Una oferta de dos millones de pesos fue el incentivo inicial que habría lanzado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para quien aceptara “aventarse el tiro” de asesinar a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) revelan que, desde semanas antes del ataque, el grupo criminal comenzó a reclutar jóvenes vulnerables y con adicciones, para integrarlos a un plan que llevaría a la muerte del edil.
¿Cómo dio inicio el plan para asesinar a Carlos Manzo?
El primer eslabón identificado fue Ramiro ‘N’, uno de los dos cuerpos hallados el 10 de noviembre en la carretera Uruapan–Paracho.
A él se le atribuye haber organizado el reclutamiento siguiendo criterios estrictos: los candidatos debían ser jóvenes y consumidores de drogas, condición que les facilitaba ejercer control sobre ellos.
Entre los reclutados estaban Víctor Manuel, de 17 años, y Josué, de 16. Ambos fueron entrenados en el manejo de armas en Tiamba, una zona de influencia del CJNG.
La madre de Josué relató a las autoridades que su hijo sufría de adicciones severas y había sido internado en el centro de rehabilitación Renaciendo Uruapan, donde conoció a Víctor Manuel, quien había dejado sus estudios de bachillerato.
En paralelo, la historia de Ramiro se entretejía con necesidad económica y presión criminal. Tras perder su empleo en una fábrica de perfumes, conoció a ‘El Combo’ o ‘King Kong’, quien lo integró al CJNG con pagos de 4 mil pesos.
“Voy a trabajar para las cuatro letras”, le dijo a su esposa. Meses después, ya bajo órdenes de un operador llamado El Licenciado, Ramiro comenzó a mostrar signos de miedo: cambió su apariencia, evitó salir de casa y hablaba de órdenes ineludibles.
El 6 de noviembre recibió una llamada final de Jorge Alejandro, presunto operador del CJNG en Michoacán y Guanajuato. Le ordenó trasladarse a un rancho en La Basilia.
Antes de abordar el taxi enviado por el mismo grupo criminal, le dijo a su esposa: “No quiero ir, pero tengo que cumplir con la orden”. Cuatro días después, su cuerpo apareció junto al de Josué. Dentro de una maleta, Ramiro dejó a su esposa una carta que resultó crucial para la investigación.
En ella confesó trabajar para El Licenciado, pidió perdón y advirtió que su muerte sería un intento por “silenciarlo”. También recomendó no declarar en Uruapan, pues “El Licenciado tiene comprada a toda la fiscalía”.
Ese mensaje abrió el camino para identificar y localizar al presunto operador. El 18 de noviembre, agentes de la FGE lo detuvieron en Morelia tras un seguimiento por cámaras. . En un primer momento, se negó a identificarse, pero después, ante la insistencia, contestó siguiente:
“Ya sé para dónde va todo esto, para qué tanto pe… yo soy El Licenciado, déjense de mam… tengo mil varos. Si quieren más, llévenme a la casa y les doy más”.
Según el MP, el último ofrecimiento a los policías fue de diez mil dólares, pero fue rechazado. Fue arrestado por cohecho, portación de arma y delitos contra la salud; después se cumplimentaron órdenes por homicidio calificado.
¿Qué ocurrió el día del asesinato de Carlos Manzo?
Mensajes recuperados de dispositivos decomisados revelan que el ataque se planificó con ayuda de un infiltrado en el círculo del alcalde.
“Ya estamos listos para partirle su mad.. como quiere el patrón”, dijo un participante de un chat localizado. “No importa que traiga niño, así hay que darle piso”, les ordenó presuntamente El Licenciado.
Cuando el alcalde Manzo salió de su casa el 1 de noviembre, los agresores ya estaban listos. Víctor Manuel fue quien disparó seis veces contra él; después murió de un tiro en la nuca, presuntamente a manos de Demetrio, policía de la escolta, según dictámenes balísticos.
La investigación llevó a la detención de siete policías, incluido el exdirector de Seguridad Pública de Uruapan, por presunta omisión al no proteger al alcalde pese a antecedentes de amenazas.
En la declaración de Alejandro ‘F’, quien presumió ser uno de los escoltas más cercanos de Manzo, recordó que este le confesó tener amenazas tras la detención de El Rhino, presunto jefe de plaza del CJNG.
El próximo 26 de noviembre, el juez de control Luis Fernando Díaz Parra definirá la situación jurídica de los implicados, quienes permanecen recluidos en Mil Cumbres y en El Altiplano.
