México. Morena en el Congreso de la Ciudad de México acusó al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de operar y contratar grupos de choque y porros, a quienes les habría ofrecido un pago de 10 mil pesos para generar violencia durante la marcha de la generación Z el pasado 15 de noviembre.
En conferencia de prensa, relató que hubo una reunión encabezada por Moreno, quien comisionó como responsables políticos a los diputados federales Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla e Israel Betanzos para organizar a los grupos. Ellos, a su vez, se acercaron a Ángel Gutiérrez, El Faria, presidente del PRI en la Gustavo A. Madero, y un liderazgo conocido como Chico Baby, quienes movilizaron a la Organización de Estudiantes Técnicos (Odet); al Frente Juvenil Revolucionario del tricolor conocido como Los 300, así como a grupos porriles que operan en vocacionales del Instituto Politécnico Nacional, facultades, preparatorias y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio de Bachilleres y Cetis, sostuvo el vocero de los diputados de Morena, Paulo García, quien comentó que la intención de Moreno era reunir a 400, “pero ni eso lograron, llegaron a 100”.
Junto a la coordinadora de su bancada, Xóchitl Bravo, dijo que dicha información es producto de testimonios de simpatizantes y militantes priístas que “temen por su seguridad”, por lo que hicieron responsable a Alejandro Moreno de cualquier acto que pudieran sufrir.
“Toda esta mafia, todos estos actores políticos que están intentando crear inestabilidad en esta ciudad, en este país, hoy salen al descubierto, (…). Que toda la gente conozca cómo fue, quiénes son y que su intención económica es con una intención política.
“Que no nos vengan a decir que están preocupados y que piden ayuda a otros países, cuando hoy demostramos que quienes son los principales originarios de la violencia son Acción Nacional y el PRI.”
Los morenistas reiteraron que los próximos días se integrará una comisión especial de investigación exhaustiva sobre estos grupos de choque “que atentan contra el derecho constitucional a la manifestación pacífica y ponen en riesgo la integridad de la ciudadanía”.
Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, María Dolores González Saravia, informó que hay 10 quejas por presuntas detenciones arbitrarias y de falta de acceso a la salud durante la marcha de la generación Z. Agregó que hay algunas denuncias de comunicadores y periodistas independientes, “pero la gran mayoría fueron personas detenidas, muchas están en libertad en este momento, y otras en libertad bajo proceso”.
Ante legisladores, indicó que se emitirá una recomendación para resarcir a las víctimas. Durante la marcha de la generación Z, la comisión desplegó a 18 personas con el propósito de documentar e inhibir violaciones a los derechos humanos. La acción continuará en la ciudad, donde ocurren, en promedio, 10 manifestaciones al día.
