Luego de dos meses de negociaciones a espaldas del Congreso y de las centrales de trabajadores, el gobierno derechista de Javier Milei obtuvo un importante triunfo en el Senado al lograr dar media sanción a una extensa ley de reforma del régimen laboral en Argentina.
Para los letrados especializados en el derecho del trabajo es la modificación más profunda y más regresiva desde el retorno a la democracia, hace más de 40 años.
Tras triunfar en las elecciones parlamentarias, el gobierno libertario, en su momento de mayor poder, decidió impulsar de manera urgente un proyecto de ley que barre con muchas de las condiciones obtenidas por los trabajadores argentinos durante 80 años.
Ley de Modernización Laboral, ambicioso proyecto de Milei
Sobre el texto original se realizaron cerca de cincuenta modificaciones para conseguir el respaldo de algunos senadores no oficialistas.
El bloque peronista y fuerzas aliadas se opusieron, pero la iniciativa fue aprobada en la madrugada del jueves 12 de febrero con 42 votos a favor y 30 en contra. Algunos legisladores denunciaron que el texto final –213 artículos distribuidos en 122 páginas– fue entregado de manera extraoficial apenas dos horas antes de la votación.
La llamada Ley de Modernización Laboral constituye una de las reformas estructurales más ambiciosas del gobierno de Milei.
El oficialismo sostiene que el régimen laboral argentino es rígido y desalienta la inversión privada. Para sindicatos, académicos y bloques opositores, en cambio, se trata de una flexibilización que debilita el sistema de protección construido desde mediados del siglo XX.
El gobierno sostiene que ataca el empleo informal, que está cerca del 40 por ciento, pero lejos de avanzar, a los trabajadores de plataformas de reparto o transporte, los condena a la informalidad negando cualquier forma de relación laboral entre ellos y las empresas de aplicaciones, así como todo derecho de cobertura social o salario mínimo.
Además modifica cuestiones impositivas, sin relación con el mundo laboral, como rebajas impuestos a bienes suntuarios y aeronaves, y elimina el fomento a la cinematografía.
¿Qué cambios contempla el proyecto?
Entre las modificaciones centrales se encuentra el cambio del régimen de indemnizaciones por despido. El proyecto redefine a la baja la base de cálculo, y crea un Fondo de Asistencia Laboral, para cubrir contingencias derivadas de desvinculaciones.
Ese fondo surgirá de disminuciones de los aportes empresarios a la seguridad social. Será el Estado argentino quien financiará el mismo, estimándose en 2 mil 500 millones de dólares al año la caída de ingresos del sistema de jubilaciones y pensiones, monto que cubrirá los despidos futuros de trabajadores. No serán las empresas.
Según el gobierno, el nuevo esquema brinda previsibilidad y reduce conflictos judiciales; para la oposición, abarata el despido y reduce la capacidad disuasoria frente a cesantías arbitrarias.
Jornadas laborales de hasta 12 horas
Otro eje es el llamado “banco de horas”, por el que se permite compensar horas extras con tiempo libre, en lugar de abonarlas con recargo, habilitando jornadas de hasta 12 horas diarias.
Del mismo modo, se permite fraccionar el período de vacaciones, de acuerdo a las necesidades de la empresa. Para el oficialismo, se trata de herramientas de flexibilidad productiva acordes a economías modernas; para los críticos, implica jornadas más extensas bajando la nómina salarial para la compañía contratante.
La reforma fortalece además los convenios colectivos por empresa por sobre los sectoriales, y limita la vigencia de los convenios colectivos por sector, lo que podría debilitar la posición negociadora sindical.
También limita el derecho de huelga al ampliar el listado de actividades consideradas esenciales, imponiendo servicios mínimos obligatorios y requisitos más estrictos para su convocatoria.
¿Propone mejores condiciones para trabajadores?
Durante el debate, el senador peronista Mariano Recalde afirmó que el oficialismo no pudo señalar “un solo artículo que mejore la situación de los empleados”, y definió la reforma como un “plan para despedir y destruir derechos”.
Desde el sindicalismo se insiste en que el alto nivel de informalidad no se resolverá reduciendo garantías laborales sino promoviendo crecimiento y fiscalización efectiva.
Especialistas en derecho del trabajo advierten que la combinación de menor protección frente al despido, debilitamiento de convenios colectivos y ampliación de jornadas altera el equilibrio histórico entre capital y trabajo. También cuestionan la ampliación de actividades esenciales, que podría limitar de manera significativa la capacidad de presión sindical en los conflictos.
Protestas y detenciones
En paralelo a la sesión, el Congreso estuvo rodeado por manifestaciones de organizaciones sociales y sindicales. El operativo de seguridad derivó en represión a los manifestantes, con detenciones y heridos, entre ellos periodistas que cubrían la manifestación.
La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció que el gobierno de Milei se negó a una negociación real y anticipó nuevas medidas de fuerza si la Cámara de Diputados confirma el texto.
Desde el oficialismo argumentan que la rigidez normativa y los altos costos de despido desalientan la contratación y empujan a la informalidad. En un contexto de crisis económica persistente, presentan la flexibilización como condición necesaria para atraer inversiones y dinamizar el mercado.
Con la media sanción ya aprobada, el debate se traslada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo carece de mayoría propia y deberá negociar nuevamente apoyos. Más allá del resultado legislativo, la reforma ya se convirtió en un punto de inflexión político en una sociedad históricamente marcada por la centralidad del movimiento obrero.
El contraste regional resulta inevitable. Mientras en Argentina el gobierno de Milei impulsa una flexibilización profunda y regresiva, bajo la premisa de reducir costos empresarios, en México la presidenta Claudia Sheinbaum logró la aprobación de la reducción de horas de trabajo y la garantía del descanso semanal.
Dos orientaciones distintas frente a un mismo problema que atraviesa la historia de América Latina: combinar crecimiento económico con justicia social en sociedades atravesadas por desigualdad estructural.
