La desaparición de más de 128 mil personas y los 70 mil cuerpos que permanecen en custodia del Estado sin ser identificados, de acuerdo con la CIDH, representan una alarmante crisis humanitaria.
En el informe Desapariciones en México 2026, el organismo internacional destaca que, en México, datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) confirman que, al 3 de junio de 2025, existen 128 mil personas cuyo paradero se desconoce. Además, el informe retoma una cifra que desvela el colapso de las instituciones, pues estimaciones independientes indican que bajo la custodia del propio Estado —anfiteatros, fosas comunes y servicios forenses— yacen más de 70 mil cuerpos sin identificar. La suma es de 198 mil personas sin nombre o sin rastro.
Sin embargo, la cifra es mayor, ya que durante una consulta realizada por este diario al sitio web del Rnpdno, del 4 de junio de 2025 al 11 de mayo de este año —que es la última fecha a la que la página da acceso— se reportan 10 mil 650 personas desaparecidas y no localizadas, por lo que se desconoce el paradero de 138 mil 650, más las 70 mil personas sin identificar, lo que sumaría un total de 208 mil 650 personas sin saber dónde están y sin identidad.
La Fiscalía General de la República informó que fueron identificados los restos de cinco de los 10 mineros desaparecidos en #Concordia, Sinaloa.
Y aunque el fenómeno recorre todo el territorio nacional, el informe identifica como focos rojos los estados de Jalisco, México y Tamaulipas. También identifica una zona crítica denominada Corredor del Pacífico, que abarca Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa, donde la incidencia de desapariciones está “estrechamente vinculada a la actuación del crimen organizado”. Además, se advierte un incremento crítico en las rutas migratorias del sureste y en estados con presencia de industrias extractivas.
El reporte señala que la impunidad es el motor de esta maquinaria, ya que las fiscalías estatales enfrentan desafíos estructurales que van desde la falta de personal capacitado hasta la conducción deficiente de las líneas de investigación. La CIDH documenta que, en la mayoría de los casos, no existe un impulso de oficio y son las familias quienes terminan por conformar el acervo probatorio.
En México, más de 120 mil personas se encuentran desaparecidas y no localizadas.Especial
Ante ello, prevalece la desconfianza de las familias hacia los ministerios públicos y fiscalías, existe transferencia de la carga probatoria a las víctimas y sobrecarga procesal que genera retrasos. Los pocos casos judicializados enfrentan demoras e inconsistencias.
También existe un perfil de vulnerabilidad marcado por la edad y el sexo. Los jóvenes de entre 15 y 30 años representan el grupo con mayor índice de victimización. Para la CIDH, esto se vincula directamente con la falta de un Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento, dejando a las juventudes a merced de dinámicas de explotación criminal.
CIDH destaca apertura de México escrutinio internacional sobre desapariciones
Madres buscadoras realizan protestas en tres municipios de Tamaulipas
En el caso de mujeres y niñas, la desaparición presenta una variante de género alarmante. El informe vincula gran parte de estos casos con la trata de personas y el feminicidio. Se destaca que, en entidades como el Estado de México, la desaparición de mujeres a menudo es el preámbulo de una violencia letal que no fue prevenida a pesar de las Alertas de Género.
Madres buscadoras en Veracruz denunciaron que el Estado incumple su deber de búsqueda e identificación, pese a más de 135 mil desaparecidos en México.Lourdes López
También documenta la desaparición de migrantes víctimas de trata laboral o sexual; personas de la comunidad LGBTQ+ por odio debido a su orientación sexual o identidad de género; periodistas desaparecidos por ejercer su labor informativa, y personas defensoras de derechos humanos que son desaparecidas por buscar a sus familiares o por denunciar abusos en sus comunidades, territorios o contra el ambiente.
La CIDH identifica tres tipos de perpetradores, entre ellos a policías estatales, quienes cometen desapariciones forzadas, a grupos criminales que operan en colusión, apoyo o tolerancia de autoridades y por particulares, cuyos casos son atribuidos exclusivamente al crimen organizado. El informe denomina esta situación en una “crisis de identificación humana”, ya que la demora en la implementación efectiva del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) y la falta de coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y las entidades locales han convertido a las morgues en depósitos de olvido. © 2025 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
