El Órgano Interno de Control (OIC) del INE, que investigará las anomalías en la administración de Guadalupe Taddei, está “colonizado” por el morenista Sergio Gutiérrez Luna y en él se solapan prácticas como el descuento a empleados para conservar la plaza, aseguran excolaboradores, quienes mostraron a este diario sus depósitos a una cuenta cuya beneficiaria es una persona funcionaria del gobierno de Veracruz.
La Auditoría Superior de la Federación envió auditores al edificio Zafiro del INE para “auditar” a los inspectores del OIC, ante la desconfianza por la investigación que hará a Taddei.
Desde que llegó al instituto, y mientras Gutiérrez Luna fue representante de Morena ante el INE, Taddei lo consultaba con frecuencia sobre temas del instituto y de la organización electoral.
Tras la salida del contralor Jesús George Zamora y el interinato de Oswaldo Peralta, la Cámara de Diputados nombró a Víctor Hugo Carvente, quien ordenó la renuncia de todo el personal de George Zamora, adscrito al grupo Texcoco de Morena.
En esa purga salió Gregorio Duarte, sobrino de Horacio Duarte, quien lideraba proyectos.
Para sustituirlos, Carvente permitió repartir plazas entre Morena y el Verde, al menos: los extrabajadores refieren que los colocó un “enlace” del Verde, entre otros partidos.
Sin embargo, afirman, la mayoría de las posiciones las acaparó Gutiérrez Luna, morenista veracruzano. Los depósitos están a nombre de una persona funcionaria de bajo nivel del gobierno de Veracruz, cuyo nombre se reserva porque los extrabajadores pidieron no ser identificados.
Cuota por plaza
Refieren que, al aceptar la plaza, se les notificaba el “diezmo” que debían aportar, sin posibilidad de negociar: se les indicaba el monto a depositar de su sueldo mensual y el número de cuenta.
En otros casos, el cobro era en efectivo, a través de un joven que recibía el dinero en un restaurante.
El OIC cuenta con tres unidades, dos coordinaciones, 11 direcciones de área, 25 subdirecciones y 30 jefaturas de departamento.
Según un excolaborador que buscó a Excélsior, las cuotas correspondían a jefaturas de departamento y subdirecciones; también rentaban la plaza directores de área, jefes de área y jefes de unidad, obligados a “aportar” al movimiento.
Los subdirectores cobran 98 mil pesos brutos, alrededor de 73 mil netos. Su cuota era de 15 mil pesos mensuales, en pagos quincenales de 7 mil 500: poco más de 20% de su sueldo neto.
También pagaban “cuota” las jefaturas de área, que rondan los 42 mil pesos netos: más de 7 mil mensuales, más de 16% de su salario.
Los directores de área ganan 101 mil pesos netos y los jefes de unidad, 144 mil; no se conoce el porcentaje de cuota que aportaban al movimiento.
Excélsior tuvo acceso a los estados de cuenta para verificar los depósitos y el nombre de la beneficiaria, quien, en una búsqueda por internet, resultó ser parte del gobierno veracruzano.
Maltratos denunciados
Uno de los excolaboradores denuncia maltratos, como que se revisaba el celular a los empleados para comprobar que no “filtraran” información y, al volver del baño, su superior los esperaba en su lugar para cuestionar que no estuvieran frente a su computadora.
Además, de los casi 10 empleados que el excolaborador conocía que depositaban cuota, uno se mantiene en el cargo pero no asiste a trabajar y conserva casi 100 mil pesos mensuales de salario.
En los últimos días se ha cuestionado el trabajo de Carvente por no informar sobre anomalías que, según su reporte a legisladores esta semana, tenía detectadas desde hace seis meses, y por el supuesto uso de esa dependencia para hostigar a las exconsejerías de Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel.
En 2025, el contralor reactivó la denuncia que Gutiérrez Luna presentó en 2021 por la votación del entonces Consejo General que detuvo la organización de la revocación de mandato por falta de recursos, y abrió una investigación contra las consejerías que aún permanecían en el Consejo General, lo que les impidió recibir su finiquito al concluir su encargo en 2026. Lo hizo, aunque Gutiérrez Luna se había desistido.
El reglamento establece que quien tenga una investigación abierta no recibe su finiquito, pero el Tribunal Electoral reconoció en una sentencia que el OIC no tiene injerencia en la forma de votar de las consejerías ni en temas políticos.
