La Cámara de Diputados recibió este martes dos iniciativas enviadas por la Presidencia de la República, una reforma a la Ley Aduanera y otra a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.
La reforma a la Ley Aduanera busca modernizar los procedimientos mediante tecnología avanzada y nuevos esquemas de control.
Las autoridades podrán celebrar convenios en materia informática y de tecnologías de la información, con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el propósito de que puedan gestionar tecnología y el análisis de datos”, señala el documento.
Además, se otorgan facultades a la Secretaría de Hacienda para que las aduanas utilicen equipos tecnológicos de videograbación o cualquier otro medio o servicio que les permita “mejorar los controles y la vigilancia”.
La iniciativa señala que el objetivo de estos cambios es cerrar brechas que permiten el contrabando, la evasión fiscal y la subvaluación de mercancías, prácticas que generan pérdidas millonarias al erario cada año, destacando que la modernización aduanera también busca agilizar la entrada y salida de mercancías, facilitando el comercio legal sin comprometer la recaudación y la seguridad.
En paralelo, la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación representa un cambio de enfoque en la política arancelaria.
El documento señala que “derivado de lo anterior, se propone establecer aranceles a la importación de diversas mercancías de las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques, vidrio”, siempre que provengan de países con los que México no mantiene tratados de libre comercio, en su mayoría ubicados en Asia.
Actualmente, estos productos enfrentan aranceles de entre 10 y 20 por ciento, mientras que la iniciativa presidencial propone aumentarlos a niveles de entre 35 y hasta 50 por ciento en algunos casos.
La medida busca, además, contrarrestar la competencia de mercancías subvaluadas y proteger a industrias nacionales estratégicas, como la automotriz, textil y siderúrgica, que en los últimos años han denunciado desventajas frente a importaciones de bajo costo.
La exposición de motivos subraya que “resulta necesario aplicar acciones que permitan una interacción equilibrada del mercado para evitar distorsiones económicas que puedan afectar la relocalización de los sectores productivos considerados estratégicos para el país, así como la atracción de nuevas empresas e industrias de alto valor agregado”.
Con ello, el Gobierno federal afirma que busca atraer inversión y fortalecer cadenas productivas sin desplazar la industria local.
Las propuestas fueron turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Economía, Comercio y Competitividad, respectivamente, para su dictamen.
