CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Ernesto Ruffo Appel como cabeza de una red millonaria de huachicol, los empresarios Ricardo Thompson Navarro y Ricardo Thompson Ramírez también son señalados como piezas clave en el entramado.

Proceso informó el 20 de julio último que la familia de Ricardo Thompson Navarro se deslindó de las actividades ilícitas que la FGR atribuye a Ruffo Appel, aunque el empresario conformó la base estructural para transportar y almacenar hidrocarburos desde el año 1993 en Ensenada, Baja California, durante la administración del exgobernador panista.

Thompson Navarro es uno de los ocho detenidos por la FGR por presuntamente formar parte de una red de huachicol supuestamente liderada por Ernesto Ruffo Appel, pero según el expediente su rol era más funcional que de mando.

“El imputado no detenta funciones de administración dentro de la estructura criminal, pero se encuentra directamente vinculado a la red empresarial que sirvió como soporte operativo de la organización, particularmente a través de su participación en las personas morales relacionadas corporativamente (socios) con Ingemar, SA de CV, empresa identificada como eje del esquema delictivo, así como en otras entidades vinculadas que, en su conjunto, permitieron estructurar un modelo de operación con unidad de mando y dispersión formal de responsabilidades”, se indica en la orden de captura emitida contra Thompson Navarro y otras 23 personas más, incluido Ruffo Appel.

De acuerdo con los registros públicos consultados por Proceso, en 1993 Ricardo Thompson Navarro fundó la empresa Servicios Portuarios, en Ensenada.

Dicha entidad empresarial es señalada por la FGR de ser una de las dos que aportaron la estructura requerida para que, 30 años después, surgiera Ingemar, SA de CV, en la que Ruffo Appel es uno de los principales accionistas, y que presuntamente traficó ilegalmente millones de litros de combustible durante el sexenio pasado.

Además de dedicarse a la infraestructura portuaria, el objeto de la empresa incluye el “almacenamiento de mercancías incluidas minerales, productos manufacturados y combustible”.

Sus accionistas y fundadores fueron Ricardo Thompson Ramírez, Ricardo Thompson Navarro (socio mayoritario) y María Lizete Guiza Legaspy.

Para el 15 de noviembre de 2018 la empresa amplió su objeto para incluir la prestación de servicios de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, recibirlos en las instalaciones correspondientes conforme a los permisos emitidos por la Secretaría de Energía (Sener); la construcción, instalación, operación y explotación de todo tipo de terminales intermodales de carta (ferroviarios, marítimos o automotores), parques industriales, instalaciones para el autotransporte, bodegas, almacenes, silos y talleres, entre otras particularidades que metieron de lleno a la empresa en el sector de los hidrocarburos.

El documento fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a inicios de 2019.

El 7 de noviembre de 2008, cuando Servicios Portuarios ya tenía más funciones dentro del sector de hidrocarburos, Ricardo Thompson Navarro y Ricardo Thompson Ramírez crearon la empresa Dragados y Puertos, S de RL de CV, también en Ensenada.

El objeto de la sociedad era la construcción de puertos marinas terminales, escolleras, realizar dragados, pilotear y realizar obra civil marítima y portuaria de cualquier clase, gestionar, recibir y operar concesiones por cuenta propia o de terceros para desarrollar infraestructura portuaria; ejecutar contratos de mantenimiento de infraestructura portuaria, entre otros.

Ese objeto fue ampliado en asamblea del 3 de enero de 2024 y, entre otras cosas, incluyó la comercialización, transportación y acopio de productos petrolíferos, gas y derivados del petróleo, así como agregados pétreos, minerales y otras.

En esa asamblea fue designado gerente general de la empresa Ricardo Thompson Navarro, cargo que aún ostenta dentro de la sociedad.

El 27 de julio de 2018 fue designado apoderado legal de ambas empresas José Merino Valdez Cuervo, quien el 9 de agosto de ese mismo año crearía Ingemar, SA de CV, como asociado de ambas empresas, propiedad de los Thompson.

Ingemar es identificada por la FGR como el eje principal del robo de combustible realizado por la red y que en 2025 generó un daño a la hacienda pública calculado en cuatro mil 456 millones 577 mil 425 pesos.

Su consejo de administración quedó conformado por Valdez Cuervo, presidente; Thompson Ramírez, secretario, y Thompson Navarro, como vocal; la comisaria de la sociedad fue Yolanda Navarro Samano.

En asamblea del 12 de octubre de 2018, apenas a unos meses de haber sido creada, Ingemar amplió su objeto social para “prestar servicios de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; recibirlos en puntos de recepción, almacenarlos, conservarlos, prestar el servicio auxiliar de terminal de carga ferroviaria”, entre otras funciones que le permitieron ingresar en el mercado energético la víspera del inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Fue hasta el 19 de noviembre de 2021 que la empresa aumentó su capital fijo de 50 mil a 60 mil pesos y fueron revocados los apoderados y funcionarios del Consejo.

En dicha asamblea extraordinaria ingresó Ernesto Ruffo Appel como accionista, con 30 mil pesos, y el mismo número de acciones y fue nombrado secretario del Consejo de Administración; Valdez Cuervo se quedó con un total de 55 mil 500 acciones y fue designado presidente del Consejo; Dragados y Puertos, con 12 mil 500, y Servicios Portuarios, con 12 mil acciones.

En su solicitud de orden de aprehensión contra Ruffo y los Thompson, la FGR explicó que Servicios Portuarios y Dragados y Puertos contribuyeron a la adquisición de petrolíferos sin contar con el permiso correspondiente emitido por la Secretaría de Energía (Sener).

En diciembre de 2023 el gobierno de López Obrador le concedió un “megapermiso” para importar 500 millones de litros de gasolinas Magna, Premium y Diesel.

En aquel momento los permisos vigentes para dichos combustibles eran de entre 60 millones de litros y 100 millones. Sin embargo, la Sener, entonces encabezada por Miguel Ángel Maciel Torres, otorgó cuatro permisos a Ingemar para la importación de 500 millones de litros de gasolinas, pese a que empresarios del sector advirtieron que ni siquiera tenía la infraestructura para transportar los combustibles.

Los cuatro permisos, otorgados en diciembre de 2023, vencían en diciembre de 2024, antes de que el gobierno federal detectara las irregularidades en los reportes aduanales de Ingemar.

Thompson Navarro se deslindó públicamente y exigió investigar a Ruffo Appel, pues afirmó que en 2021 el exgobernador y José Merino Valdez Cuervo, también accionista, lo despojaron de sus acciones en Ingemar pasando de tener 33% a menos de 1%, pero en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio él continúa apareciendo como socio de dicha empresa con 12 por ciento.

La FGR afirma que Ricardo Thompson Ramírez se colocó en una especie de “ceguera voluntaria” porque su posición como accionista de Servicios Portuarios y Dragados y Puertos que, a su vez, eran accionistas de Ingemar, le daba la obligación “automática e irrenunciable” de vigilar que esta empresa opere de manera correcta.

“Su participación se inscribe dentro de un esquema de coautoría funcional en el contexto de una organización criminal al haber intervenido desde el ámbito corporativo en la estructuración y operación de los instrumentos que hicieron posible la introducción ilegal de hidrocarburos al territorio nacional, así como la consecuente evasión de contribuciones fiscales”, señaló la FGR.

Aunque reconoció que Thompson Navarro no tenía funciones de administración en la red de huachicol, sí sirvió como soporte operativo de la organización vía Servicios Portuarios y Dragados y Puertos.

“Mantiene vínculos directos con las empresas que integran el entramado corporativo, específicamente con Servicios Portuarios, SA de CV, y Dragados y Puertos, SRL de CV, lo que lo posiciona dentro del círculo de control de las personas morales que fueron utilizadas como instrumentos base para la ejecución de las conductas delictivas”, precisó la Fiscalía.