La empresa Ferromex cerró totalmente el diálogo con las autoridades y con la ciudadanía, dejando sin respuesta las solicitudes para atender el impacto social generado por la construcción de bardas y el paso constante de trenes en zonas como Nueva Merced, Ampliación Nueva Merced, Las Dalias, Las Luisas, Las Julietas y Luis Donaldo Colosio, en Torreón, Coahuila, México.
Felipe González Miranda, diputado que intervino en la problemática, explicó que más de 2 mil familias han visto interrumpido su acceso cotidiano a escuelas, transporte y servicios básicos, lo que ha derivado en ausencias escolares, retrasos y riesgos para la seguridad de los habitantes.
“Es muy lamentable que Ferromex haya tenido esta postura. La empresa demostró no ser socialmente responsable, no le importó la comunidad”, expresó.
El diputado explicó que, aunque la empresa se negó a atender las demandas vecinales, el municipio de Torreón, Coahuila, México, encabezado por el alcalde Román Alberto Cepeda, ya inició estudios para la construcción de un puente peatonal.
“Es la solución integral para los ciudadanos, donde se les da la seguridad de poder cruzar sus comunidades de manera segura”, señaló.
La propuesta busca garantizar que los habitantes puedan trasladarse sin riesgo, especialmente los niños que actualmente deben caminar largas distancias para rodear las bardas y llegar a sus escuelas, muchas veces con retraso. Directores y maestros han reportado ausencias constantes derivadas de estas dificultades.
González Miranda subrayó que este caso evidencia la falta de sensibilidad social de algunas empresas y la urgencia de establecer reglas claras para garantizar la conectividad y la seguridad de las comunidades.
“Hay gente que sufre los estragos día y noche del paso de los trenes y no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad. Bloquear el acceso a las escuelas y complicar el traslado habla de una empresa que no tiene empatía”, afirmó.
El legislador insistió en que se debe revisar la legalidad de las bardas construidas, los permisos y licencias otorgados, y avanzar en un marco jurídico que obligue a las compañías a considerar el impacto social de sus operaciones.
En una sola tarde se reunieron más de 300 firmas de vecinos afectados, reflejo del malestar generalizado. Las familias han tenido que recurrir a taxis o caminar varias cuadras para acceder al transporte público, lo que incrementa gastos y tiempos de traslado.
Informó que la denuncia presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra Ferromex sigue su curso, mientras que el municipio busca alternativas para responder a las necesidades de la población.
“Román Alberto Cepeda entendió que hay que responderle a la gente y que la comunidad tiene que seguir prevaleciendo”, concluyó González Miranda.
