El oficial del ICE acusado de atropellar deliberadamente al mexicano Miguel Parra Hernández se entregó a un tribunal de Texas en Houston que le otorgó la libertad bajo fianza.
Mario Alberto Morales está acusado por un gran jurado del condado de Harris de un cargo de delito grave de segundo grado de asalto agravado con un arma mortal. Esa arma es el vehículo del ICE que conducía el 10 de octubre cuando envistió a Parra.
De acuerdo con el gran jurado y con testimonios y videos, Morales dirigió intencionalmente su camioneta sin marcar contra el trabajador de la construcción mexicano de 48 años y le pasó el vehículo por encima de ambas piernas.
Luego de que Morales se entregó este lunes, el juez Matthew Peneguy fijó la fianza de Morales en 30 mil dólares y ordenaron que no tuviera contacto con víctimas o testigos. La fiscalía había pedido una fianza de 75 mil dólares.
El agente del ICE enfrenta una potencial sentencia de hasta 20 años de prisión si es encontrado culpable, informó el fiscal del condado Harris, Sean Teare.
Mario Alberto “El Bam” Morales fue pastor religioso y exoficial de policía antes de integrarse al ICE en agosto del año pasado, tiene 33 años de edad.
Los cargos por agresión agravada con arma mortal, tipifican como delito grave de segundo grado en Texas. La única diferencia entre la agresión agravada con arma mortal y el intento de homicidio radica en que el oficial tuviera la intención de matar al migrante mexicano. Los videos muestran que trató de dejarlo quizás lisiado.
El fiscal Teare dijo antes en conferencia de prensa que el oficial apodado “El Bam” condujo por vecindarios de Houston en busca de algún migrante a quién agredir, hasta que se encontró con Parra Hernández.
Trump acusa a miles de inmigrantes de fraude electoral
Días atrás se dio a conocer que la administración del presidente Donald Trump diseña la idea de que miles de inmigrantes que residen legalmente en el país, pero que todavía no son ciudadanos estadunidenses, y por lo tanto no tienen derecho a votar, habrían cometido decenas de miles de fraudes electorales sin que nunca antes nadie lo hubiera notado.
El Departamento de Justicia demandó a California y al condado de Los Ángeles para exigir que las autoridades electorales impidan que voten 20 mil personas, que ese departamento asegura que no son ciudadanos, cometieron delitos, como registrarse como electores, o intentarían votar en las elecciones del martes.
Además, el departamento envió cartas con listas de nombres de sospechosos de ser delincuentes electorales a cada uno de los 52 condados de California para exigir que se verifique si son ciudadanos estadunidenses.
A días de las elecciones, los funcionarios de los condados se han visto presionados para cumplir la orden de la administración Trump mientras cuidan que avance sin problemas la votación adelantada y la que llega por correo.
Un juez rechazó la demanda de la administración Trump, que no esclareció en qué basaba sus sospechas sobre los electores, porque atenta contra el derecho a votar de esos “sospechosos”.
El magistrado apenas había anulado esa campaña de la administración, cuando el Departamento de Justicia ya advertía por separado a empleados del registro electoral de Los Ángeles que si dejan de verificar elegibilidad de miles de electores, pueden enfrentar “extensas investigaciones y potenciales acciones legales” en su contra.
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La campaña del Departamento de Justicia abarca varios estados, pero parece enfocarse principalmente en California, con un electorado mayoritariamente demócrata.
La administración se ha referido desde hace semanas a cantidades impresionantes de presuntos o posibles delincuentes electorales, por lo general decenas de miles de personas en varios estados, cuyo número contrasta radicalmente con los fraudes electivamente encontrados antes de esta campaña de acusaciones de 2026.
