PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (Proceso).- México fue declarado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) responsable de la violación de derechos en materia de comercio internacional contra Calica por el cierre parcial de su zona de extracción pétrea, ubicado al sur de Playa del Carmen, efectuado al final del sexenio de Enrique Peña Nieto.
México quedó obligado a pagar 15 millones 884 mil 117 dólares, de los más de mil 700 millones en divisa norteamericana que solicitaba Calica, también por el cierre total de la sascabera durante el sexenio de AMLO.
Además, ambas partes pagarán en montos iguales la suma total de dos millones 499 mil 514 dólares por los gastos de honorarios a los integrantes del panel del Ciadi.
Tras emitirse ayer miércoles 9 la sentencia bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el panel internacional, presidido por el holandés Albert Jan van den Berg, dejó pendiente el análisis de agravios que la transnacional de origen estadunidense señaló le perpetró el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que ordenó el cierre total de la zona de extracción en 2022.
Lo anterior porque el inicio del arbitraje internacional fue en 2019, y cuando ocurrieron los últimos hechos atribuidos a AMLO ya estaba vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), en vigor desde hace seis años.
En el documento de 530 páginas se detalla que México violó el artículo 1105 del TLCAN sobre trato justo y equitativo, al clausurar en enero de 2018 el predio denominado El Corchalito, un segmento de su zona de concesión para la explotación de material pétreo. Fue la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que en esas fechas intervino el inmueble al demostrar que la empresa se había excedido en el permiso de extracción de calizas en más de 2.15 hectáreas, según un boletín de prensa emitido en esa época.
Calica se inconformó inmediatamente con la solicitud de amparos, también por la multa que le impuso la Profepa por la cantidad de siete millones 985 mil 53 pesos. Éstos fueron los agravios originales que fueron llevados ante el Ciadi, que integró el expediente No. ARB/19/1 Vulcan vs Estados Unidos Mexicanos.
El tribunal concluyó que la empresa fue agraviada en sus derechos como inversionista pactados entre los tres países integrantes del TLCAN.
“La conducta de la Demandada (México) con respecto a la inversión de la Demandante (Calica) en El Corchalito fue arbitraria, notoriamente injusta, antijurídica e idiosincrática, y que involucra ausencia de debido proceso que lleva a un resultado que ofende la discrecionalidad judicial en relación con: (i) la negativa de la Profepa a tener en cuenta las pruebas periciales” (sic), se aprecia en la sentencia consultada por Proceso.
A finales de julio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum se negó a ahondar en el asunto, tras darse a conocer, sin más detalles, la decisión del arbitraje internacional.
Agravios de AMLO quedan en vilo
Aunque el reclamo original fue por el cierre de 2018 efectuado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Calica centró los agravios en su contra cometidos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que arreciaron a partir de 2022, por lo cual la de indemnización sobrepasó los mil 700 millones de dólares.
La empresa señaló un ataque sistemático efectuado desde la conferencia matutina de Palacio Nacional, la cancelación de su permiso aduanero e intervención militar del puerto de Punta Venado, también en Playa del Carmen, desde donde enviaba el material pétreo extraído a Estados Unidos, todo lo cual ha sido publicado por Proceso en varios reportajes.
Todos estos actos concluyeron en la clausura de la zona de extracción, un terreno de alrededor de dos mil hectáreas de superficie, que ahora forma parte de un área natural protegida decretada por AMLO al final de su gobierno, con lo que se reforzaron los candados legales ante cualquier intención de reactivar la actividad de explotación.
“El 2 de mayo de 2022, inspectores de la Profepa llegaron por la noche al sitio de Calica. Los inspectores de la Profepa iban acompañados por más de treinta infantes de la marina mexicana armados, vehículos blindados, drones y embarcaciones navales, que se apostaron en la entrada principal y en el acceso marítimo de las instalaciones de Calica”, se lee en el testimonio de Calica presentada al Ciadi.
El tribunal internacional se negó a analizar estos puntos, al argumentar que ocurrieron bajo las directrices del TMEC y no del TLCAN, reglas a las que se acogió la transnacional al momento de iniciar el arbitraje.
Una fuente al interior de Vulcan consultada por Proceso, indica que más adelante el Ciadi analizará estos agravios; sin embargo, en la sentencia no se aprecia ningún elemento jurídico que indique cómo se continuará el proceso legal.
Actualmente Calica, que comenzó a operar en 1986 al amparo de los gobiernos priistas, permanece sin actividad. En la sentencia, el Ciadi hizo valer los argumentos de reclamo de indemnización monetaria, más que una solicitud de reactivación de la gran cantera.
