencia que ahora incluyen el uso de drones y explosivos dejan en evidencia la grave situación de inseguridad que atraviesan estas regiones, donde la población civil queda atrapada en el fuego cruzado de una guerra entre facciones del narco.
La esperanza de los habitantes recae en una intervención pronta y eficaz por parte de las autoridades, quienes enfrentan el desafío de restablecer la paz en una región azotada por el narcotráfico. Las comunidades de Eldorado, Las Arenitas, Tamazula y Vascogil se han convertido en un símbolo de resistencia, aunque su futuro aún depende de la capacidad del gobierno para garantizar su seguridad.
