Las autoridades de Guatemala entregaron a El Salvador a dos pandilleros “altamente peligrosos” de la Mara Salvatrucha que habían sido expulsados de México, informó el viernes la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca. La transferencia se realizó “la noche del jueves en un paso fronterizo” horas después de haber sido “expulsados” por autoridades mexicanas, dijo el vocero policial Edwin Monroy.
Uno de los detenidos fue identificado como Nelson Ramos, de 45 años, alias Mamachana, condenado en 2003 a 18 años de prisión por “asesinato, extorsión, tráfico de drogas y robo agravado”, según la versión oficial. El segundo, Henry Aguilar, de 26, alias White, “era buscado en su país por el delito de ‘agrupaciones ilícitas’”, añadió Monroy.
De acuerdo con la explicación oficial, “cientos de pandilleros” huyeron de El Salvador desde que el presidente Nayib Bukele inició una “guerra” contra esos grupos bajo un régimen de excepción aprobado en 2022, una política ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos por permitir detenciones sin orden judicial. El gobierno salvadoreño sostiene que la ofensiva redujo los homicidios a mínimos históricos, y que más de 85 mil personas han sido arrestadas desde 2022, de acuerdo con reportes de prensa y datos oficiales recientes. Reuters
Grupos civiles han documentado denuncias de abusos vinculados al gobierno. Un recuento independiente indicó que al menos 241 personas han muerto bajo custodia desde el inicio de la campaña, en medio de señalamientos de torturas y falta de atención médica, mientras el Ejecutivo mantiene altos niveles de aprobación por la caída de la violencia letal.
En informes recientes, organizaciones internacionales han señalado que la política de “primero detener, luego investigar” ha derivado en arrestos arbitrarios y presiones internas a agentes para cumplir cuotas, además de restricciones a la prensa y a la labor de ONG, lo que ha elevado la preocupación por el estado de derecho.
La entrega de Ramos y Aguilar se enmarca en una cooperación operativa que incluye expulsiones desde México y traslados en frontera con Guatemala para que los reclamados por la justicia salvadoreña sean puestos a disposición de las autoridades. Casos previos en la región han seguido patrones similares con apoyo de fuerzas federales mexicanas y centroamericanas, según antecedentes de prensa.
El gobierno salvadoreño defiende que el régimen de excepción —renovado de forma sostenida desde marzo de 2022— es indispensable para sostener la baja de homicidios y desarticular estructuras de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Organismos internacionales han pedido mayor transparencia procesal, acceso a defensa y mecanismos de rendición de cuentas en las detenciones masivas.
Estados Unidos, por su parte, ha escalado sus acciones contra pandillas transnacionales. Washington reconoce a la MS-13 como una organización criminal transnacional y ha anunciado sanciones y procesos penales; más recientemente, designó a facciones de Barrio 18 como organización terrorista extranjera, en un giro que endurece el marco legal para persecución y sanciones. Amnesty International
