La liquidación de seis fideicomisos que estuvieron a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó siete mil 507 millones 913 mil 710 pesos a las arcas del gobierno.
En el informe final de la gestión de la ministra presidenta Norma Piña, que sólo duró dos años y ocho meses de los cuatro para los que fue electa, se detalla el proceso por el que el máximo tribunal extinguió los fideicomisos 2125, 80687, 80688, 80689, 80690 y 80691.
Al pasado 2 de abril, los cinco últimos fondos acumulaban seis mil 654.2 millones de pesos que fueron entregados a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Se integraban por remanentes presupuestales, recursos para prestaciones médicas y pensiones complementarias de mandos y personal operativo, así como dinero de la venta de publicaciones, CDs u otros proyectos.
“Finalmente, en sesión ordinaria de fecha 24 de junio de 2025, el H. Comité de Gobierno y Administración tomó conocimiento de la conclusión del proceso de extinción de los fideicomisos”, indica el reporte.
A los más de seis mil 600 millones de pesos se suma el fideicomiso 2125 Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, que fue constituido en Banobras y cuyos 853 millones 913 mil 710 pesos fueron transferidos desde diciembre pasado a la Tesofe.
El pasado 7 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación se destinarían a fortalecer al ISSSTE. Antes, el 17 de enero, planteó que el dinero se utilizara para ampliar el presupuesto del INE destinado a la elección judicial.
- 200 millones de pesos estaban en un fondo por manejo de la venta de publicaciones, CDs y otros proyectos.
- 3,594 millones de pesos acumulaba el fideicomiso para pensiones complementarias de mandos medios y personal operativo.
Fin de fideicomisos da al erario 7 mil 508 mdp
Su desaparición estuvo detenida debido a suspensiones concedidas por jueces federales en juicios de amparo que impugnaron la extinción, ordenada por la reforma al PJF.
Las arcas del gobierno obtuvieron siete mil 507 millones 913 mil 710 pesos con la liquidación de seis fideicomisos que estuvieron a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el informe final de la gestión de la ministra presidenta Norma Piña Hernández, que sólo duró dos años y ocho meses de los cuatro para los que fue electa en enero de 2023, se detalla el proceso por el que el máximo tribunal inició la extinción de los fideicomisos números 2125, 80687, 80688, 80689, 80690 y 80691.
La desaparición de estos fideicomisos había estado detenida debido a suspensiones concedidas por jueces federales en juicios de amparo que impugnaron dicha extinción, ordenada por la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el 27 de octubre de 2023. Sin embargo, tras la reforma constitucional al PJF, cuyo decreto fue publicado el 15 de septiembre de 2024, los juzgadores aplicaron el principio de “supremacía constitucional” y revocaron dichas suspensiones.
De acuerdo con el informe de la ministra presidenta, al 2 de abril pasado el fideicomiso 80687 Remanentes Presupuestales contaba con mil 680 millones de pesos; el 80688 Plan de Prestaciones Médicas sumaba 174.6 millones. También había 200.6 millones en el fideicomiso 80689 Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones, CD’s y Otros Proyectos.
El 80690 Pensiones Complementarias Mandos Medios y Personal Operativo disponía de tres mil 594.2 mdp y el 80691 Pensiones Complementarias a Mandos Superiores, tenía mil 004.8 millones para un total de seis mil 654.2 millones de pesos que fueron entregados a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
“Finalmente, en sesión ordinaria de fecha 24 de junio de 2025, el H. Comité de Gobierno y Administración tomó conocimiento de la conclusión del proceso de extinción de los Fideicomisos 80687, 80688, 80689, 80690 y 80691, suscritos el 8 de mayo de 2025”, indica el reporte.
A los más de seis mil 600 millones de pesos se suman los recursos del fideicomiso 2125 Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, que fue constituido en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
Desde el 10 de diciembre de 2024, dicho fiduciario reintegró a la Tesofe 853 millones 913 mil 710 pesos, por lo que los recursos obtenidos por el gobierno federal por la extinción de los seis fondos son de siete mil 508 millones.
El pasado 7 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los recursos de los fideicomisos del PJF se destinarían a fortalecer al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
“De los fideicomisos de la Corte, todo o la gran mayoría va a ir para el ISSSTE (…) en vez de que haya privilegios, pues los convertimos en derechos y entonces ahora, el ISSSTE va a tener suficientes recursos para poder dar salarios justos a las y los trabajadores”, dijo en la inauguración de una clínica de especialidades en Hidalgo.
Antes, el 17 de enero, había acusado a los ministros de la Corte de haber aceptado amparos que impedían que los recursos de los fideicomisos fueran integrados a la Tesorería de la Federación.
En ese momento, planteó que el dinero se utilizara para ampliar el presupuesto del INE destinado a la elección judicial.
El próximo martes está prevista la presentación del informe de la ministra presidenta, al igual que los informes de los presidentes de la Primera y de la Segunda Sala de la Corte, Loretta Ortiz y Javier Laynez, respectivamente, en una jornada que cerrará las actividades del máximo tribunal en su actual integración.
Enfrentaron un contexto complejo
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que en sus casi tres años de gestión se enfrentó uno de los contextos más complejos en la historia reciente del órgano autónomo, seguir impartiendo justicia, ante una reforma judicial de gran calado.
“Durante los casi tres años de mi gestión, el máximo tribunal del país enfrentó uno de los contextos más complejos de su historia reciente.
A la responsabilidad cotidiana de impartir justicia con independencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia, se sumó el desafío de una reforma de gran calado que transformó profundamente al Poder Judicial de la Federación”, indicó Piña Hernández, en su Informe de Gestión.
En el documento destacó que se trató de un periodo marcado por desafíos inéditos y decisiones que han puesto a prueba la independencia judicial, buscando garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales, incluso bajo presiones políticas e institucionales.
