México responde a la DEA: niega protección a cárteles y presume estrategia de seguridad

En una tarjeta informativa difundida la tarde de este martes, respondió por primera vez a los señalamientos formulados horas antes por el funcionario estadunidense durante la primera Cumbre Estados Unidos Libre de Fentanilo, celebrada en Orlando, Florida. En ese foro, Cole sostuvo que para la DEA los cárteles y el gobierno mexicano mantienen una “conexión mortal” e incluso afirmó que “son uno mismo”, aunque durante su intervención pública no presentó pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

En su respuesta, el Gabinete de Seguridad —integrado en la tarjeta por Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional y SSPC— sostuvo que las afirmaciones no corresponden a los resultados presentados públicamente en el combate a las organizaciones criminales, y ubicó su estrategia dentro de una política de “cero impunidad”, basada en inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales.

El documento señala que entre los detenidos hay líderes, operadores y generadores de violencia pertenecientes a todas las organizaciones criminales, sin distinción. Añade que, como resultado de la Operación Enjambre y otras acciones, han sido detenidos más de 80 servidores y exservidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones, lo que —de acuerdo con el texto— confirma que no existe protección para quien incurra en conductas ilícitas.

“Desde el inicio de la administración y hasta el 30 de junio de 2026 han sido detenidas 59 mil 582 personas, se han asegurado 31 mil 366 armas de fuego, 498 toneladas de droga, entre ellas 2 mil 363 kilogramos y más de 5 millones de pastillas de fentanilo, además de haberse inhabilitado 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas”, detalla la tarjeta informativa.

“Me enorgullece el trabajo de los hombres y mujeres de la DEA y de nuestros socios federales, estatales, locales, tribales e internacionales por incautar drogas letales y desmantelar los cárteles, esas redes que envenenan a nuestros ciudadanos”, expuso Cole en su discurso inaugural en la conferencia.

A finales de junio, el director de la DEA aseguró que los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG) son la prioridad número 1 de la agencia.

Escalada de tensiones

Las declaraciones de Cole se dan en un contexto de tensión creciente entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de narcotráfico, con antecedentes que se remontan a mayo de este año.

El 4 y 5 de mayo, la Casa Blanca presentó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, documento que designó a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) como Organizaciones Terroristas Extranjeras y catalogó al fentanilo como “arma de destrucción masiva”.

La estrategia ordenó al Departamento de Guerra —nombre adoptado por la actual administración estadounidense para el antes Departamento de Defensa— ampliar su presencia de inteligencia y vigilancia en la frontera y costas mexicanas, y anunció la fusión de la DEA, el FBI, la ATF y Homeland Security en una fuerza única, la Homeland Security Task Force (HSTF).

En las mismas fechas, un tribunal federal de Nueva York presentó cargos contra el entonces gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presunta protección al Cártel de Sinaloa. El Gobierno de México ha sostenido que Estados Unidos no ha presentado pruebas públicas que sustenten la acusación.

El 13 de mayo, Terrance Cole declaró ante el Senado de Estados Unidos que el caso Rocha Moya era “solo el comienzo” contra políticos mexicanos señalados de colusión con el narcotráfico. El mismo día, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que Estados Unidos esperaba que México diera “un paso hacia el frente” en el combate al crimen organizado para evitar una intervención directa.

Ese día también circuló un reportaje de CNN sobre un presunto operativo de la CIA contra un operador del narcotráfico cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que fue desmentido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Paralelamente, el caso de Ismael “El Mayo” Zambada ha sumado un frente adicional a la relación bilateral. El 2 de julio, el medio Pie de Nota reportó que la aeronave utilizada para trasladar a Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024, se exhibe en el War Eagles Air Museum, en Santa Teresa, Nuevo México, presentada por el FBI como parte de una operación propia de esa agencia.

La versión contradice la declaración que el entonces embajador en México, Ken Salazar, ofreció el 9 de agosto de 2024, cuando aseguró que ninguna agencia de su país había participado en la captura.

Apenas la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la contradicción y preguntó “¿quién mintió?”. Instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitar al FBI, a través de la Fiscalía General de la República, una explicación formal, y señaló que de confirmarse una intervención sin conocimiento del Estado mexicano se configuraría una violación a la soberanía nacional, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

La mandataria aclaró que el reclamo no busca la liberación de los detenidos ni una ruptura de la cooperación bilateral con Estados Unidos.