En los últimos años en la Ciudad de México, las víctimas de despojo no solo se enfrentan a procesos legales que duran décadas, sino que cuando por fin el juez emite la orden para resguardar una casa invadida o clausurar un local comercial ocupado por despojadores, el actuario no puede ejecutar la orden porque los despojadores amenazan su integridad.
“No pegues nada o te vas a meter en problemas”, así le dijeron al actuario judicial José Francisco Ramos Serrano, el pasado 10 de agosto, cuando trataba de pegar sellos de clausura en los nueve locales comerciales del edificio ubicado en Antonio Caso 104, en la colonia San Rafael, un edificio invadido desde hace 22 años.
Uno de los dueños del inmueble narró a Excélsior que al actuario también lo videograbaron para amedrentarlo y no pudo pegar los sellos para cumplir la orden del juez sexto de Distrito del Primer Circuito de la Ciudad de México, que desde el 19 de septiembre de 2025 le ordenó a la alcaldía Cuauhtémoc cerrar los locales comerciales porque el edificio está en alto riesgo de colapso.
Como no se pudo llevar a cabo la diligencia, el juez ordenó que en los próximos días el actuario lleve a cabo una nueva diligencia y que debe ir acompañado de 10 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que protejan su integridad y también deben estar presentes representantes de la alcaldía.
Antonio Caso 104 es el edificio del cual fueron despojados sus dueños hace 22 años, y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (Invi) trató de expropiarlo dos veces sin éxito, como lo ha publicado Excélsior.
El vigésimo tribunal colegiado del primer circuito en la Ciudad de México, en el recurso de revisión 680/2025 determinó que el Invi tiene en posesión el inmueble desde el año 2004 y también estableció quiénes son los legítimos dueños, y que el Invi tiene la obligación de devolverles el edificio a esos dueños.
Al respecto, el pasado 10 de agosto la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que a “quien demuestre efectivamente que tiene la propiedad, se le tiene que restituir”.
Más víctimas
Lo ocurrido en Antonio Caso 104 no es un caso aislado, a unas cuadras de allí, en Antonio Caso 130, está el edificio propiedad de los hermanos Rábago. A ellos les han invadido varios departamentos.
El juez ordenó que el 26 de febrero de este año se llevara a cabo la diligencia con el actuario judicial para recuperar el departamento número 6.
Pero estaba allí afuera la señora Raquel Almanza —involucrada en las invasiones— con otras 25 personas, y con micrófono en mano empezó a decir que era un lanzamiento ilegal, entonces el actuario tuvo temor de acercarse”, dijo a este diario Jorge Rábago, uno de los dueños.
Los policías que apoyarían nunca llegaron y el actuario dijo: “Sin la policía yo no me aviento el desalojo”.
Y el 6 de agosto pasado, el juez ordenó el desalojo del departamento 13, pero “no llegaron el actuario ni la policía. La policía me mandó un oficio; que no contaban con elementos”.
Ante estas circunstancias, Rábago pide “que se les dé cumplimiento a las sentencias del juez, que no haya grupos delictivos que evitan el cumplimiento de las órdenes del poder judicial. Necesitamos el apoyo de la autoridad”.
