Almoloya de Juárez, Méx. Un juez de control adscrito al centro de justicia del penal federal de máxima seguridad del Altiplano determinó imponer la prisión preventiva oficiosa al ex gobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero, por el delito de desaparición forzada de personas durante la audiencia inicial donde la Fiscalía General de la República le hizo la imputación formal de cargos.

Luego de una audiencia de más de seis horas que se realizó en la instalaciones del Poder Judicial Federal aledañas al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), No. 1 Altiplano, que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Aunque la defensa del ex gobernador solicitó que la prisión preventiva la pudiera cumplir en arraigo domiciliario por la edad de Ángel Aguirre y su estado de salud, el juez consideró que no se configuraban los supuestos para acceder a la excepción que marca la ley para concederle este beneficio.

Ángel Aguirre se presentó en la audiencia celebrada en el Centro de Justicia del Centro Federal de Readaptación número 1 conocido como  El Altiplano, en silla de ruedas y luego de tener complicaciones de salud a raíz de su detención la mañana de ayer en la carretera México-Querétaro.

El ex gobernador, que padece de hipertensión, dijo que a raíz de su captura su estado de salud decayó y que durante la noche se sintió mal dentro del penal e incluso horas antes de la audiencia, motivo por el cual tuvo que ser valorado por un médico del lugar.

Durante la audiencia, la Fiscalía le hizo saber a Ángel Aguirre los hechos que se le imputaban, que era el ocultamiento y destrucción de evidencia de lo acontecido la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala Guerrero, cuando 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron privados de su libertad y posteriormente desaparecidos.

La acusación se basa en los testimonios de dos testigos, –la ex visitadora general del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero de nombre Blanca “N” y la presidenta del Poder Judicial de Guerrero, Lambertina “N”, quienes aseguran que el entonces gobernador de Guerrero, ángel Aguirre Rivero ordenó ocultar y destruir toda evidencia de lo acontecido esa noche en Iguala. Específicamente de los videos que captaron las cámaras de vigilancia del exterior del Palacio de Justicia.

Una de las testigos asegura que entregó el 29 de septiembre del 2014 un disco que contenían esos videos a Ángel Aguirre, y que un día después el gobernador citó a sus colaboradores más cercanos, incluido el entonces procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, para que ocultaran y destruyeran toda evidencia de lo acontecido la noche del 26 y 27 de septiembre.

El ex gobernador escuchó atento la imputación y continuamente movía la cabeza de un lado a otro en señal de desaprobación de lo que se decía e incluso llegó a soltar una sonrisa incrédula de lo que escuchaba.

Aunque ángel Aguirre se reservó el derecho a declarar, al final si tomó la palabra para decir que lamentaba lo que había ocurrido esa noche con los normalistas, que él siempre había colaborado con las investigaciones y esclarecimiento de los hechos e incluso dijo “yo tengo mi conciencia tranquila y en paz”.

La audiencia continuará el próximo martes 11 y el juez tendrá de plazo hasta el miércoles 12, a las 20 horas para determinar si vincula o no a proceso al ex gobernador de Guerrero por el delito de lesa humanidad que se le imputa.

Aguirre Rivero fue imputado por la Fiscalía General de la República como presunto responsable de los delitos de desaparición forzada y obstrucción de la justicia, por haber ordenado la destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

El ex gobernador guerrerense fue detenido ayer por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, cuando fue ubicado en la carretera México-Querétaro y posteriormente fue puesto a disposición del juzgado segundo de distrito con sede en el Altiplano.

“Nuevo modelo de investigación”

El Ministerio Público Federal informó luego de la audiencia que la acusación contra Aguirre Rivero es resultado “del nuevo modelo de investigación emprendido por la FGR, en colaboración con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a la que se sumará el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), se realizó el reanálisis profundo, exhaustivo y detallado de las actuaciones existentes que abrieron nuevas líneas de investigación”.

Según la FGR los “trabajos acreditaron con plena evidencia y apego al debido proceso, la posible participación de Ángel “N”, en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes”, y que “cuenta con datos de prueba que acreditan que la instrucción para realizar dicho ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces mandatario de la entidad, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”.