La administración del presidente Donald Trump impulsa la expansión de un sistema de vigilancia tecnológica en la frontera entre Estados Unidos y México basado en torres equipadas con inteligencia artificial, radares y cámaras de alta resolución, una estrategia que ha sido descrita como un “muro inteligente”.
De acuerdo con información publicada por The New York Times, la red está conformada por cientos de torres capaces de detectar movimientos a larga distancia mediante sensores avanzados, procesar imágenes con inteligencia artificial y mantener vigilancia continua sin requerir supervisión humana permanente.
Según el reporte, alrededor de 350 torres con capacidades de inteligencia artificial ya operan a lo largo de distintos puntos de la frontera.
Estas estructuras no solo monitorean zonas desérticas o áreas remotas, sino también regiones urbanas, parques, escuelas y zonas residenciales en estados como California, Arizona, Nuevo México y Texas.
La investigación señala que más de un millón de personas que viven en comunidades fronterizas están actualmente bajo la cobertura directa de estos sistemas, mientras que otros millones se encuentran dentro del alcance de generaciones anteriores de cámaras que las autoridades planean modernizar.
El gobierno estadounidense ha destinado más de mil 500 millones de dólares para la instalación de aproximadamente mil 500 nuevas torres con inteligencia artificial.
Además de la frontera con México, los planes contemplan extender la cobertura tecnológica hacia sectores de la frontera con Canadá y determinadas zonas costeras, incluido Puerto Rico.
La mayor parte de la infraestructura tecnológica ha sido desarrollada por la empresa de defensa Anduril, especializada en sistemas autónomos de vigilancia y seguridad.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) sostiene que estas herramientas son fundamentales para reforzar la seguridad fronteriza y proteger a los agentes desplegados en la zona.
Las autoridades consideran que la vigilancia automatizada permite detectar cruces irregulares, actividades relacionadas con el tráfico de drogas y otras amenazas con mayor rapidez y cobertura territorial.
Sin embargo, organizaciones defensoras de libertades civiles y organismos de supervisión gubernamental han expresado preocupación por el alcance del programa.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) advirtió sobre la necesidad de contar con planes más claros para la gestión del sistema, controles adecuados sobre los costos y protocolos específicos para proteger los datos personales obtenidos mediante la vigilancia.
