Los proyectos de sentencia son adversos a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, pues declaran improcedentes sus recursos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá este jueves, en definitiva, los últimos recursos de Grupo Elektra y TV Azteca para impugnar siete créditos fiscales cuyo monto original asciende a 33 mil 477 millones de pesos.
La Corte incluyó el viernes pasado en su lista de sesión todos los asuntos que tiene pendientes de Elektra y TV Azteca, incluidos amparos directos en revisión, recursos de reclamación de la Secretaría de Hacienda e impedimentos contra algunas ministras.
En todos los casos, los proyectos de sentencia son adversos a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, pues declaran improcedentes sus recursos.
Es decir, serán desechados, ya que ni siquiera se estudian sus argumentos de fondo.
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Lo anterior, porque dichos recursos no plantean temas novedosos o de interés excepcional sobre constitucionalidad de leyes fiscales, únicos sobre los cuales podría pronunciarse la Corte, pues la legalidad de las resoluciones del SAT ya fue confirmada por tribunales colegiados.
En un comunicado difundido el domingo, Grupo Salinas acusó que la Corte actuará por la “campaña sistemática” orquestada por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Además, señaló a Ministros y Ministras electos por estar “doblegados a la presión política y sumisos a los intereses de sus verdaderos jefes en el Poder Ejecutivo”.
Tras adelantar que acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), reiteró su disposición a pagar “lo correcto”, pero no los dobles cobros que pretende el SAT.El pasado 16 de octubre, Salinas planteó a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) actualizar una propuesta negociada en el sexenio pasado con dos escenarios de pago para saldar todas sus deudas fiscales, uno por 5 mil 691 millones de pesos y otro por 8 mil 964 millones de pesos.
Sin embargo, la PFF anunció que no respondería esa carta, por considerarla una táctica más para dilatar el litigio, ya que la respuesta sería un nuevo acto de autoridad que llevaría a más amparos.Una vez desechados los recursos, el SAT no tendrá obstáculo para ejecutar el cobro de las deudas si no son pagadas voluntariamente.
