Legisladores de Morena advirtieron desde el pleno del Senado que “la transgresión a la Constitución” en que incurrió la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y otras autoridades de la entidad “es de tal magnitud” que amerita responsabilidades políticas, pero también penales, ya que se configura el delito de traición a la patria.
El hecho de que Campos no asistiera a la reunión de trabajo a la que se le había invitado ayer, y que antes de informar de ello a los órganos de gobierno del Senado lo hubiera hecho público en algunos medios de difusión, provocó un acre debate en esa Cámara del Congreso, que confrontó a morenistas con panistas en medio de reclamos que, en el caso de los blanquiazules, llegaron al insulto y las descalificaciones.
Antes del debate, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, deploró que se hubiera enterado por los medios de comunicación de que la gobernadora declinaba la invitación que se le formuló para explicar la presencia de agentes de la CIA en un operativo contra el narcotráfico, del que el gobierno federal ni siquiera fue enterado.
Se vivieron horas de confusión la mañana de ayer en esa Cámara, ya que cerca de las 10 se recibió la notificación de Campos, dirigida a la secretaria de la mesa directiva del Senado, María Martina Kantún, en la que la mandataria estatal argumentó no poder acudir a la cita porque comprometería información confidencial y afectar el curso de las investigaciones.
Sin embargo, la gobernadora Campos filtró desde antes el documento. “Es muestra de la brutal crisis institucional” en Chihuahua, agregó Mier, quien aclaró que no tuvo comunicación alguna con ella, como lo había asegurado el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina.
Durante más de dos horas, los guindas y los azules se confrontaron. Los primeros reprocharon las versiones contradictorias de Campos y del ex fiscal César Jáuregui Moreno.
Los senadores morenistas Óscar Cantón Zetina, Enrique Inzunza, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Javier Corral, Juan Carlos Loera y Nora Elena Yu Hernández –esta última suplente de Andrea Chávez– consideraron una farsa y “una cobardía” que se pretenda responsabilizar de la presencia de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio al comandante Pedro Ramón Oseguera.
Este último falleció en el accidente automovilístico en el que también perdieron la vida dos agentes estadunidenses. “Ni culpando a los muertos van a evitar toda la responsabilidad que tuvieron los vivos”, advirtió el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
En bloque, los panistas defendieron a la gobernadora Campos. No asistió, declaró el coordinador Ricardo Anaya, porque se pretendía “un linchamiento”. Y, bajo un “razonamiento esquizofrénico”, se le quiere juzgar “por el gravísimo pecado de recibir información de la CIA” que permitió destruir un laboratorio de narcotraficantes.
Sin embargo, a nombre de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Nacional, el senador Cantón Zetina enumeró las graves violaciones a la Constitución, en especial al artículo 117 de la Carta Magna, que establece que las entidades federativas no pueden, en ningún caso, celebrar alianzas con países extranjeros.
“Cualquier actuación de autoridades locales que comprometa la soberanía, invada competencias federales o ponga en riesgo la seguridad nacional debe ser investigada exhaustivamente y, en su caso, dar lugar a las responsabilidades políticas, administrativas o penales conducentes, en estricto apego al estado de derecho.”
Por su parte, el senador Enrique Inzunza advirtió que la creación de la Unidad Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua vulnera el orden constitucional de competencias, porque es una facultad exclusiva de la Fiscalía General de la República (FGR) en materia de delitos federales.
