Hemos sostenido que México atraviesa una coyuntura en la que geopolítica, economía y seguridad dejaron de avanzar de manera aislada. Su convergencia abre oportunidades y revela vulnerabilidades que pueden limitar el desarrollo si no se atienden con visión estratégica. Con la perspectiva que da el tiempo, resulta útil revisar lo que anticipamos en las páginas de Excélsior para comprender mejor los retos del próximo año.
A finales de 2024 advertimos que el mundo dejaba atrás el comercio técnico y entraba a un orden marcado por la presión geopolítica. La victoria de Donald Trump convirtió los aranceles en herramientas de negociación y subrayamos que la competitividad regional exige seguridad, instituciones sólidas y reglas claras.
También planteamos que la desregulación, los incentivos a la inversión y los ajustes en el gasto público podían sostener el dinamismo económico de los Estados Unidos. El tiempo confirmó esa previsión. El mercado de valores alcanzó nuevos máximos y la actividad económica se mantuvo firme, lo que abre una oportunidad para que México fortalezca los sectores con mayor capacidad de integrarse. La coordinación entre gobierno y sector privado será decisiva rumbo a la revisión del T-MEC.
La oportunidad del nearshoring está presente, aunque de manera incompleta. Señalamos que la relocalización productiva exige infraestructura moderna, energía confiable y certidumbre regulatoria. El récord de inversión extranjera lo ratifica pero los datos de las nuevas inversiones se encuentran todavía lejos de su promedio histórico. El capital reinvierte lo que ya opera, pero duda en ampliar su presencia cuando el marco institucional genera incertidumbre. El desafío consiste en convertir los anuncios en plantas, empleos y cadenas de proveeduría.
Desde inicios de 2025 advertimos señales de alerta en inversión, empleo y consumo. Los datos las confirmaron. En los últimos doce meses se generaron apenas veinte mil nuevos puestos formales, o ciento setenta mil si se consideran los trabajadores incorporados en la prueba piloto de plataformas digitales, frente a los trescientos dieciséis mil del periodo previo. Miles de pequeños negocios se dieron de baja del IMSS y el consumo acumuló varios meses de contracción. La caída en la inversión afectó empleo y consumo, frenando el crecimiento. Es un desgaste acumulado que exige cambios de fondo.
A ello se sumó una consolidación fiscal más lenta de lo necesario. Señalamos que un déficit alrededor del cinco por ciento del PIB generaría presiones crecientes. Esa advertencia se confirmó y corresponde ahora dar seguimiento puntual al ejercicio del presupuesto para evitar desviaciones respecto a sus metas.
Otro eje crítico fue la seguridad pública. Indicamos que sin control territorial ni rutas logísticas seguras es imposible sostener competitividad. La reforma judicial amplificó la incertidumbre y la elección masiva de juzgadores generó dudas internas y externas. La certeza jurídica es base de todo proyecto productivo y su debilitamiento frena inversiones.
En este contexto vale reconocer avances recientes en tareas de inteligencia. El desarrollo de análisis regional, la identificación de patrones criminales y la mejora en la coordinación operativa representan un cambio valioso frente a estrategias centradas en presencia territorial. Si se consolida, puede fortalecer la capacidad institucional para recuperar espacios y reducir costos. El desafío será sostenerla frente a resistencias políticas.
La diplomacia empresarial mexicana también mostró avances importantes. Las giras de trabajo, la interlocución con congresistas, la participación en foros internacionales y la presencia constante de organizaciones como Coparmex contribuyeron a mantener abiertos canales de diálogo en un entorno complejo. Este esfuerzo exige coordinación entre gobierno y sector privado.
En este camino resulta esencial fortalecer a la empresa. El país necesita un entorno que impulse la actividad productiva y brinde apoyo real a los pequeños y medianos negocios que sostienen empleo, innovación y vida económica en miles de comunidades. Allí existe un contrapeso frente a los riesgos de deterioro y una fuerza capaz de sostener el crecimiento en un contexto internacional incierto.
Tras revisar lo anticipado y lo ocurrido, el diagnóstico general se confirmó. La fragilidad institucional, la caída de la inversión, la presión geopolítica y la erosión de la certidumbre derivaron en menor dinamismo productivo. Cuando el piso institucional se debilita, la innovación se reduce y el empleo se frena. Recuperar niveles de confianza empresarial es condición esencial para sostener crecimiento y competitividad.
El país cuenta con bases reales para avanzar, desde su talento y vocación industrial hasta su ubicación estratégica y un sector empresarial dispuesto a asumir responsabilidades. Corregir el rumbo implica fortalecer el Estado de Derecho, consolidar la colaboración con el sector privado, modernizar la política energética, impulsar infraestructura, integrar a las PyMEs, profundizar la cooperación con los Estados Unidos y alinear el modelo económico con la nueva lógica geopolítica. Esa es la tarea que debemos asumir para que México pueda crecer con estabilidad y visión de futuro.
