La negociación para reformar la policía migratoria de Estados Unidos está bloqueada y sin visos de un acuerdo a corto plazo. La Casa Blanca y los demócratas se han intercambiado varias propuestas para establecer límites a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, responsables de agresivas tácticas de represión contra inmigrantes sin papeles y de haber matado a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis. Pero las posturas entre ambos bandos están “muy distanciadas”, según aseguran fuentes de la Casa Blanca. La consecuencia de este enfrentamiento político es que el Departamento de Seguridad Nacional lleva sin fondos seis días y es muy probable que continúe sin ellos hasta fin de mes.
El Congreso está en un receso de una semana como consecuencia del festivo el pasado lunes por el Día de los Presidentes. Los legisladores han regresado a sus distritos electorales y una nutrida misión de congresistas de ambos partidos ha viajado a Europa para participar en la conferencia de seguridad de Múnich. Así que, en el improbable caso de que hubiera un acuerdo de última hora, la Cámara no podría reunirse para validarlo. Se espera, por tanto, que el cierre se prolongue hasta, al menos, finales de febrero.
La última posición de la Administración Trump sobre las negociaciones llegó por boca de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, este miércoles: “Anoche enviaron una contrapropuesta que, francamente, era muy poco seria, y esperamos que se la tomen en serio muy pronto porque los estadounidenses se verán afectados”, señaló durante la conferencia de prensa semanal. Poco después, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, sentenció: “La pelota está de nuevo en la cancha de la Casa Blanca, porque tienen nuestra respuesta más reciente y esperamos su reacción”.
Las dos declaraciones evidencian la distancia sideral de los dos partidos para reformar el funcionamiento de la policía migratoria. La incapacidad de acuerdo ha provocado el bloqueo presupuestario del Departamento de Seguridad Nacional. Kristi Noem, que dirige ese ministerio, se ha convertido en objeto de críticas y empiezan a arreciar las voces que piden su cabeza.
Varias agencias dependientes de Seguridad Nacional, como la Guardia Costera, el Servicio Secreto, la agencia de emergencia (FEMA) o la de Seguridad en el Transporte (TSA), responsable de la gestión de los aeropuertos y estaciones de trenes, están operando sin fondos desde el pasado sábado, cuando venció sin que se renovara la ley de asignación de gastos, que habilita los recursos para estas agencias.
La ruptura definitiva que afecta al presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) se produjo a raíz del asesinato el pasado enero en Minneapolis de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, a manos de agentes migratorios. Su muerte se produjo dos semanas después de que otros agentes federales dispararan a bocajarro a Renée Good, ciudadana estadounidense de 37 años, quien murió en el instante. Las tácticas agresivas de estos cuerpos han provocado una ola de indignación que recorre el país.
Los demócratas reclamaron una reforma de la ley migratoria para poner límites al ICE y la Patrulla Fronteriza. Quieren impedir el uso de máscaras policiales, la identificación de los agentes, que lleven cámaras corporales, el fin de las redadas aleatorias, exigencias de órdenes judiciales para realizar arrestos y para acceder a propiedad privada. También quieren prohibirles hacer redadas cerca de colegios, hospitales y otros centros públicos, considerados “lugares sensibles” donde no se podían realizar arrestos hasta que Trump volvió al poder y acabó con la norma. El lunes por la noche, los demócratas en el Senado enviaron el documento con estas reclamaciones a la Casa Blanca. No habían pasado ni 24 horas cuando la Administración Trump manifestó su rechazo.
“Creemos que la aplicación de las leyes migratorias en este país debe ser justa, equitativa y humana”, declaró Jeffries. “Eso no es lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos, y por eso es necesario reformar el ICE de forma drástica, audaz, significativa y transformadora”, dijo en conferencia de prensa desde el Capitolio. “Si eso no sucede, el proyecto de ley de financiación del DHS no avanzará”, advirtió.
Una negociación que debía ser acelerada para evitar que miles de funcionarios pierdan su salario se está convirtiendo en un intercambio de declaraciones acusatorias. “Los demócratas son la razón por la que el Departamento de Seguridad Nacional está actualmente cerrado”, dijo este miércoles Leavitt desde la Casa Blanca. “Han optado por actuar contra el pueblo estadounidense por motivos políticos, y ahora tenemos a los trabajadores de FEMA, los hombres y mujeres de la Guardia Costera, los hombres y mujeres de la TSA, que mantienen nuestros aeropuertos en funcionamiento, trabajando sin cobrar sin ninguna razón válida, salvo que los demócratas quieren pelear contra Trump. El presidente cree que eso es irresponsable y despreciable”, manifestó.
“Todas nuestras demandas cuentan con un fuerte apoyo del pueblo estadounidense y siguen siendo líneas en la arena para nosotros porque estamos defendiendo a los estadounidenses comunes, a los ciudadanos estadounidenses y a las familias inmigrantes respetuosas de la ley que están siendo atacadas violentamente por una agencia del ICE que está completa y totalmente fuera de control”, respondió Jeffries.
El Departamento de Seguridad Nacional cuenta con una plantilla de alrededor de 270.000 empleados. Cuando se produce un cierre presupuestario de estas características, la Administración envía a casa sin salario al personal que se considera no esencial, unos 50.000 funcionarios federales en este caso. El resto, que se considera fundamental por su labor para garantizar la seguridad del país, tiene que acudir a su puesto de trabajo, pero tampoco podrá cobrar durante el tiempo que la agencia para la que trabaje permanezca sin fondos.
Algunas agencias han acumulado remanentes de tesorería y podrán seguir pagando a sus funcionarios durante unos días, pero si el cierre se prolonga más de una semana, se irán quedando sin recursos para atender las nóminas. Como los salarios se pagan cada 15 días, se espera que los funcionarios de Seguridad Nacional dejarán de cobrar a partir de principios de marzo si sigue el bloqueo.
Además, el cierre presupuestario de Seguridad Nacional apenas afecta al ICE y la Patrulla Fronteriza, las dos agencias que protagonizan el enfrentamiento entre la Casa Blanca y los demócratas. La Administración Trump aprobó el año pasado la Ley Grande y Hermosa que dotaba de fondos adicionales a estos organismos policiales, 75.000 millones más para el primero y 65.000 millones adicionales para el segundo.
