¿Por qué Bélgica podría convertirse en el ‘narcoestado’ de Europa?

En 1995, Bélgica y Países Bajos exhibían niveles de prosperidad casi idénticos, con un PIB per cápita cercano a los 29 mil dólares. Treinta años después, Países Bajos se ha consolidado como uno de los países más ricos y estables de Europa, mientras que Bélgica afronta un panorama crítico.

Un importante fiscal belga llegó a advertir recientemente que el país está a punto de convertirse en un “narcoestado”, en medio de déficits difíciles de controlar, una deuda pública disparada (107% del PIB) y una inestabilidad política interna casi sin parangón en Europa. La afirmación, aunque pueda sonar exagerada, resume las décadas de problemas acumulados en Bélgica.

Sus vecinos —como Francia, que tampoco “no canta mal las rancheras”— incluso suelen bromear con el caótico estado belga, calificándolo de “desastre” en materia de política, organización o mantenimiento de infraestructuras. Ahora, a esos problemas se suma el auge del crimen organizado, que prospera al calor de las deficiencias estatales. Bandas criminales han encontrado en Bélgica el caldo de cultivo perfecto para expandir sus actividades ilegales en medio de una economía sumergida al alza y crecientes desigualdades sociales.

Bélgica corre el riesgo de convertirse en un ‘narcoestado’, ya que el crimen organizado se ha infiltrado en los puertos, la policía e incluso el poder judicial. Así lo advirtió un juez de instrucción de Amberes, quien pasó meses viviendo bajo protección por las amenazas recibidas.

“Lo que ocurre hoy en nuestra jurisdicción y más allá ya no es un problema de delincuencia común. Nos enfrentamos a una amenaza organizada que socava nuestras instituciones”, escribió este magistrado en una carta abierta publicada en la web de los tribunales belgas.

Sus palabras, recogidas por Financial Times, han encendido las alarmas sobre el poder creciente de las redes mafiosas en el corazón de Europa.

Deuda pública y parálisis política

Más allá del narcotráfico, Bélgica enfrenta desde hace años serios desequilibrios económicos y políticos que han minado la efectividad del Estado. El portal Politico sintetizó esta situación: “Los tiroteos, la deuda y la parálisis política demuestran que Bruselas se está desmoronando”. La capital belga, sede de las principales instituciones de la UE, padece especialmente la conjunción de endeudamiento público y bloqueo político. El país en su conjunto arrastra una deuda elevada que, según proyecciones, podría superar el 120% del PIB antes de 2030, y Bruselas soporta una carga proporcional aún mayor.

El prolongado estancamiento en la formación de gobiernos eficaces agrava la situación: el actual Ejecutivo federal tardó 236 días en formarse y aún opera con una coalición heterogénea e inestable —de conservadores, liberales y nacionalistas liderados por Bart De Wever—. La ausencia de presupuestos aprobados en plazo y la fragmentación administrativa (varios niveles de gobierno, cuerpos policiales y sistemas educativos solapados) han desembocado en un clima de parálisis institucional.

La intrincada estructura política de Bélgica alberga un sistema de gobierno de múltiples niveles, cada uno con sus propias competencias y a menudo plagado de luchas internas… No solo la coordinación de la lucha contra el crimen en Bruselas se ha visto comprometida por el caos político.

La construcción de viviendas sociales y grandes proyectos de infraestructura también corre el riesgo de retrasarse. Las subvenciones —como las destinadas a organizaciones benéficas, ONG y proyectos culturales— están congeladas. La financiación de los centros de bienestar social, la policía y las administraciones locales está envuelta en la incertidumbre. La deuda pública se acumula casi tan rápido como las bolsas de basura en las calles sucias”, describía Politico.. Este retrato apunta a fallos de coordinación y recursos que impactan directamente en la capacidad del Estado para hacer frente al crimen organizado.

La debilidad fiscal completa el cuadro. Un informe de la firma de inversión Natixis advertía que el panorama de las finanzas públicas belgas es preocupante.

“Se espera que el déficit público se deteriore en 2025, superando el 5%. Sin la adopción de medidas correctoras a tiempo, se prevé que se mantenga en torno a ese nivel y que incluso pueda superar el 6% de aquí a 2029, según la trayectoria a largo plazo. Nuestras simulaciones indican un aumento de la deuda pública de aquí a 2030, dado que el déficit que permitiría estabilizarla se sitúa alrededor del 3,3%, lo que coloca a Bélgica en una situación muy similar a la de Francia, con elevados déficits y un alto nivel de endeudamiento público”, señala el informe.

En otras palabras, Bélgica corre el riesgo de entrar en una senda insostenible de deuda, una vulnerabilidad económica que ocurre en medio de un caos policial y de violencia creciente que está llevando al límite a esta hasta hace poco próspera sociedad.

Infiltración criminal y violencia en auge

La criminalidad organizada ha florecido aprovechando los agujeros del sistema. Amberes, la mayor ciudad de Flandes —la región neerlandesa—, se ha convertido en uno de los puntos críticos del narcotráfico en Europa. Su puerto, el segundo más grande del continente, es hoy una puerta de entrada clave para la cocaína sudamericana hacia la UE.

Solo en 2023 se incautó la cifra récord de 116 toneladas de cocaína, convirtiendo a Amberes en la capital europea de este contrabando. Las autoridades belgas llevan años librando una batalla en sus muelles contra las redes globales de la droga: grupos criminales locales y extranjeros —incluidos cárteles latinoamericanos que envían cargamentos desde origen— se disputan esta ruta lucrativa.

Esas organizaciones han logrado infiltrarse en el puerto sobornando o coaccionando a trabajadores portuarios y funcionarios aduaneros para facilitar el movimiento de contenedores con droga. Según el juez de Amberes, las redes mafiosas compran la cooperación de empleados: mover un solo contenedor puede redituar 100 mil euros de soborno, y trasladar una simple bolsa deportiva con cocaína hasta 50 mil euros, cifras tentadoras que explican la permeabilidad institucional.

“El soborno está permeando nuestras instituciones desde sus cimientos”, afirmó el magistrado en su carta, revelando que sus investigaciones llevaron a la detención de empleados portuarios, agentes de aduanas, policías e incluso personal judicial involucrados. Los efectos de esta infiltración se sienten más allá del puerto. Para mantener su poder y eliminar a competidores, las bandas de narcotraficantes recurren habitualmente a la violencia extrema

“Extensas estructuras mafiosas se han afianzado, convirtiéndose en una fuerza paralela que desafía no solo a la policía, sino también al poder judicial”, advirtió el juez de Amberes bajo anonimato, tras cuatro meses viviendo en una casa segura debido a las amenazas de muerte.

Las calles de ciudades belgas, especialmente Amberes y ciertos barrios de Bruselas, han visto un incremento de tiroteos, explosiones con granadas y ataques incendiarios ligados a estas disputas del narco.

En lo que va de año, la policía ha vinculado al narcotráfico unos 80 incidentes violentos en Bruselas, incluidos tiroteos con fusiles de asalto en plena vía pública. En Amberes, barrios cercanos al puerto como Borgerhout o Deurne sufren desde hace años explosiones nocturnas en viviendas, vinculadas al potente negocio de la droga gestado en los muelles. La sensación de inseguridad ha ido en aumento entre la población: muchos vecinos temen por el futuro de sus comunidades si la situación no se controla, con algunos considerando irse tras el último estallido de violencia.

Las amenazas de la mafia alcanzan incluso a las más altas esferas. La justicia belga acusa una presión inédita.

“Las consecuencias son graves: ¿estamos evolucionando hacia un narcoestado?… Según nuestro comisionado antidrogas, esta evolución ya ha comenzado. Mis colegas y yo compartimos esta preocupación”, lanzó el juez en su misiva, resumiendo el temor de muchos en su gremio. “Un narcoestado se caracteriza por una economía ilegal, corrupción y violencia”, recordó, tres elementos que lamentablemente ya están presentes en Bélgica.

Varios magistrados de instrucción trabajan bajo protección permanente; algunos han tenido que esconderse durante meses por amenazas tangibles a su vida. Incluso un exministro de Justicia, Vincent Van Quickenborne, tuvo que refugiarse junto a su familia en 2022 tras descubrirse un plan para secuestrarlo orquestado por narcos, en un caso que estremeció al país.

La Federación de Magistrados ha instado al Gobierno a tomar medidas urgentes para reforzar la seguridad, la anonimización de datos personales de funcionarios y la instalación de bloqueadores de señal en las prisiones –desde donde algunos cabecillas continúan dando órdenes–, tal como solicitó el juez de Amberes en su carta.

Bajadas de calificación y futuro incierto

Con todo, el futuro de Bélgica se vislumbra complicado. Aunque la reciente exposición pública del problema podría impulsar una respuesta y quizá contener la ola de violencia y corrupción, los problemas fiscales y políticos parecen haberse enquistado. Los analistas de Natixis alertan que Bélgica debe prepararse para posibles bajadas de calificación crediticia (rating) en los próximos meses o años.

Una rebaja en la nota soberana no haría más que aumentar la desconfianza de los inversores y provocar una huida de capitales, encareciendo aún más la financiación del país. Además, al ser la belga una economía más pequeña que la francesa o la italiana, existe el temor de que en una crisis no genere la misma urgencia de rescate por parte del Banco Central Europeo, que en el pasado desplegó escudos financieros para naciones mayores.

Las recientes iniciativas oficiales, como el nombramiento de un Comisionado Antidroga y la propuesta de una “alianza europea de puertos” para mejorar la seguridad en puntos de entrada de mercancías, apenas empiezan a ser evaluadas en eficacia. Pero muchos advierten que hace falta mucho más.

“No pedimos aplausos ni quejas, pedimos un gobierno que proteja sus propios cimientos… La cuestión no es si el Estado de derecho está amenazado –ya lo está–, sino cómo nuestro Estado se defenderá”, escribió el juez de Amberes.