Rubén Moreira, coordinador del PRI, anunció que su bancada votó en contra de la reforma. Foto: Especial El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo, por 345 votos a favor de Morena, PVEM y PT, 131 en contra del PAN, PRI y MC, y tres abstenciones; y continuará con la discusión de 307 reservas al dictamen.
La modificación incorpora el concepto de interés legítimo, que podrá ser de carácter individual o colectivo, sin que sea necesario que la lesión sea “actual” ni que el beneficio derivado del amparo sea “directo”.
En el caso de cobro de contribuciones de créditos fiscales, sólo podrá promoverse el amparo hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate.
Al inicio de la discusión, se presentaron cuatro mociones suspensivas, una del PAN, una del PRI y dos de Movimientos Ciudadano, pero fueron desechadas por Morena y sus aliados en votación a mano alzada.
El diputado Germán Martínez Cázares (PAN) señaló que los legisladores oficialistas afirman que la reforma es para que los “poderosos” no se adueñen de la justicia mediante el amparo, pero los acusó de haber tramitado el amparo más costoso en contra del Fobaproa.
“Esto de los abogados ricos y los abogados poderosos, el amparo más cuantioso en la República fue un amparo promovido en el despacho Arámburu–Saldívar y Asociados, contra el IPAB, el Fobaproa, el robo más grande de México desde la colonia, como decía López Obrador, ese amparo cuantioso lo llevó Zaldívar en su despacho, y era pasante la hija de Loretta Ortiz, que me desmientan, el amparo más caro que ha habido lo lleva quien hizo transitorio, la fórmula Otero, a la fórmula Zaldívar, desvergonzados al carajo, al diablo con su amparo, al diablo con su amparo, vivan los Derechos Humanos”, dijo.
Rubén Moreira, coordinador del PRI, anunció que su bancada votaría en contra de la reforma porque “es inconstitucional y contraviene el artículo primero”, en detrimento de la democracia.
“Votaremos en contra porque es un paso más a la dictadura, a la destrucción del Estado de derecho y libertades, esas que tanto odia ahora el poder. Están demoliendo la democracia mexicana, el sistema de contrapesos y la defensa de los individuos y las colectividades”, dijo.
En su turno, Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, aseguró que las modificaciones propuestas buscan fortalecer el acceso a la justicia, mediante la digitalización de procedimientos, la reducción de cargos procesales y la armonización entre expedientes físicos y electrónicos, para que sirva a “las causas comunes y no solamente a los intereses particulares”.
“Ya no será posible detener facultades esenciales del Estado, con amparos exprés o medidas cautelares que solo benefician a quienes evaden la ley y protegen recursos de origen ilícito”, señaló.
