En medio de una acalorada discusión sobre la elaboración del proyecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las reformas a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que se permite a los concesionarios conservar la información de los usuarios de telefonía, como metadata, llamadas y geolocalización, hasta por dos años.
La misma reforma permite a las empresas proveedoras del servicio entregar esa información a las instancias de seguridad y procuración de justicia cuando así lo requieran, y sin orden judicial para casos de emergencia en los que la vida de una persona esté en peligro.
En la sesión de este martes se aprobó el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, sobre el amparo en revisión 193/2026, promovido por una particular en contra de las obligaciones de conservar y entregar datos de comunicaciones, bloquear señales y permitir la geolocalización en tiempo real.
La quejosa consideró que estas medidas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio de 2025, son violatorias de los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales.
En su proyecto, la ministra ponente, Ríos González, planteó que la ley mantiene vínculos con tareas de seguridad pública y procuración de justicia, pero manteniendo los sistemas de control destinados a proteger la información de los usuarios.
“La disposición impugnada no obliga a las personas usuarias a generar, conservar, transmitir o entregar información a las autoridades. Por el contrario, regula el actuar de los concesionarios y autorizados dentro del ámbito de la actividad económica que desarrollan y bajo las condiciones establecidas por la ley, circunstancia que constituye un elemento adicional que debe considerarse al examinar su compatibilidad con los derechos a la privacidad y protección de datos personales”.
Discusión
Durante la sesión, ministros le pidieron a la ministra ponente precisar lo establecido en el Código Penal Federal (CPF), en relación con permitir la intervención de las autoridades mediante autorización judicial, ya que en su proyecto lo dejó abierto a “lo que establezcan las leyes”.
“En todo caso, el acceso a la geolocalización en tiempo real de equipos terminales deberá ajustarse a lo que dispone el primer párrafo del artículo 16 constitucional, y en los términos que establezcan las leyes”, se indicó en el párrafo a discusión.
Esto motivó el malestar de la ministra Ríos González, quien reclamó lo que consideró una falta de respeto a su trabajo y discutió con el ministro presidente, Hugo Aguilar.
“Yo sí pido, y lo pido como ministra, que se respete mi decisión, porque lo otro es no respetar mi manera de hacer las cosas. Y creo que ustedes no me pueden obligar a hacerlo, si no les convence, está bien; pero obligar a hacerlo como ustedes, como algunos quieren, me parece que es una falta de respeto a mi posición de ministra, porque entonces, pues si la mayoría no decide, está bien, pero no me parece pertinente que quieran obligarme, porque se llega a la misma conclusión”, reclamó Ríos González.
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“No se trata de falta de respeto, ministra, no, no; la mayoría tiene un criterio y lo que estamos buscando es que el proyecto tenga el criterio de la mayoría, y si uno sostiene su criterio hace voto concurrente o voto particular, y es con el mayor de los respetos”, argumentó el ministro presidente.
“No, no, no estamos, ministro; sí hay una posición de que se impone la decisión de que se haga un método interpretativo en determinado sentido, y no es la primera vez que se hace valer ese argumento y se hace valer en contra de mis posiciones. Entonces no es que sea así, yo lo que estoy pidiendo es un respeto”, reviró la ministra Ríos, en el momento más alto de la discusión.


