Heredera de conflictos sociales por megaproyectos gestados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta una serie de movilizaciones de grupos indígenas que, en su momento, creyeron en la promesa de la Cuarta Transformación de que los pueblos originarios recibirían apoyo y respeto a sus territorios.
Desde el norte del país, donde se defiende el Golfo de California de gasoductos que nacen en Estados Unidos y atraviesan territorios ancestrales y sagrados, así como la construcción de plantas de amoniaco en Topolobampo y Durango, pasando al centro del país, en San Luis Potosí y la región totonaca de Veracruz con la oposición al “fracking sustentable”, y en comunidades de Puebla y de Tlaxcala, que se oponen al Polo de Economía Circular, las resistencias de pueblos originarios contra megaproyectos agropecuarios, turísticos y de movilidad ferroviaria se mantienen también en entidades del sureste y la Península de Yucatán.
Sin duda, ¡Aquí No! es el movimiento social que ha llamado poderosamente la atención por su defensa férrea del sistema lagunar de las bahías de Ohuira y Topolobampo, al norte de Sinaloa, de la construcción de plantas de producción de amoniaco y metanol que sus integrantes denominan “proyectos de muerte”.
A partir del 1 de junio cientos de indígenas de comunidades y ciudadanos de Topolobampo y de Los Mochis, del municipio de Ahome, se movilizaron para defender su sistema lagunar oponiéndose, primero, al ingreso a territorio sinaloense de equipo importado para la construcción de una planta dispuesta para producir dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco a cargo de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo-alemán Proman; y después, montando un campamento a las puertas de la instalación industrial para detener la edificación.
Las medidas extremas ocurren luego de que los integrantes de ¡Aquí No! han tocado pacíficamente todas las puertas posibles para advertir del peligro que representan los megaproyectos industriales para este sistema lagunar, declarado internacionalmente como sitio Ramsar 2025, por su riqueza ambiental.
Han litigado en el Poder Judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para defender su derecho a ser consultados sobre el territorio indígena; han recurrido a 11 relatorías de la ONU que, en septiembre de 2025, validaron los temores de indígenas, pescadores y prestadores de servicios turísticos sobre los riesgos ambientales que representa GPO, y han viajado a Alemania para presentar una protesta a directivos del banco alemán de desarrollo KfW IPEX, por financiar el proyecto con alrededor de 860 millones de dólares, y pasar por alto la oposición de los pueblos originarios que serían afectados por la planta de amoniaco.
Hasta que lo vieron reaccionaron
“La ciudadanía reaccionó cuando llegaron esos artefactos, esos aparatos que pretendían instalar, esos reactores que tienen unos 60 a 70 metros; faltaba algo visual fuerte, y desde allí se empezó a ver diferente esta lucha, esta resistencia en la que están pueblos originarios y ciudadanía en general”, cuenta Felipe Montaño, gobernador indígena quien desde hace 13 años ha enfrentado presiones y amenazas para abandonar su lucha, que lo han llevado a portar chaleco antibalas proporcionado por el Mecanismo federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El bloqueo de los trabajos de construcción de la planta de amoniaco y la demostración de fuerza obligaron a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, a dialogar el 12 de junio con integrantes de ¡Aquí No!, compromiso que había pospuesto durante más de un año, derivándose mesas de diálogo entre autoridades, la empresa y los opositores al proyecto, a partir del 17 de julio, encuentros presididos por el subdirector de la Comisión Nacional del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, nombrado representante del gobierno federal.
