Fort Bliss revive su oscuro pasado como centro de detención; en la SGM, japones; hoy, migrantes
En El Paso, Texas, un nuevo sitio de detención para inmigrantes en la base militar de Fort Bliss ha avivado recuerdos dolorosos entre la comunidad japo-estadounidense.
Historiadores y descendientes de quienes fueron internados durante la Segunda Guerra Mundial denuncian que esta instalación militar está despertando sombras de un capítulo trágico en la historia de Estados Unidos. Las críticas se centran en el uso del enclave para alojar a personas en procesos migratorios, una estrategia que recuerda a aquellos internamientos injustos que tuvieron lugar en ese mismo lugar décadas atrás.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justifican estas instalaciones como una respuesta necesaria para cerrar la distancia entre arrestos y expulsiones en el marco de la campaña de deportaciones masivas.
Para ello, se ha recurrido al Ejército y a empresas privadas; uno de estos recintos —el Campamento East Montana— se alista como el centro de detención más grande del país, con capacidad para hasta 5 mil personas según reportes. Se espera que, en los próximos meses, se completen las obras necesarias para su funcionamiento total.
Pero grupos que custodian la memoria del internamiento japonés-americano expresan fuerte rechazo. La Japanese American National Museum calificó el sitio como un “repetición inquietante” de acciones gubernamentales del pasado. Liderazgos comunitarios señalan: “Es inconcebible que Estados Unidos nuevamente construya campos de concentración, negando las lecciones aprendidas hace ochenta años”.
La ACLU se sumó a las críticas. “El uso de Fort Bliss para el mayor sitio de detención de inmigrantes del país es cruel y un recordatorio de un legado de detención vergonzosa”, afirmó Sarah Mehta, de la división de igualdad de la organización. También calificó el movimiento como “otro capítulo vergonzoso en la historia de Fort Bliss”.
El pasado del lugar suma complejidad al debate. Durante la Segunda Guerra Mundial, Fort Bliss albergó a decenas de personas consideradas “enemigos extranjeros” —ciudadanos japoneses, alemanes e italianos— en recintos cercados con alambre de púas. Según registros, al menos 113 japoneses estadunidenses fueron detenidos allí antes de ser trasladados a otros centros.
El contraste entre esas experiencias y la actual política migratoria es particularmente hiriente para descendientes de internados. Brian Niiya, historiador de Densho y nieto de uno de aquellos detenidos, recordó que su abuelo fue arrestado la noche del ataque a Pearl Harbor y pasó por seis campos distintos.
“Es importante mirar al pasado para intentar comprender qué está pasando en el presente y cuáles podrían ser los resultados finales”, señaló.
Desde el ámbito legislativo, defensores de derechos humanos también han alertado sobre los riesgos del plan. Una reciente propuesta ubicaría en Fort Bliss el primer gran centro de deportación en base militar, con capacidad de hasta 10 mil personas. La iniciativa forma parte de una estrategia mayor que prevé expandir la infraestructura de detención mediante una red similar en otras bases del país.
Legisladores como la congresista Veronica Escobar alertan sobre sus efectos: “Revitaliza un legado vergonzoso y pone en riesgo la preparación militar, además de comprometer derechos fundamentales”.
Grupos locales y estatales han exigido mayor transparencia, supervisión y respeto a los derechos civiles. El modelo militar de detención plantea desafíos particulares: se teme que limita el acceso legal, dificulta el monitoreo judicial y desvía recursos de defensa hacia tareas de control migratorio.
Académicos como la historiadora Susan Lanzoni afirmaron que este debate no solo implica política migratoria sino también memoria histórica. Lanzoni advirtió sobre la gravedad de ver cómo los principios de empatía y justicia son arrasados por políticas carcelarias militarizadas, especialmente en espacios con una historia dolorosa de miedo y exclusión. San Francisco Chronicle
El contraste entre las acciones del gobierno actual y las disculpas formales del pasado —como las contenidas en la Ley de Libertades Civiles de 1988— también llama a la reflexión. Fort Bliss fue escenario de internamiento injusto; ahora vuelve a servir para encerrar, esta vez sin garantías procesales robustas ni reflexión institucional significativa.
