La crisis sanitaria por el brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectado en la provincia de Barcelona ha abierto un nuevo frente entre el sector ganadero español y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Las principales organizaciones agrarias y cooperativas, entre ellas COAG y Asaja Cataluña, solicitan una medida drástica: el sacrificio preventivo de aproximadamente 40 mil cerdos y jabalíes dentro del radio de vigilancia.
Consideran que esta es la única forma de frenar la posible expansión de un virus que, aunque no afecta a los humanos, pone en riesgo un pilar económico para España. El ministerio, sin embargo, no ha autorizado las indemnizaciones necesarias para ejecutar el plan, lo que ha generado un profundo malestar.
La enfermedad fue detectada inicialmente el 28 de noviembre en dos jabalíes hallados muertos en el entorno del parque natural de Collserola, según confirmó el Ministerio de Agricultura. Desde entonces, se han identificado 13 jabalíes infectados, aunque ninguna granja se ha visto afectada hasta el momento.
La preocupación sigue siendo máxima porque la PPA, altamente letal en animales y sin cura ni vacuna disponible, puede provocar restricciones comerciales millonarias y paralizar temporalmente las exportaciones porcinas. España sacrificó 54 millones de cerdos en 2023, lo que ilustra la magnitud económica del sector.
Las organizaciones agrarias proponen al Gobierno tres acciones principales:
- Sacrificio preventivo de animales domésticos y jabalíes en un radio de 20 kilómetros alrededor del foco.
- Destino a matadero para los animales con resultado negativo, dado que la carne sigue siendo apta para consumo humano.
- Indemnizaciones claras para los productores afectados, estimadas entre 4 y 5 millones de euros.
Durante la reunión del viernes con el ministro Luis Planas, el ministerio rechazó habilitar la partida económica necesaria. Para COAG y Asaja Cataluña, esta negación representa un freno crítico a la estrategia para contener el brote.
“Nos vamos decepcionados porque pedíamos que se pudieran llevar a matadero estos animales… y nos han dicho que no pueden habilitar la ayuda correspondiente”, declaró Jaume Bernis, responsable del sector porcino en COAG.
La molestia del sector radica en que, sin un vaciado preventivo, la zona de vigilancia mantiene una alta presión sanitaria. Menos animales, argumentan, reduciría exponencialmente la posibilidad de contagio en caso de que el virus ya esté circulando de manera no detectada.
Nuevas dudas sobre el origen del brote
A esta tensión se suma un elemento inesperado: el Ministerio de Agricultura ha abierto una investigación oficial para esclarecer si el virus pudo haber escapado de un laboratorio. La hipótesis surgió cuando el análisis del CISA-INIA, laboratorio de referencia de la Unión Europea, reveló que la cepa encontrada en Collserola es casi idéntica al virus Georgia 2007, un patógeno de referencia empleado en estudios científicos.
El centro IRTA-CReSA, ubicado muy cerca del lugar donde se encontró el primer jabalí muerto, trabaja con esta misma cepa en condiciones de confinamiento biológico.
El ministerio ha pedido al Seprona y la Generalitat a los Mossos d’Esquadra investigar la posibilidad de una fuga accidental, aunque oficialmente no se descarta ninguna hipótesis, incluida la inicialmente planteada: que los jabalíes ingirieran residuos contaminados, como restos de embutidos de origen extranjero.
La Generalitat, por su parte, inició un expediente informativo. “Ni confirmamos ni descartamos nada”, señaló el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, quien llamó a la prudencia y a dejar que las investigaciones avancen.
Aunque inhabituales, las fugas de patógenos sí tienen precedentes documentados. En 2004, dos científicos en Pekín se infectaron con el virus SARS tras un fallo de bioseguridad, según reportó la Organización Mundial de la Salud. En 2007, un brote de fiebre aftosa en el Reino Unido se vinculó a filtraciones en un laboratorio de Pirbright.
Y en 2013, un trabajador español contrajo brucelosis tras sufrir un accidente con material biológico. Estos casos, confirmados por autoridades sanitarias, ilustran que los fallos humanos o estructurales pueden ocurrir incluso en centros de alta seguridad.
Alerta máxima en el sector
El temor actual del sector porcino español es claro: que el virus llegue a una granja. De ocurrir, la Unión Europea aplica automáticamente restricciones a las exportaciones, y el impacto económico sería enorme. Por eso, ganaderos insisten en la urgencia de tomar medidas más contundentes, aunque impliquen sacrificios económicos inmediatos.
Pedro Roque, presidente de Asaja Cataluña, fue tajante: “La carne que hay en los 20 kilómetros de radio se puede vender, por tanto los mataderos la tienen que aceptar”.
En los próximos días, las decisiones del Ministerio de Agricultura y las conclusiones de la investigación sobre el origen del virus serán determinantes para definir si España logra controlar el brote sin consecuencias mayores o si se encamina hacia una crisis sanitaria y económica más profunda.
Con información de AFP.
