Como última estocada al Poder Judicial, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley Reglamentaria para establecer la improcedencia de cualquier impugnación contra reformas y adiciones a la Constitución Política.
El proyecto de decreto modifica y adiciona diversas disposiciones de dicha ley en las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, el cual permite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conocer y atraer las controversias constitucionales que los Poderes de la Unión presenten, sin embargo, tras esta decisión se verán limitadas sus facultades al ser imposibilitada para promover acciones de inconstitucionalidad.
Luego de casi cuatro horas de discusión, así como desacuerdos y cuestionamientos de los distintos grupos parlamentarios, la reforma fue aprobada de manera semi presencial con 335 votos a favor, 125 en contra y una abstención
Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno, aseguró que la reforma busca proteger los derechos fundamentales del pueblo.
Se da el cabal cumplimiento a la consolidación del nuevo Poder Judicial, sin quebrantar el equilibrio de poderes de nuestro régimen democrático, haciendo que los jueces que estén del lado del pueblo, que sus resoluciones protejan sus derechos fundamentales y preserven equilibrio constitucional sin vicios de intereses perversos, ni por la influencia del clasismo o la discriminación”, subrayó el diputado de Morena al subir a la tribuna.
Por su parte, Arturo Yáñez Cuéllar, del PRI, afirmó que la minuta es un retroceso a lo que ya se había avanzado; “solo hay interés en la concentración del poder y quitárselo a los mexicanos. Se ha logrado imponer jueces, magistrados y ministros para frenar los derechos de las y los mexicanos”.
A su vez, Margarita Zavala, del PAN, comentó que en la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional será la autoridad quien actúe; han centralizado todo, han eliminado las libertades y las conquistas que se han logrado a través del esfuerzo de hombres y mujeres.
En tanto, Ricardo Mejía Berdeja, del PT, subrayó que con estas reformas se acabará la corrupción en el Poder Judicial, ya que no se generarán suspensiones provisionales por frivolidad o por cuestiones económicas, sino se concilian los intereses públicos con los derechos fundamentales de las personas.
Celia Esther Fonseca Galicia, del PVEM, dijo que es falso que se termine con el juicio de amparo, con las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales; “la reforma contribuye a generar certeza jurídica, fortalece la división de poderes y garantiza la supremacía constitucional”.
Mientras que Laura Hernández García, de MC, consideró que la reforma judicial afecta los derechos de poblaciones históricamente vulneradas, como personas de la comunidad LGBTTTIQ+, pueblos afrodescendientes, mujeres y personas con discapacidad.
Luego de ser aprobado el dictamen, fue reenviada al Senado de la República con correcciones.
