En respuesta a un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), la juzgadora estableció que, desde el 29 de junio ya se había registrado un desacato a la suspensión definitiva por parte de la titular del SEP, Leticia Ramírez, y del director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga.
Ambos funcionarios se negaron a enviar una copia de los materiales para primaria y secundaria, con el argumento de que no son los encargados de la impresión y distribución de los libros de texto.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), responsable de esas tareas, se manifestó imposibilitada para cumplir con los mandamientos de la suspensión definitiva.
Se advierte que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la resolución atinente a la suspensión definitiva dictada en autos”, manifestó la jueza Mena en su resolución, donde se da el ultimátum a la SEP.
Los libros de texto ya se han distribuido para ser entregados a los estudiantes, para el ciclo lectivo 2023-2024, que iniciará la última semana de agosto próximo.
En la suspensión resuelta en mayo pasado, la juez de Distrito en Materia Administrativa indicó que para la impresión de los materiales la autoridad educativa se debería apegar a los procedimientos establecidos en la ley, para cada una de las etapas de elaboración de los materiales educativos.
Solo de esta manera se garantiza su contenido pedagógico acorde con el interés superior de la infancia, así como con los objetivos democráticos y de formación académica; de ahí la necesidad de interacción con ciudadanos especializados y gobiernos estatales”, consideró la jueza.
Esta resolución fue impugnada por la SEP, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, en donde, hasta esta fecha no se ha dictado sentencia, por lo que se debe dar cumplimiento a lo estipulado en la suspensión definitiva.
En la suspensión del 29 de junio, la autoridad judicial consideró que no se garantizó un procedimiento en el que participaran los gobiernos de los estados y especialistas en materia educativa, para definir los programas de estudio.
En caso de que no se respete el plazo de 24 horas impuesto a la SEP, tanto su titular, Ramírez, como el director general de Materiales Educativos, Arriaga, sólo serán acreedores a una multa y será decisión de la juez si presenta imputaciones por violación a una suspensión, ante la Fiscalía General de la República (FGR).
