Como parte de una investigación por parte de agentes del Departamento de Seguridad Nacional, una pareja de mexicanos fue extraditada a Estados Unidos esta semana, tras ser acusada formalmente ante un tribunal federal de San Antonio por presuntamente operar una estafa de reventa de tiempos compartidos; así lo anunció el fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas.
Según los documentos judiciales, Christian Felipe Rodríguez Peraza —también conocido como José Mario Ochoa Rodríguez—, originario de Mazatlán, Sinaloa, México, y su esposa, Brenda Tamayo Corona —alias Jazmín Oliva Chacón—, junto con otros dos implicados, presuntamente conspiraron para defraudar a ciudadanos estadounidenses propietarios de tiempos compartidos en la costa del Pacífico de México.
Los autores del fraude engañaban a los propietarios afirmando que sus propiedades ya se habían vendido, pero que los fondos de la venta solo podrían cobrarse si las víctimas pagaban por adelantado diversas tasas e impuestos. Para ello, los estafadores se hacían pasar por funcionarios gubernamentales de Estados Unidos y México, y utilizaban las identidades de abogados estadounidenses reales para dar credibilidad a sus afirmaciones.
La acusación sostiene que Rodríguez, a través de sus cómplices, lavó el dinero de las víctimas mediante entidades y cuentas bancarias radicadas en Estados Unidos. Asimismo, la acusación señala que el grupo, liderado por Rodríguez, robó más de 40 millones de dólares a los propietarios de tiempos compartidos.
Rodríguez y Tamayo fueron detenidos en Francia a principios de este año y extraditados a Estados Unidos esta semana. Ambos comparecieron por primera vez ante el tribunal el martes, ante la jueza magistrada Kelly Stephenson, en San Antonio. De ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión federal por el cargo de fraude electrónico y a otros 20 años por el cargo de conspiración para el blanqueo de capitales.
El tercer cargo, conspiración para realizar transacciones monetarias, conlleva una pena de hasta 10 años de prisión. Un juez de distrito federal determinará la sentencia.
“Muchas de las víctimas de edad avanzada en este caso enviaron todo el dinero que tenían, e incluso más, basándose en las mentiras que les contó este grupo de estafadores”, declaró el fiscal federal Simmons. “Este Departamento de Justicia está firmemente comprometido a erradicar el fraude en todas sus formas, especialmente aquel cometido contra ciudadanos estadounidenses por organizaciones criminales transnacionales como esta. El largo brazo de la justicia estadounidense seguirá alcanzando a quienes pretendan enriquecerse a costa de los ciudadanos de este país”.
